El mundo conoce el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, el discurso en las Naciones Unidas del presidente más pobre del mundo, los goles de Suárez….los rasgos más bellos de la bella máscara con que se presenta Uruguay. La intención de este artículo es aproximar el lector al modelo productivo […]
El mundo conoce el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana, el discurso en las Naciones Unidas del presidente más pobre del mundo, los goles de Suárez….los rasgos más bellos de la bella máscara con que se presenta Uruguay. La intención de este artículo es aproximar el lector al modelo productivo uruguayo, a sus consecuencias sociales y a la cuestión de los derechos humanos. Apenas son algunos datos que indican, a quien le interese, por dónde explorar y descubrir la cara más fea de la realidad uruguaya, la que oculta su máscara de presentación.
El modelo productivo
En el breve lapso de los últimos diez años, el cultivo de la soja transgénica pasó de ocupar escasas 20.000 hectáreas a más de un millón y medio, casi el 10% de la tierra cultivable del Uruguay. Aunque es el principal producto de exportación, no se le agrega valor alguno: el 95% se envía a granel para ser industrializada en China y Europa. El Ministerio de Economía contabiliza como «exportado» el grano que atraviesa los portones de la Zona Franca de Nueva Palmira: el 80% de la cosecha de soja sale a través de ese enclave extranjero sin pagar impuestos.
Según el Censo Agropecuario, el volumen de agrotóxicos que consume Uruguay se multiplicó casi que por 5 (de unas 4.000 toneladas pasó a casi 19.000); por las mismas razones, la importación de fertilizantes se duplicó (de 243.000 toneladas a 556.000). Las otrora naturales praderas del Plata hoy están bañadas en las sustancias químicas que requiere la soja transgénica. Suman cientos las denuncias por intoxicaciones de personas y contaminación de los ríos y arroyos.
Como el cultivo de la soja no requiere mano de obra, se expulsa de la tierra a sus habitantes: entre el 2000 y el 2011 el número de asalariados rurales sufrió una reducción del 26,5% y la población dedicada a las tareas agrícolas disminuyó en un 43,7%. Como la rentabilidad es mayor si se cultiva en grandes extensiones, la expansión de la soja aceleró el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, grandes. Uruguay va camino a ser un gigantesco y despoblado latifundio.
¿Cómo ha sido posible una transformación tan profunda del campo uruguayo? La expansión de la soja en todo el Cono Sur es el gran negocio de la Monsanto, Cargill y otras corporaciones transnacionales que especulan con la producción de alimentos en el mundo. Se benefician también los llamados pools de siembra, empresas de bandera argentina, cuyo ejemplo paradigmático son «Los Grobo», propiedad de Gustavo Grobocopatel, el «rey de la soja» del MERCOSUR.
Los inversores llegan a estas playas, atraídos por las leyes de inversiones y de zonas francas que les entregan gratuitamente el rico patrimonio nacional, pero también por las promesas y guiños del presidente Mujica. Antes de iniciar su mandato, en un «almuerzo de trabajo» en el Hotel Conrad de Punta del Este, Mujica pidió a los empresarios extranjeros que vinieran al Uruguay y les prometió que gozarían de prerrogativas y nadie los castigaría con impuestos como las detracciones que los exportadores de soja pagan en la Argentina. Cinco años después, al ir a pedir a los capitales finlandeses que vengan por favor a construir otra planta de pasta de celulosa, el presidente Mujica opina públicamente que es un «sacrificio» que hace para crear puestos de trabajo. Sin embargo, las propias cifras de su gobierno demuestran que por cada hectárea que la forestación roba a la ganadería, se expulsa cinco asalariados rurales del campo y se los envía a vegetar en la periferia de Montevideo. En proporción a su población y territorio, gracias a las genuflexiones de sus gobernantes, Uruguay está orgulloso de ser el país de América Latina que recibió la mayor cantidad de inversión extranjera directa, orgullosos de ser una nación dependiente del sube y baja del precio internacional de los «commodities» en la bolsa de Chicago.
El modelo se completa con una Deuda Externa cuyo monto absoluto crece cada día y que determina aspectos esenciales de nuestra vida: los gastos en la educación pública, la construcción de viviendas accesibles al pobre y en la atención de la salud son restringidos para pagar intereses y amortizaciones a los acreedores. No se salda la deuda social pero se «honra» la deuda externa, que nos somete a los vaivenes de la tasa de interés fijada por la Reserva Federal de los EEUU.
Nos hicieron un país deformado por la inversión extranjera y condenado de por vida al pago de la Deuda. No es esta la revolución agraria de José Artigas en 1815, ni la patria socialista por la que murieron tantas y tantos en los años ’70; ni siquiera es el Uruguay Productivo que definieron las bases frenteamplistas antes del 2005. ¿Quién determinó este destino para nuestra patria? ¿Fue algún Congreso del Frente Amplio? No, de ninguna manera. Es obra de Danilo Astori, Tabaré Vázquez y José Mujica, operadores políticos de los capitales transnacionales que transformaron la matriz productiva del Uruguay.
