La situación en Perú se ha visto marcada por un creciente malestar social, derivado de una crisis económica que, según múltiples analistas, se ha agravado durante el mandato de la presidenta Dina Boluarte. La decisión de incrementar su salario en un 100%, elevando su sueldo a más de $10 000 mensuales —casi 35 veces el salario mínimo de $288— ha sido percibida por muchos como una muestra de desconexión con las dificultades de la población. Esta medida, defendida por el Gobierno como una alineación con los estándares regionales, ha generado críticas en redes sociales y en sectores ciudadanos que ven en ello un acto de insensibilidad en un contexto de alta inflación, aumento de la pobreza y escasez de servicios básicos.
El liderazgo de Boluarte, cuyo índice de aprobación se mantiene históricamente bajo (alrededor del 2%), ha sido cuestionado también por otros asuntos. La realización de una cirugía plástica en julio de 2023, durante la cual no designó un sucesor temporal, y la controversia en torno a una colección de 14 relojes de lujo, incluyendo Rolex, han alimentado la percepción de una administración distante de las necesidades ciudadanas. Estos hechos, sumados a la crisis política que llevó a un estado de emergencia en enero de 2023 y a protestas que dejaron al menos 50 fallecidos, han contribuido a un clima de desconfianza hacia el Gobierno.
El incremento de la violencia y el descontrol de la delincuencia organizada han exacerbado el descontento. El analista de datos Juan Carbajal alertó sobre el incremento de homicidios en el Perú durante 2025. Según informó, hasta la fecha se han reportado 1,385 homicidios, acercándose a superar la cantidad registrada en 2021, y el año 2025 podría convertirse en el más sangriento de la última década. En este contexto, los profesionales del transporte público han sido especialmente vulnerables: solo en lo que va del año, más de 65 conductores han sido asesinados en ataques relacionados con el cobro de extorsiones. Las protestas de los sindicatos y las marchas hacia el Congreso, sin embargo, han encontrado poca respuesta concreta por parte del Gobierno.
Por motivos de la crisis profunda interna la ciudadanía convoca los días 20 y 21 de septiembre de 2025 a una Jornada de Lucha, una serie de manifestaciones dirigidas contra el Gobierno actual. La concentración tendrá lugar desde las 3:00 p. m. en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. Estas movilizaciones buscan presionar al Gobierno para que aborde las demandas sociales y políticas de la población. Es fundamental que la ciudadanía encuentre su mejor futuro sin víctimas ni muertes, promoviendo un diálogo constructivo y pacífico que permita construir una sociedad más justa y equitativa. La lucha por nuestros derechos no debe dejar huellas de dolor, sino abrir caminos hacia soluciones que beneficien a todos, garantizando un ambiente seguro y digno para las generaciones presentes y futuras.
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