El lunes 20 de mayo se efectuó en Montevideo la Marcha del Silencio, que este año sobrepasó en magnitud y concentración las 17 anteriores y se reprodujo en la mayor parte de los departamentos del interior: en Carmelo, Colonia (en recordación de Aldo «Chiquito» Perrini), en San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Durazno, Florida, Tacuarembó y […]
El lunes 20 de mayo se efectuó en Montevideo la Marcha del Silencio, que este año sobrepasó en magnitud y concentración las 17 anteriores y se reprodujo en la mayor parte de los departamentos del interior: en Carmelo, Colonia (en recordación de Aldo «Chiquito» Perrini), en San José, Maldonado, Paysandú, Salto, Durazno, Florida, Tacuarembó y Treinta y Tres. En los dos días siguientes, martes 21 y miércoles 22, se realizó en París, en el recinto del Senado del Palais de Luxembourg, un coloquio internacional titulado: » El derecho de saber. URUGUAY: Los desaparecidos durante la dictadura 1973-1985″, con amplia y muy destacada participación.
En Uruguay las manifestaciones desfilaron bajo el lema: «En nuestra patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?». El interrogante apunta inequívocamente a la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que en una decisión condenable (y condenada por la opinión pública) declaró inconstitucional la ley que derogó la impunidad impuesta por la ley de caducidad. Esta decisión tiende a frenar todas las investigaciones pendientes y en curso sobre los crímenes y desapariciones perpetradas por la dictadura. Análogamente, en el coloquio desarrollado en París la decisión adoptada por la Suprema Corte de Uruguay fue objeto de una crítica intensa y fundamentada desde todos los ángulos, particularmente a la luz del derecho internacional y de la salvaguardia de los derechos humanos.
El tema adquirió por ende estatura internacional, con repercusión mundial. A ello se agregó otra circunstancia. El jueves 23 de mayo, en la sede de la UNESCO en París se le entregó un pasaporte que certifica la ciudadanía universal a la jueza uruguaya Mariana Mota, que estuvo presente en el coloquio. Veamos los antecedentes de este hecho.
Existe un proyecto de creación del Pasaporte de Ciudadanía Universal, con el objetivo de promover la libertad mundial de circulación y de instalación de las personas. La iniciativa ha sido sostenida inicialmente por el movimiento Utopía y presentada en una cumbre en Cochabamba, luego en el Foro Social Europeo de Estambul en 2010 y reiterada en el Foro Social Mundial de Dakar en 2011. Con ese fin, está en proceso la construcción de un nuevo organismo internacional denominado Organización de la Ciudadanía Universal (OCU), sostenida principalmente por el Movimiento Utopía, Emmaus Internacional, la Fundación France Libertés-Danielle Mitterrand y el gobierno ecuatoriano. El lanzamiento de esta organización se verificó en la UNESCO el 23 de mayo, con la presencia de Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO; Albert Tévoédjrè, mediador de la República de Benin, el politólogo y economista italiano Riccardo Petrella y un conjunto de artistas y personalidades públicas: Florence Arthaud, Tiken Jah Fakoly, Reza Deghati, Rona Hartner, Oliviero Toscani, Adolfo Kaminsky, entre otros muchos. Pues bien: el primer acto de la novel organización (OCU) fue otorgar el Pasaporte Universal a la jueza Mariana Mota. Está previsto que en el curso del año 2013 sean entregados 100 pasaportes universales, en forma simbólica. La OCU solicitará además oficialmente a la Organización de Naciones Unidas que inscriba en el orden del día de su próxima Asamblea General una propuesta de conferencia internacional sobre la libertad de circulación y de instalación de las personas.
La distinción conferida a la jueza Mariana Mota rubricaba el concepto expresado por el eminente jurisconsulto Luis Joinet en el coloquio del que fue la verdadera alma mater, cuando al dirigirse a ella le expresó: «Usted ha salvado el honor de la magistratura uruguaya». Este fue el instante de máxima emoción del encuentro.