Consecuencias sociales.
En base a los datos del impuesto a la renta recaudado por Impositiva, el Instituto de Economía de la Universidad de la República logró determinar que el 1% de los uruguayos más ricos, unas 23.000 personas, se apropian de la misma parte del ingreso nacional que el 50% más pobre, alrededor de 1.150.000 personas. Ese dato se completa con la noticia de que, en estos meses del 2014, las ganancias de los bancos privados han sido las mayores de los últimos cuatro años. También creció la rentabilidad de los negocios de exportación e importación, del «agronegocio», de la producción de carne vacuna y ovina, la especulación inmobiliaria, el transporte de carga y el turismo. El crecimiento de la economía uruguaya, su desarrollo y el modelo agroexportador, están administrados para enriquecer aún más a los más ricos. A pesar de la imagen de redistribución que vende el gobierno, en estos diez años la concentración del ingreso nacional ha sido la más regresiva e injusta de los últimos cien años.
Esa regresión ha producido un agravamiento de la injusticia social. Veamos un par de datos que convalidan esa afirmación: la Universidad de la República puso en conocimiento del público que la cifra real de niños menores de 6 años que nacían pobres era del 49,2%, casi el doble del 27,3% que contabilizaban los organismos gubernamentales. En los mismos días la prensa se enteró que más de 100.000 jóvenes «ni trabaja ni estudia», hecho que las estadísticas oficiales pretendían ignorar. Por otra parte, a pesar de los consejos de salarios y de la protección sindical, la mitad de los asalariados se mantiene por debajo de los 16.000 pesos. Al definir la pobreza por una «línea» de ingresos monetarios, que en julio de 2014 se fijó en 9.800 pesos, para el gobierno no son pobres estos asalariados, sin embargo, sus ingresos que no cubren la tercera parte de las necesidades básicas. La pobreza es un fenómeno cultural y no solamente de ingresos insuficientes: en Uruguay viven bastante más de un millón de pobres, la tercera parte de la población, cuya cultura es una forma empobrecida de pensar y de sentir, marginada de la estructura del conocimiento y la educación, que para sobrevivir emplea códigos muy diferentes a los empleados por quienes están incluidos en la vida del consumo y el escaparate. La pobreza endémica, cuatro o cinco generaciones de uruguayos pobres, es consecuencia irremediable del modo de reproducirse el capital y, en el Uruguay, crece en la misma medida que aumentan las inversiones de las corporaciones transnacionales. La instalación de una fábrica de pasta de celulosa «aumenta en tres o cuatro puntitos el PBI» (al decir de Mujica) pero se alimenta manteniendo salarios bajos, infantilizando la pobreza y dejando a la juventud sin futuro.
Por otra parte, también es cierto que un sector de trabajadores aumentó su consumo y su confort a nivel de la clase media. El progresismo instaló consejos donde se fija el monto del salario por acuerdo entre trabajadores y empresarios con participación del Ministerio de Trabajo. La medida estableció una instancia «institucionalizada» para la lucha salarial, una especie de «lucha permitida» que se tradujo en crecimiento del número de sindicatos y de la cantidad de trabajadores afiliados y que mejoró sensiblemente los ingresos de aproximadamente una tercera parte de los trabajadores uruguayos. Esa transferencia de poder adquisitivo fue un impulso decisivo para la expansión del consumo y, por consiguiente, del crecimiento del PBI en Uruguay. Sin embargo, el bienestar de una parte no puede servir para ocultar la situación real de la gran mayoría de los trabajadores.
La población empobrecida ha sido empujada hacia los barrios que rodean Montevideo, zonas que parecen trasplantadas del África pobre y están cuidadosamente separadas de las zonas donde los ricos viven como en el Primer Mundo. Pese a que la CEPAL y «The Economist» felicitan al gobierno de José Mujica por sus logros, la brecha entre los más ricos y los más pobres ha tomado dimensiones escandalosas. El Uruguay está recorriendo el camino que ya recorrieron Europa y los EEUU… algún día el Mujica deberá rendir cuentas por su hipocresía de crearse una imagen de «presidente más pobre del mundo» y favorecer la concetración de ingreso y de la riqueza.
Doble moral
Más del 10% de los montevideanos vive en asentamientos irregulares. Es una población condenada por el sistema: las élites la identifican como amenaza a su seguridad y le declararon una guerra preventiva. Su existencia pasa a ser la justificación del gasto en las más modernas tecnologías de vigilancia, control y represión. Por acuerdo entre ambos gobiernos, se permitió la intervención de «asesores» de EEUU en la instrucción de los policías y guardias carcelarios del Uruguay. Los «conocimientos» que vienen del appartheid estadounidense se suman a las enseñanzas ya impartidas por la policía israelí, experta en el «control» de la nación palestina. No es de extrañar entonces que se haya vuelto sistemático el abuso y la violencia policial contra los barrios de la periferia, ni que se torture en las cárceles para adolescentes.
