El jueves 28 de agosto concluyeron en los Juzgados de Letras de San Pedro Sula en Honduras las audiencias preliminares del juicio contra los tres presuntos autores materiales del asesinato del líder ambientalista hondureño del Bajo Aguán, Juan López.
La última de estas audiencias apenas duró 10 minutos, el tiempo empleado por la abogada de uno de los imputados en oponerse a la ampliación de la acusación formulada por el Ministerio Público contra su defendido por el cargo adicional de asociación ilícita.
A continuación, el juez señaló el próximo martes 2 de septiembre para comunicar a las partes la decisión sobre la apertura de juicio oral.
Fuera del edificio de los juzgados allegados a Juan López, líderes sociales, representantes de organizaciones y campesinas procedentes del Bajo Aguán protestaban contra la impunidad de los responsables intelectuales del crimen y la inacción del Ministerio Público para llevarlos ante la justicia.
El líder ambientalista Juan López: En el corazón del pueblo hondureño
Juan López era un reconocido líder ambientalista y religioso hondureño de Tocoa, departamento de Colón, en la región del Bajo Aguán.
Esta región, que incluye parte del departamento de Yoro, vive un histórico conflicto socioambiental que empieza en los años 70 con el inicio de una reforma agraria que entregó fértiles tierras del norte de Honduras a campesinos, pero que fue sometida en los años 90 a una contrarreforma liberal que permitió la venta de las mismas tierras, incluso mediante ventas forzadas a terratenientes que las fueron acaparando en pocas manos, destinándolas a monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar.
Lo anterior originó una nueva etapa de luchas agrarias a finales del siglo XX, que dio lugar a una alta conflictividad social por la resistencia de los terratenientes a la recuperación de tierras por parte de los campesinos y que arroja un balance de varios centenares de muertos.
El conflicto se hizo más complejo con la irrupción del narcotráfico y el incremento de concesiones mineras en la región después del golpe de Estado de 2009.
La lucha de Juan López
Junto con otros compañeros y compañeras, Juan López fundó hace 10 años el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCT).
Su intención fue denunciar y sacar del territorio una mina de óxido de hierro que opera en el municipio mediante el conglomerado empresarial Emco Holdings, Los Pinares y Ecotek, por la amenaza al Parque Nacional Carlos Escaleras y su ecosistema que incluye los ríos Guapinol y San Pedro.
Su activismo y resistencia frente a la minería le llevaron a realizar todo tipo de protestas. Estas incluyeron la organización de un campamento para que la maquinaria de la empresa Los Pinares no pudiera acceder a la montaña, debido a los daños que la construcción de una carretera de la minera causaba en el río Guapinol.
Por estas actividades fue insultado, amenazado y encarcelado, igual que otras 31 personas que se opusieron al proyecto.
Sin embargo, la comunidad sospecha que las denuncias por corrupción realizadas como regidor en Tocoa aceleraron la orden de su asesinato cometido el 14 de septiembre de 2024. Le dispararon al salir de la misa cuando se encontraba dentro del coche aparcado en el exterior de la iglesia.
A esto se suma la exigencia de dimisión hecha contra el alcalde de dicho municipio, Adán Fúnez, por la aparición de este en un narco-video junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, donde negociaban una aportación a la campaña política con narcotraficantes hondureños.
Por otro lado, una investigación periodística del medio hondureño Contracorriente documentó que Juan López investigó la corrupción en la alcaldía de Tocoa, Colón presidida por Adán Fúnez, antes de ser asesinado.
López tenía planes de irse y solo le faltaban algunas tareas que realizar antes de subirse a un avión a los Estados Unidos gracias a que le habían comprado un boleto. Nunca llegaría a ese vuelo, puesto que fue asesinado dos días después.
El procedimiento judicial contra los presuntos autores materiales del asesinato avanza con lentitud. Entre los involucrados están el sicario que le disparó y dos personas más que habrían facilitado la motocicleta para cometer el crimen. En el Bajo Aguán es un secreto a voces que existe una red empresarial y de autoridades relacionadas con su caso.
Narcotraficantes, empresarios y presidentes involucrados en el crimen
En el exterior de los juzgados hay colgadas dos pancartas: En una se destacan algunas de las denuncias que formuló y que el Ministerio Público no escuchó. En la otra es detallada la “red criminal que impulsó el megaproyecto minero en Tocoa”. Todas las acusaciones son hechas contra las estructuras políticas, judiciales y funcionarios de diferentes entes de control.
