Ricardo R. Laracuente Dides (Nueva York, 1992) ha sido profesor en la Academia Ponce Interamericana. Posee una Maestría en Artes con concentración en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Ponce), donde completó su grado de Bachillerato en Francés. Tiene previsto culminar estudios doctorales en filosofía y letras con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan, Puerto Rico. Laracuente Dides ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Por qué?
– Ricardo R. Laracuente Dides (RRLD, en adelante) – Sí, es hora. El colonialismo en Puerto Rico no es solo un asunto del pasado, sino una realidad vigente con consecuencias económicas, políticas y sociales profundas. La relación actual con Estados Unidos ha perpetuado la dependencia económica, la falta de soberanía política, lo que ha limitado las oportunidades de crecimiento. Exigir el fin del colonialismo no es solo un derecho, sino una necesidad para que el pueblo de Puerto Rico pueda trazar su propio destino ya sea por medio de una independencia o estadidad. La explotación de recursos, las políticas fiscales impuestas y el impacto de la Ley Jones, entre otros factores, han generado un desbalance económico que no se resuelve con simples ayudas federales. Cada estado federado en los Estados Unidos posee su propia soberanía, lo que le permite desarrollarse económicamente de manera independiente dentro del marco de las leyes federales. Esta relación resultaría beneficiosa tanto para el estado como para el gobierno federal. Puerto rico siendo un estado federado, pudiera disfrutar de esa misma ventaja, pero en la actualidad es necesario analizar qué leyes limitan su desarrollo y qué enmiendas podrían implementarse para modificarlas.
– WRS – ¿Qué relación si alguna vez entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?
– RRLD – La migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las oportunidades creadas por el Congreso estadounidense para que las corporaciones se beneficien económicamente de Puerto Rico están profundamente entrelazadas, reflejando una dinámica colonial en la que la isla ha sido sistemáticamente utilizada para servir intereses económicos. Desde principios del siglo XX, cuando Estados Unidos adquirió a Puerto Rico como territorio, el Congreso ha promulgado leyes como la Ley de Cabotaje y la Sección 936 del Código de Rentas Internas que, aunque presentadas como mecanismos de desarrollo, en realidad facilitaron la penetración de capital corporativo estadounidense.
– WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico en la descolonización de Puerto Rico, si alguno? ¿Qué deberían hacer?
– RRLD – La academia y la sociedad civil, tanto en los Estados Unidos y Puerto Rico, debe desempeñar un rol fundamentalmente en el proceso de descolonización de Puerto Rico. Estas entidades tienen la responsabilidad de educar, concienciar y movilizar al pueblo puertorriqueño sobre la naturaleza colonial de su relación con los Estados Unidos, promoviendo un análisis crítico de la historia, la política y la económica de la Isla. También, la academia puede aportar investigaciones rigurosas que desenmascaren las estructuras coloniales aún vigentes, mientras que la sociedad puede reducir ese conocimiento en acción colectiva mediante campañas, foros, propuestas de autogobierno. Ambas deben fomentar el diálogo amplio e inclusivo sobre las alternativas de estatus, exigiendo al Congreso de los Estados Unidos que reconozcan el derecho del pueblo a un final donde el mismo pueblo sea consciente de su destino. En conjunto, deben trabajar por un proyecto común que coloque la dignidad de la selección del pueblo a ser un estado o una república.
– WRS – ¿Cómo el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?
– RRLD – Es una pregunta muy importante que va al corazón de las dinámicas coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aunque el poder del Comisionado Residente es limitado, pero existen formas estratégicas en las que podría aportar a resolver o al menos mitigar los problemas económico-sociales derivados de la explotación histórica y estructural de Puerto Rico por parte de Estados Unidos. El Comisionado Residente no tiene voto en el pleno de la Cámara, si puede presentar proyectos, participar en comités y ejercer presión política. A través de unión con otros congresistas pueden realizar estrategias junto a otros aliados impulsar legislación que atienda directamente los problemas estructurales derivados del modelo económico impuesto, tales como la dependencia fiscal, la desigualdad social, el éxodo poblacional y la desindustrialización. Esto incluiría propuestas para eliminar leyes como la Ley Jones, que encarece las importaciones; para reestructurar la deuda bajo criterios de justicia social; y para aumentar el acceso equitativo a fondos federales en áreas como salud, educación, infraestructura y desarrollo económico. Además, pueden utilizar sus plataformas para visibilizar la situación colonial de Puerto Rico y movilizar el apoyo del Congreso hacia soluciones duraderas que promuevan la autodeterminación y el bienestar del pueblo puertorriqueño.
– WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Qué deberían hacer?
