La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia lo que califica como una campaña sistemática de hostigamiento por parte del gobierno hacia las personas trans, intersex y no binarias. Este pronunciamiento, realizado el 7 de octubre de 2025, resuena con preocupación y descontento ante una serie de medidas legislativas y políticas que, según la Federación, vulneran los derechos fundamentales de estas comunidades.
En su declaración, Kari Claudio Betancourt, directora de La Tejedora y miembro del Consejo Asesor de la Federación, criticó severamente al gobierno por lo que considera una “guerra” declarada contra las comunidades mencionadas. Betancourt destacó que ya se han registrado más de siete ataques directos que afectan la vida, seguridad y dignidad de estas personas. Desde la legalización del discrimen hasta la negación de tratamientos de salud vitales, la Federación considera estas acciones como inaceptables y ha asegurado que se organizarán para detener lo que describen como un abuso sistemático.
Justin Jesús Santiago, director de la Federación, amplió la crítica al señalar que el gobierno, bajo el liderazgo del Partido Nuevo Progresista y en alianza con el Proyecto Dignidad, así como algunos legisladores del Partido Popular Democrático y el senador independiente Eliezer Molina, han implementado políticas que atacan los derechos de las personas trans, intersex y no binarias. Para Santiago, estas acciones son una agresión a la dignidad de los ciudadanos de Puerto Rico.
Ivana Fred Millán, otra de las voces de la Federación, hizo un llamado urgente al gobierno para que dialogue con las comunidades afectadas y ponga fin a lo que ella describe como una “guerra campal” en su contra. Millán subrayó que, de no recibir respuesta, la Federación llevará su lucha a las calles y buscará recurrir a todas las instancias necesarias para defender sus derechos.
Por su parte, Samy Nemir Olivares, miembro del Consejo Asesor de la Federación, exigió un alto inmediato a las acciones que califica de crueles y discriminatorias. Olivares enfatizó que las personas trans, intersex y no binarias son tan dignas de derechos como cualquier otro ciudadano, demandando un respeto pleno hacia su existencia.
Entre las principales denuncias de la Federación se encuentran la legalización del discrimen que permite a funcionarios gubernamentales y profesionales de la salud negar servicios bajo la justificación de la libertad religiosa, la prohibición de tratamientos médicos para menores de 21 años, la apelación a decisiones judiciales que permiten la corrección de género en certificados de nacimiento, y la eliminación de baños inclusivos en instituciones gubernamentales y educativas. Estas acciones, argumenta la Federación, crean un ambiente hostil y discriminatorio que afecta gravemente a las comunidades trans, intersex y no binarias.
En conclusión, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se posiciona firmemente en contra de una serie de políticas que despojan a las personas de su dignidad y derechos fundamentales. Con un llamado a la acción y a la organización, la Federación se compromete a luchar por la equidad y el respeto hacia todas las identidades de género, demandando un cambio inmediato en las políticas gubernamentales que perpetúan la discriminación y el abuso. La lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos de las comunidades trans, intersex y no binarias en Puerto Rico continúa, y la Federación se mantiene firme en su compromiso de defender estas causas.
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