El modelo productivo crea marginación y exclusión social que la policía se encarga de controlar reprimiendo. El significado profundo del fenómeno es el abandono de los mecanismos pacíficos para resolver conflictos sociales y la opción por el ejercicio institucional de la violencia. Los partidos políticos permanecen pasivos frente a los torturadores y el «gatillo fácil». De continuar en ese rumbo, más temprano que tarde, se comenzarán a violar sistemáticamente los derechos humanos.
La actual violencia policial no está desligada de la impunidad que disfrutan los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1968 y 1985. En el Pacto del Club Naval (1984), que permitió el retorno a la vida parlamentaria y electoral, los mandos militares exigieron no ser castigados por sus delitos. La impunidad se volvió el programa político del partido militar y embanderados con ella, transitan esta «democracia» que se les impuso. La firmeza de sus reclamos doblegó la voluntad de las élites e impuso las políticas de olvido y perdón que determinan el clima ideológico actual. La Verdad y la Justicia desaparecieron del debate electoral en la actual campaña; no preocupa a ninguno de los cuatro partidos que compiten por escaños parlamentarios. Dicho contexto ha provocado un retroceso en la investigación y condena judicial de los culpables de delitos de lesa humanidad. Pese a los recomendaciones internacionales de ser diligentes en las causas de derechos humanos, el gobierno y el Poder Judicial parecen haberse comprometido a encubrir los militares acusados de desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones y torturas. Esa impunidad crea un clima subjetivo de doble moral que favorece el resurgimiento del abuso y la violencia policial en los barrios, así como la tortura, vejámenes y persecuciones a los adolescentes privados de su libertad. En esta cuestión es donde la apostasía muestra sus facetas más pervertidas… tal vez se pueda calificar como «debilidad humana» que Mujica, Fernández Huidobro y otros ex-guerrilleros que los acompañan, abandonen las filas de la lucha por el socialismo y se vuelvan operadores de las grandes corporaciones transnacionales; tal vez hasta se pueda comprender que sean indiferente a las condiciones de pobreza en que viven más de la tercer parte de los uruguayos y hayan cruzado la trinchera para firmar acuerdos militares con el Pentágono y tomar whisky con los reyes del imperio como Obama, Soros y Rockefeller; pero excede toda capacidad de compresión y despierta ganas de matarlos el doblez ético y moral que los lleva a proteger los torturadores y asesinos del terrorismo de estado, a los que mataron, desaparecieron, violaron y torturaron a sus compañeras y compañeros, a los que ellos mismos habían convocado a dar la vida por la emancipación social. Abjuraron de sus principios, de sus sentimientos más profundos, aquellos que se volvían lágrimas ante la noticia de la muerte del hermano querido… Son apóstatas y, si logran sobrevivir a sus consciencias, serán recordados por la historia como los Malinche del siglo XXI. Imperdonables.
Campaña electoral
Los carros y caballos de los clasificadores de residuos ocupan el centro de la ciudad y los montevideanos se enteran de que existe un mundo desconocido allende los muros invisibles de la marginación. La Suprema Corte de Justicia deja en libertad a los asesinos del maestro Julio Castro, uno de los desaparecidos emblemáticos, y los uruguayos cobran consciencia de que la hipocresía institucionalizada protege a los criminales de lesa humanidad. Aparecen en la pantalla los niños y las mujeres de una zona rural mostrando sus manchas en la piel agredida por el glifosato o el agua potable se enturbia por la contaminación del río, y los montevideanos se dan cuenta que el «agronegocio» es agresión, enfermedad y muerte. Aunque los medios masivos reiteren hasta el cansancio que ha bajado la pobreza y la indigencia, a los votantes el sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes y ven como hay gente viviendo de la basura, limpiando parabrisas los semáforos y durmiendo en la calle. La gente sabe que son un desastre los institutos de enseñanza donde concurren sus hijos aunque Tabaré Vázquez repita que la educación «va bien». Los votantes tal vez ni se enteren de las críticas que recibe el gobierno desde la «izquierda radical», pero se desalientan con la evidente contradicción entre las promesas soñadas y los diez años de gobierno. Los hechos enseñan más que mil discursos o artículos en las redes sociales. …¿Por qué un gobierno que afirma haber terminado con la pobreza, deja de ser apoyado con entusiasmo por la militancia? ¿Cómo puede ser? El Frente Amplio triunfó ampliamente en las elecciones nacionales del 2004, cuando el carismático Tabaré Vázquez convocaba a hacer «temblar las raíces del neoliberalismo». Diez años más tarde puede verse que no temblaron las raíces ni nada; la clave del fenómeno «desilusión» hay que buscarla en la ausencia del terremoto prometido. Es la misma historia de Rodríguez Zapatero, Hollande y la socialdemocracia europea. El mismo proceso de desencanto que parece estar ocurriendo en Brasil.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.