Otra prueba de sus repercusiones es la amplia crónica que le dedicó el diario L’Express de la capital francesa bajo el título: «Movilización en París por los desaparecidos de la dictadura uruguaya». Con el subtítulo «La Suprema Corte señalada con el índice», dice que las decisiones de la Corte fuero calificadas de «ubuescas» en el coloquio, y que las mismas fueron condenadas en las manifestaciones realizadas en Uruguay, ya que la SCJ declaró inconstitucional la ley de 2011 que determinaba la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. Agrega que la jueza Mariana Mota, que llevó a cabo un largo combate para el esclarecimiento de estos crímenes, después de haber ejercido durante siete años en la órbita penal e investigado sobre unos cincuenta casos de violaciones d los DDHH, fue transferida a la órbita civil en febrero por orden de la Suprema Corte. Sobre este punto cita las opiniones vertidas en el coloquio por Louis Joinet, Philippe Texier y la senadora Constanza Moreira. Se detiene en el caso de Macarena Gelman («la niña robada») y en las gestiones de su abuelo, el poeta Juan Gelman. Macarena recordó que el presidente de la Suprema Corte dijo que cuando los procesos judiciales llegaran al ámbito del organismo se iban a encontrar con una muralla. De ahí surgió la decisión colectiva de derribar esa muralla. Se ha invocado al respecto el ejemplo bíblico de la muralla de Jericó.
Los oradores del coloquio expresaron que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad, por ende no prescriptibles. Señalaron asimismo: «Increíblemente, la Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en el caso Gelman, no se le imponen. E incluso pretende que los tratados y convenciones internacionales que Uruguay ha suscrito no pueden ser adaptados al derecho nacional, lo que constituye una aberración jurídica».
El magistrado Louis Joinet, ex miembro del Tribunal de Cassation (equivalente a la Suprema Corte de Justicia), a la vez impulsor de la Convención internacional sobre desapariciones forzadas y ex consejero del presidente François Mitterrand, formuló la siguiente declaración: «La controversia sobre la justicia que tiene lugar en Montevideo sobrepasa las fronteras de Uruguay. Concierne a toda la comunidad internacional. La decisión de su Corte Suprema, que niega la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad que son las desapariciones forzadas y que ordena el traslado de una jueza independiente que se esfuerza, con profesionalismo, en luchar contra los autores de ese drama nacional, constituye un grave precedente, con el riesgo de que se inspiren en el mismo los Estados predatorios prontos a dar vuelta la página para que no sea leída. Pero esto significa olvidar que esta nueva aliada de la ley que es la antropología científica, con los progresos del ADN, contribuye a neutralizar esta organización del olvido al permitir retroceder casi sin límites en el tiempo. Ella facilita en lo sucesivo la posibilidad de encontrar, exhumar, identificar los cuerpos de nuestros desaparecidos para restituirlos a sus allegados. El derecho a tener una tumba se ha vuelto un derecho fundamental».
Sobre este último aspecto insistió el magistrado Philippe Texier en el cierre del evento, al sugerir caminos a seguir en la lucha contra la impunidad, subrayando asimismo que «lo de Uruguay reviste hoy alcance internacional». También lo hizo el profesor de derecho civil Olivier de Frouville, especialista en el tema de las desapariciones forzadas.
El Dr. Oscar López Goldaracena se refirió a las dificultades que se presentan en las causa judiciales ante la actitud de la SCJ de declarar inconstitucional la ley que posibilitaba continuar los procedimientos y reabrir casos archivados por la ley de caducidad, insistiendo en «el imperativo de justicia y reparación, y la búsqueda de los caminos a transitar, en lo jurídico y en lo político, hacia verdad y justicia en todos los casos». En su turno la Dra. Mirtha Guianze, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectuó un recorrido histórico de cómo se fueron presentando las pruebas en los procesos, los cuales fueron fruto de la acción persistente de los denunciantes.
La senadora Constanza Moreira, apoyada en un power-point, enumeró las distintas etapas de la lucha contra la impunidad hasta llegar a la «muralla» de la SCJ, esbozando luego distintas líneas de acción para llegar a la verdad. El Dr. Edmundo Gómez Mango, médico y escritor uruguayo radicado en Francia, en su calidad de psicoanalista analizó los traumas padecidos por los torturados y los familiares de los desaparecidos. Macarena Gelman refirió su peripecia personal de hija de desaparecidos, que recobró su identidad siendo ya mayor, subrayando que los golpistas se negaron a proporcionar dato alguno sobre el lugar donde está sepultada su madre. No podemos olvidar la contribución que aportó a la organización del coloquio en todas sus fases el embajador Omar Mesa, él mismo preso y torturado bajo la dictadura.
En síntesis: la actitud incalificable de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia uruguaya quedó expuesta ante la faz del mundo en estas jornadas, lo mismo que dentro del país, en el curso de las demostraciones multitudinarias en Montevideo y en el interior, demostrativas de que esta causa está profundamente anclada en el corazón del pueblo. Todo ello constituye un aliciente a continuar la lucha sin desmayo, en busca de verdad y justicia, a pesar de la SCJ y su muralla. Se ha dicho con razón que las murallas están para ser derribadas o pasarles por encima.