– RRLD – El movimiento estadista en Puerto Rico no ha podido enfrentar de manera directa las dinámicas de poder en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos debido a las estrategias. Desde sus inicios, la lucha por la estadidad se ha basado en buscar la integración plena como un estado de la Unión, no en cuestionar el rol histórico de Estados Unidos en la isla. Esto ha llevado a los líderes estadistas a evitar discursos críticos hacia el gobierno federal. Además, existe una profunda dependencia económica y política de los fondos federales y de las estructuras institucionales estadounidenses, lo que hace que plantear cuestionamientos fuertes sea visto como contraproducente para sus objetivos. La estrategia moderada del estadismo, basada en la afirmación de los lazos de ciudadanía y afinidad con Estados Unidos, busca proyectar una imagen de confiabilidad y estabilidad, evitando toda asociación con posturas que pudieran incomodar a la opinión pública estadounidense. Finalmente, gran parte del movimiento estadista carece de una reflexión crítica sobre las dinámicas históricas de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que impide reconocer plenamente las asimetrías existentes y perpetúa una narrativa que presenta la actual relación como un paso natural hacia la estadidad.
– WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantes dentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?
– RRLD – La presidencia de los Estados Unidos, junto con los partidos Demócrata y Republicano, ha adoptado una postura ambigua e insuficiente frente al desastre económico y social que hay en Puerto Rico. Aunque en momentos de crisis han implementado medidas como el rescate limitado tras el huracán María en 2017 o la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la Ley PROMESA en 2016, estas acciones han sido mayormente reactivas, controladas desde Washington. Ambos partidos han manifestado apoyo superficial a la autodeterminación de Puerto Rico, pero han evitado tomar pasos concretos para resolver su estatus colonial o garantizar equidad en el trato federal. La mayoría de las iniciativas presidenciales, tanto demócratas como republicanas, han sido simbólicas o condicionadas a criterios que perpetúan la dependencia y la subordinación. En lugar de enfrentar con seriedad las consecuencias de más de un siglo de dominación política y, las acciones tomadas han reforzado la visión de Puerto Rico como un territorio subordinado cuya función es servir a los intereses de los Estados Unidos. Esta falta de compromiso estructural demuestra que, mientras no exista una presión política sostenida desde la isla y desde sectores aliados en Estados Unidos, las respuestas federales seguirán siendo insuficientes para reparar el daño histórico causado por el colonialismo estadounidense.
– WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico? ¿Debería Puerto Rico y los puertorriqueños ser reparados económicamente por Estados Unidos?
– RRLD – La clave está en que los puertorriqueños asuman un rol protagónico en redefinir su estatus político desde abajo, movilizando una ciudadanía informada y organizada, que impulse una agenda de justicia y dignidad nacional, ya sea buscando la estadidad, la independencia o una libre asociación. Aceptar la necesidad de una reparación económica es aceptar que ha existido un agravio, y que este solo puede comenzar a remediarse mediante un proceso de restitución material acompañado por un nuevo pacto de respeto a la autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Un ejemplo que pone en evidencia la artificialidad de la dependencia colonial de Puerto Rico es el caso de estados como Connecticut, que funcionan como “estados donantes” dentro de la federación. Connecticut, al igual que New Jersey o Massachusetts, aporta más en impuestos federales de lo que recibe en fondos, gracias a su economía diversa y sofisticada, sustentada en industrias como las finanzas, la tecnología y la educación. Estos estados no dependen de ayudas federales porque cuentan con estructuras fiscales autónomas, altos niveles educativos y políticas de desarrollo propias. En contraste, Puerto Rico ha sido atado a una dependencia estructural debido a su condición territorial, a leyes impuestas como la Ley Jones, a su exclusión parcial de programas federales y a la incapacidad de desarrollar una política económica soberana. Esta comparación demuestra que la dependencia no es una condición natural o cultural del pueblo puertorriqueño, sino el resultado de un modelo colonial impuesto. Romper con ese modelo requiere, por tanto, no solo reparación económica, sino el derecho a construir una economía propia, digna y justa.
– WRS – El economista francés Thomas Piketty considera que Francia debería reparar en más de 28 mil millones de dólares americanos a Haití. ¿En cuánto debería Estados Unidos reparar económicamente a Puerto Rico y a los puertorriqueños?
