Washington pudo haber desmontado por anticipado la aventura golpista en Hondura, pues el Departamento de Estado -no se digan el Pentágono y la CIA- conocía al dedillo los aprestos, en el país centroamericano y en Estados Unidos, para derrocar al presidente Zelaya. O podía haberlo hecho con posterioridad a la reunión de la OEA, cuando […]
Washington pudo haber desmontado por anticipado la aventura golpista en Hondura, pues el Departamento de Estado -no se digan el Pentágono y la CIA- conocía al dedillo los aprestos, en el país centroamericano y en Estados Unidos, para derrocar al presidente Zelaya. O podía haberlo hecho con posterioridad a la reunión de la OEA, cuando se manifestó el clamoroso rechazo latinoamericano a la asonada. Bastaba que hubiese congelado las cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibido el ingreso a ese país de los jerarcas del gobierno gorila si es que le parecía excesivo el retiro temporal de los 600 militares que mantiene en la base de Soto Cano. Nadie puede discutir que al vecino del norte no le tiembla el pulso en materia de sanciones cuando son de su interés; y si no, allí están intactas las medidas que intentan matar de hambre y enfermedades al pueblo de Cuba hace casi medio siglo. En este caso se trataba de un simple tirón de orejas a los cabecillas oligárquicos del golpe que los hubiera rendido al instante puesto que -como a sus pares de América Latina- la vida les resulta insoportable sin casa en Miami y cuenta bancaria en Estados Unidos.
La cuestión central es que la oligarquía y el ejército hondureños han sido criaturas e instrumentos orgánicos de la potencia estadunidense desde fines del siglo XIX y de eso depende toda su fuerza militar y política, delegada por aquella. Por consiguiente, sobre Washington recae, cuando menos, la responsabilidad moral del golpe. Recuérdese que Honduras fue sede del virreinato de John Negroponte en los ochentas: centro de actividad de escuadrones de la muerte, rampa de lanzamiento de la guerra contra la revolución Sandinista y las insurgencias en El Salvador y Guatemala, epicentro del escándalo Irán-contras y de las operaciones de la CIA en América Central, entre cuyas piezas fundamentales están el architerrorista Luis Posada Carriles y Félix García, quien ordenó el asesinato de Che Guevara. El torturador Billy Joya, asesor de seguridad de Micheletti, pertenece a esa camada y es fundador de aquellos escuadrones de Negroponte.
En el mejor de los casos los gorilas fueron estimulados y empujados al golpe por poderosas fuerzas políticas del establishment estadunidense sabiendo de antemano que Obama no podría oponérsele enérgicamente ni siquiera por salvar la cara luego de sus rutilantes promesas en la Cumbre de las Américas. ¿Quién toma en serio hoy aquella cumbre con las bases en Colombia y su sombría amenaza?
En resumen, a dos meses del golpe de Estado queda claro que, en términos de acciones políticas, Washington no pasará del apoyo al «Acuerdo de San José», concebido por el Departamento de Estado para que el régimen gorila se consolide dando tiempo a que expire el mandato de Zelaya o, tal vez, entregar a este por unos días u horas, vísperas de elecciones amañadas, una presidencia «atada de pies y manos», como la ha calificado su esposa Xiomara Castro. De allí la importancia de que se mantenga viva la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos progresistas con la resistencia antigolpista pues será más difícil mantener el aislamiento diplomático de los gorilas una vez que se bañen en el Jordán de las elecciones.
En todo caso, el Frente Popular de Resistencia contra el Golpe de Estado ha dado una batalla ejemplar, mucho más consistente y prolongada que la imaginada inicialmente por sus dirigentes más optimistas pero insuficiente para derrocar a corto plazo a una dictadura militar apoyada bajo cuerdas por Estados Unidos. No hay la menor señal de que podamos esperar en lo inmediato la restitución del orden institucional en Honduras, aun en el improbable caso de una fugaz reinstalación de Zelaya. De la OEA no vendrá la solución.
De modo que las fuerzas populares están abocadas a una lucha prolongada y ya no limitada a la meta inmediata del retorno de Zelaya sino a lo que resalta como aspiración mayoritaria del movimiento popular hondureño: la instauración de un régimen surgido de un gran proceso de consulta al electorado y de una asamblea constituyente de raíz y carácter popular, antioligárquico y por la justicia social. Tal lucha sólo podrá triunfar si está asentada en la más estrecha unidad de las fuerzas populares puesto que su victoria no sólo implicaría un desafío a la oligarquía y al ejército hondureños sino al orden geopolítico decidido por Estados Unidos en nuestra región.