Uruguay en pie: resistencia docente y la batalla por la seguridad social.
En el Río de la Plata, la cuestión educativa avanza hacia el centro de la escena. Si bien en la margen oriental el eje está marcado por la próxima contienda electoral nacional, no deja de impactar la sorprendente agitación argentina, donde las brasas de la protesta universitaria, aún incandescentes, dibujan un horizonte de incertidumbre. La marcha universitaria que comentamos la semana pasada encendió una mecha cuya cercanía al explosivo es aún incierta, aunque su impulso está doblemente alimentado: por un lado, por la vasta geografía federal de las movilizaciones, y por otro, por el combustible que las provocaciones discursivas del presidente Milei le aportan. Ya sea desde el atril en un acto público o autoconvocándose a entrevistas complacientes, cada declaración incendiaria del presidente no solo polariza, sino que radicaliza el conflicto a cada paso. En el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias, que se desarrollaron el martes en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), Milei vuelve a mostrar su mano dura, defendiendo con fervor un programa económico que se sostiene sobre el supuesto e inamovible “equilibrio fiscal”. Con esta premisa, justifica su veto a la movilidad jubilatoria (contra el que también logra reunirse una importante movilización) y a la ley de financiamiento universitario, calificando la maniobra como un acto de valentía y declarando estar dispuesto a “pagar todos los costos” por enfrentar lo que él llama los “curros” de las universidades. Los ataques no cesan: “Si no quieren ser auditados es porque están sucios”, lanza en referencia a las instituciones educativas. Sus palabras resuenan como una amenaza: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a través de un dictamen recién salido de la Procuración del Tesoro, podrá auditar a las universidades públicas, sumándose a la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que siempre ha cumplido esa función, aunque recientemente afectado por la parálisis de su propio sistema, consecuencia de la eliminación de una resolución y porque Milei no completa las designaciones en este organismo responsable de la auditoría. Así, en medio del caos institucional, la figura del “chorro” emerge de su boca, omnipresente en el discurso oficial, como un espectro que acecha a una academia que, según Milei, viviría de mentiras.
Personalmente, adhiero sin reservas a toda iniciativa que busque el control y la transparencia en las instituciones públicas, y las universidades no deben ser la excepción. Celebro que se profundice aún más la práctica de auditorías. Pero convertir esta herramienta en una coartada para disfrazar el conflicto como una lucha contra intereses mezquinos o directamente venales es, en realidad, una maniobra torpe y grotesca. Tan grotesca como las generalizaciones y los insultos que el presidente lanza con su habitual desparpajo. Las cuentas auditables refieren a los gastos de funcionamiento (hospitales, sedes, bibliotecas, institutos de investigación, etc.), no a los salarios, que dependen de planillas fijas y representan un promedio del 90% del presupuesto, y que son el epicentro de la actual disputa. Ya en la primera confrontación, cuando las universidades obtienen un aumento del 270% tras la histórica movilización de abril, se abordan estos gastos operativos, permitiendo que las instituciones puedan seguir funcionando. Si alguna vez hubo lugar para sembrar sospechas o exigir auditorías, debió ser en ese momento, no ahora, cuando lo que está en juego es el salario, la descomposición del tejido académico y la consiguiente fuga de intelectuales. Esta dilación en enfrentar lo esencial -el vaciamiento por el éxodo de los académicos- no es más que una estrategia de desgaste, una cortina de humo para evitar abordar el verdadero problema.
El nuevo embate de Milei contra las universidades públicas no tarda en recibir una respuesta tan rápida como contundente. Los estudiantes, guardianes del propio futuro y de la memoria colectiva, se alzan hoy como un solo cuerpo, multiplicando las tomas de facultades y rectorados en todo el país. En proximidades de cada sede, el conocimiento sale a la calle: clases públicas, marchas de antorchas y otras formas de resistencia hacen del espacio público un escenario donde la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, se enciende con renovado fervor. Como brasas avivadas por el viento, las manifestaciones no solo defienden las universidades, sino que le devuelven al conflicto su carácter de símbolo y resistencia en un país que se niega a que el conocimiento sea corroído por las políticas de mercado. Las fragmentarias direcciones gremiales parecen debilitarse frente a la dinámica unitaria que brota de las bases.