– RRLD – El economista francés Thomas Piketty ha estimado que Francia debería pagar más de 28 mil millones de dólares en reparaciones a Haití, una cifra basada en el análisis de la esclavitud y la deuda impuesta tras la independencia haitiana. Si se aplicara un razonamiento similar al caso de Puerto Rico, podría argumentarse que Estados Unidos mantiene una responsabilidad económica con la isla, derivada de más de un siglo de relaciones políticas y económicas asimétricas. Desde 1898, Puerto Rico ha estado bajo la jurisdicción de Estados Unidos, lo cual ha traído tanto oportunidades como desafíos. A pesar de avances significativos en infraestructura, salud pública y educación durante el siglo XX, ciertas políticas económicas han tenido efectos limitantes sobre el desarrollo económico local. Por ejemplo, la Ley de Cabotaje, que exige que el comercio marítimo entre Puerto Rico y otros estados se realice exclusivamente con embarcaciones estadounidenses, ha sido objeto de críticas por encarecer los costos de transporte y limitar la competitividad del mercado local. Algunos estudios estiman que esta ley representa pérdidas anuales de hasta 1,500 millones de dólares. Proyectada a lo largo de los últimos 75 años, esa cifra alcanzaría más de 112 mil millones de dólares. Además, factores como la pérdida de autonomía fiscal, los flujos migratorios hacia el continente, y la administración de crisis económicas mediante entidades como la Junta de Supervisión Fiscal, también podrían incluirse en un cálculo de reparaciones si se considera el impacto acumulado en el bienestar social y económico de la población puertorriqueña. Aunque establecer una cifra exacta requeriría un estudio detallado y multidisciplinario, es razonable plantear que un modelo de reparación económica justo si se aplicara en el contexto puertorriqueño podría superar los 100 mil millones de dólares. Esta cifra podría ser aún mayor si se incluyen elementos de carácter social, cultural y ambiental. Más que un simple cálculo económico, esta reflexión invita a un diálogo profundo sobre equidad, autodeterminación y justicia histórica.
– WRS – Muchos puertorriqueños viven en la diáspora, bien en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Otros puertorriqueños han sido y son partícipes del saqueo estadounidense dentro de Puerto Rico. Todos, los primeros y los segundos son estadounidenses. ¿Por qué deben ser o no ser recompensados? ¿Son todos los puertorriqueños sujetos coloniales a los que se les ha robado su futuro en su propia tierra? ¿Se les debe devolver su futuro estén donde estén, sean quienes sean?
– RRLD – Todos los puertorriqueños, sin importar si viven en la diáspora o en la isla, comparten una historia común marcada por el colonialismo y política impuesta por Estados Unidos desde 1898. Sin embargo, esa historia también ha producido contradicciones internas mientras unos han sufrido directamente los efectos de la condición colonial, otros han colaborado, consciente o inconscientemente, con estructuras que perpetúan la desigualdad. Aun así, todos son ciudadanos estadounidenses. Por eso, la pregunta sobre si deben ser “recompensados” no es simplemente moral, sino profundamente política, se trata de reconocer lo estructural. Sí, todos los puertorriqueños son sujetos coloniales, incluso aquellos que se han beneficiado del sistema, porque operan dentro de un marco que limita su soberanía colectiva. Devolverles el futuro implica restituirles la capacidad de decidir su destino, tanto individual como colectivamente, sin importar dónde vivan ni qué rol hayan jugado en el pasado. La justicia colonial no se construye seleccionando quién merece o no liberación, sino garantizando a todos el derecho a un porvenir con dignidad.
– WRS – Recientemente ha estado moviéndose un proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico por parte del Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de Orden Ejecutiva? ¿Por qué los Estados Unidos merecen algo mejor? ¿Por qué Puerto Rico merece algo mejor?
– RRLD – El proyecto de Orden Ejecutiva para el reconocimiento de la soberanía de Puerto Rico carece de varios elementos fundamentales. En primer lugar, le falta una base constitucional sólida, ya que la Constitución de los Estados Unidos delega en el Congreso es la autoridad sobre los territorios, no en el presidente. Una orden ejecutiva, aunque poderosa en ciertos ámbitos, no tiene la capacidad legal para modificar el estatus político de Puerto Rico ni para reconocer su soberanía de manera unilateral. Además, el proyecto parece carecer de un mecanismo de consulta democrática directa al pueblo puertorriqueño, lo que podría socavar su legitimidad y abrirlo a impugnaciones tanto legales como políticas. Entre los defectos más notorios del proyecto está su potencial para generar una crisis institucional, al intentar superar los límites del Poder Ejecutivo y posiblemente entrar en conflicto con decisiones previas del Tribunal Supremo sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. También podría fomentar ambigüedad e inestabilidad política, si no va acompañado de legislación clara ni de compromisos concretos a largo plazo. En cuanto a por qué los Estados Unidos merecen algo mejor, es porque una democracia madura y constitucionalmente ordenada debe manejar temas de autodeterminación y estatus político con transparencia, legalidad y respeto a los procesos institucionales. Permitir que una orden ejecutiva intente resolver un problema tan complejo sería un precedente peligroso y antidemocrático. Puerto Rico, por su parte, también merece algo mejor: merece un proceso justo, abierto y basado en el consentimiento informado de su pueblo, donde se respete plenamente su derecho a la autodeterminación, sin atajos ni imposiciones. Una verdadera solución al estatus de Puerto Rico debe pasar por un proceso legislativo serio, inclusivo y respaldado tanto por el Congreso como por el pueblo puertorriqueño en ejercicio de su soberanía.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
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