Entre los diferentes presidentes que han ocupado el cargo desde 2014 hasta la actualidad aparecen Porfirio Lobo Sosa, quien habría abierto la puerta al megaproyecto Pinares Ecotek de Lenir Pérez; Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico y quien continuó con la imposición del mismo.
También aparece la actual presidenta, Xiomara Castro, quien sostiene el proyecto y no ha resuelto las oposiciones comunitarias.
Además, respaldó los abusos de poder de Adán Fúnez, que no aplicó el Decreto Legislativo 18 de 2024 y que debió recuperar y proteger específicamente la zona núcleo del Parque de Reserva Montaña Botadero, “Carlos Escaleras”. Este prohíbe todo tipo de actividad minera o de cualquier titulación que atente contra la protección de la zona de reserva ambiental.
Complicidad de la Fiscalía y otras instituciones
En lo judicial figura el anterior Fiscal General Óscar Chinchilla, quien persiguió a Juan López y a otras 31 personas defensoras en el caso Guapinol, pero que engavetó las denuncias por corrupción y el crimen ambiental de Pinares-Ecotek.
Igualmente, el actual Fiscal General, Joel Zelaya, que lleva casi un año sin presentar requerimientos contra los autores intelectuales que orquestaron y pagaron por el asesinato y que mantiene la impunidad y corrupción de la empresa y funcionarios públicos.
Entre estos últimos, son responsables el Instituto Hondureño de Geología y Minas, la Secretaría de Recursos y Ambiente y el Instituto de Conservación Forestal, implicados por otorgar derechos mineros y autorizaciones ambientales en una zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, sin licencia ambiental ni consulta previa.
Justicia ambiental
Una vez terminada la audiencia, algunos de los observadores y abogados que asistieron a la misma hicieron declaraciones al público que esperaba en el exterior.
Entre ellos, el sacerdote jesuita “Padre Melo”, reconocido por su defensa de los derechos humanos, quien enfatizó la necesidad de fortalecer la presión hacia el Ministerio Público para que extienda requerimientos fiscales para identificar a los autores intelectuales.
«Los que organizaron el asesinato y el plan criminal que incluye, no solo el asesinato de Juan López, sino amenazas a los miembros del Comité y, en general, los defensores de la tierra», enfatizó el sacerdote.
Además, Melo exigió justicia ambiental para implementar el Decreto 18-2024, que busca proteger el Parque Nacional Carlos Escaleras y todas las zonas de reserva forestal afectadas por daños ambientales derivados de la actividad minera.
Esto tiene que ver con el retiro definitivo de la empresa Pinares Ekotec y resarcir las afectaciones que hicieron a la montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Igualmente, la investigación de la denuncia por corrupción hecha por la documentación fraudulenta relacionada con la puesta en marcha de la explotación minera y que implica directamente al alcalde de Tocoa.
En el mismo sentido, la abogada de la parte acusatoria Kenia Oliva del bufete Justicia para los Pueblos señaló que es necesario continuar la presión contra el Ministerio Público para que presente otros requerimientos fiscales contra los intermediarios, ya que estos contrataron a los autores materiales.
También afirmó que les ocultan información como representantes de las víctimas. «De lo que han encontrado, por mucho que se lo solicitamos, no sabemos a quién protege el Ministerio Público con esto».
«Juan no murió, el Estado lo mató»
El próximo martes 2 de septiembre se conocerá definitivamente si se abre juicio oral contra los tres imputados por el crimen de Juan López.
Este líder ambientalista fue asesinado, aunque tenía medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado hondureño no implementó.
Incluso expertos y expertas de la ONU exigieron que sean investigados en Honduras el asesinato del ambientalista Juan López, la criminalización de ambientalistas y el papel de las empresas.
La desconfianza en el sistema de justicia y el Estado hondureño se hace evidente y justificada en la consigna que repetían las personas que acudieron a la última audiencia en San Pedro Sula: «Juan no murió, el Estado lo mató, porque no lo protegió».
Fuente: https://www.colombiainforma.info/que-quiere-el-bajo-aguan-justicia-para-juan/
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