En Uruguay, mientras cierro esta columna, se inicia el paro de 48 horas convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) “por la educación y por trabajo”, una respuesta que visibiliza la política de demolición educativa implementada por el gobierno de coalición multireaccionaria que encabeza Lacalle Pou. Ignoro aún los resultados de esta jornada, pero no deja de parecerme alentadora la posibilidad de que la vasta movilización argentina influya en la forma de lucha anticipada por el vicepresidente del sindicato en La Diaria. Con movilizaciones de diversas características, ocupación de centros educativos, asambleas internas, encuentros con padres y estudiantes, actos públicos y marchas, junto a actividades de reflexión sobre los recortes presupuestales y la llamada transformación educativa, el movimiento sindical se lanza a las calles. Simultáneamente, el centro de estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) decide ocupar el Consejo de Formación en Educación (CFE) en rechazo a la proyección de menos grupos para el próximo año y los cambios en la modalidad de cursada, entre otros reclamos. Este doble frente de resistencia refleja el malestar generalizado en el ámbito educativo, que no solo desafía las medidas de ajuste, sino también la precarización del trabajo docente y las condiciones de estudio. A ello se suma el respaldo firme de la central única de trabajadores, el PIT-CNT, que decide acompañar el paro con una movilización en el corazón de Montevideo, reafirmando que la resistencia no se libra solo en las aulas, sino también en las plazas y avenidas de la ciudad.
Por si la porosidad hipotetizada entre ambas luchas no fuera suficiente, el tema previsional en Argentina, o de seguridad social en Uruguay, encuentra otra convergencia en la confrontación. La inmejorable iniciativa y la consecuente disputa que impulsa el PIT-CNT busca introducir cambios fundamentales en la seguridad social dentro de la carta magna uruguaya, coincidiendo con las elecciones nacionales del 27 de este mes, tal como prevén las normas electorales mediante el instituto político del plebiscito. Resulta sumamente interesante que, tras la brutalmente regresiva reforma impuesta por el oficialismo -válida solo por la mayoría simple parlamentaria que la coalición de partidos le garantiza-, se geste una verdadera contraofensiva. Esta no solo revierte la vida expropiada, sino que eleva el derecho jubilatorio a un plano constitucional como derecho humano, con implicancias profundas, incluyendo la prohibición de ser objeto de lucro. El texto propuesto por el movimiento social incluye, en lo esencial, el restablecimiento de la edad jubilatoria a los 60 años con 30 años de servicios, frente a los 5 años extra que despoja de disfrute y derecho la actual ley, la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, y la eliminación, vía reforma constitucional, de las disposiciones legales de la Ley 16.713 de septiembre de 1995, que regulan la existencia de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs). Con ello, el PIT-CNT no solo desafía la reforma del presente, sino también el corazón del sistema que se ha impuesto desde hace casi tres décadas.
El sistema de Seguridad Social será organizado y gestionado exclusivamente por el Estado y por entidades públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con fines jubilatorios. La administración del patrimonio de las actuales AFAPs se transferirá a un fideicomiso, garantizando que, bajo ninguna circunstancia, esto implique pérdida o menoscabo en los derechos o beneficios establecidos por leyes anteriores en materia de prestaciones. Asimismo, se impedirá al Estado introducir cambios que perjudiquen a los afiliados del Sistema de Seguridad Social, prohibiendo la concesión de prestaciones inferiores a las estipuladas en la ley original o sus modificaciones. El texto también establece que ninguna jubilación o pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional. Además, se acoplan las prestaciones con los salarios, disponiendo que los ajustes en las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios, efectuándose en las mismas oportunidades en que se ajusten o aumenten las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. En todo caso, dicho ajuste no podrá ser inferior a cero, asegurando así una protección constante y vinculada al ritmo salarial.
Frente a esta iniciativa, el Frente Amplio (FA) ha adoptado una política displicente, por decir lo menos, dejando a sus militantes en libertad de acción. Esta ambigüedad ha permitido, por caso, una irresponsable declaración de 112 economistas frentistas en contra de la reforma, a pesar de que la amplia mayoría de la base del FA milita por la papeleta blanca del “Sí”. No es la primera vez que el FA, con su conocida mecánica de alto consenso y pluralidad, retrasa procesos de lucha y movilización de los movimientos sociales, especialmente del PIT-CNT. De hecho, algo similar ocurrió con el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde el arribo tardío a una postura clara debilitó la contienda. El argumento de que es preferible ganar mayorías parlamentarias para reescribir una nueva ley de seguridad social no debería ser incompatible con el apoyo a este plebiscito constitucional. Después de todo, será necesario redactar una ley específica que regule e implemente lo que la nueva norma constitucional dicte. Pero la vacilación del FA revela una incomodidad que resulta, en última instancia, una dilación más en el camino de las reformas profundas.
Debido al carácter apartidario de la iniciativa, la propaganda concluye con el lema: “Votes lo que votes, poné la papeleta blanca”. Por supuesto, recomiendo a la ciudadanía incluir en el sobre la papeleta blanca, pero no diré que el voto sea indiferente. Solo votando al FA, aun con las posibles dudas o desencantos que algunos puedan sentir, la seguridad social podrá erigirse como un verdadero derecho humano. Y junto a este, tantas otras conquistas que, por la falta de espacio, debo dejar para una mejor oportunidad.
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).
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