El 28 de junio de 2009, el presidente democrático de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado por la fuerza del palacio presidencial, puesto en un avión militar desde la base Soto Cano, sede de la «Fuerza de Tarea Conjunta Bravo» del Ejército de Estados Unidos, siendo expulsado a Costa Rica. El golpe de Estado en cuestión […]
El 28 de junio de 2009, el presidente democrático de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado por la fuerza del palacio presidencial, puesto en un avión militar desde la base Soto Cano, sede de la «Fuerza de Tarea Conjunta Bravo» del Ejército de Estados Unidos, siendo expulsado a Costa Rica.
El golpe de Estado en cuestión fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez y por el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo. Ambos graduados de la Escuela de las Américas.
Meses antes, en abril de 2009, por primera vez una delegación de SOAWatch encabezada por Lisa Sullivan y el padre José Mulligan visitaron Honduras donde sostuvieron reuniones con autoridades de gobierno, y con organizaciones sociales, para pedir que Honduras no siguiera enviando soldados a entrenamiento a la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU.
A este llamado se sumó entonces Berta Cáceres, Coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien pidió, en presencia de la delegación de SOAW, al Presidente Manuel Zelaya, en una reunión con organizaciones en San Pedro Sula, que Honduras retirara sus soldados de la Escuela de las Américas.
En marzo del 2016, Berta Cáceres fue cobardemente asesinada, entre los responsables militares con entrenamiento militar en EEUU y la Escuela de las Américas.
¿Por qué el golpe de Estado?
En pocas palabras, porque en el gobierno de Manuel Zelaya, mientras estuvo en el cargo, su política se hizo cada vez más progresista, reduciendo la pobreza en un 10%, aumentando el salario mínimo en un 80%, proporcionando educación gratuita a todos los niños, proporcionando subsidios para los pequeños agricultores y fundamentalmente teniendo un contacto más cercano con los movimientos sociales.
El mismo 28 de junio de 2009, y con el fin de democratizas más Honduras, el presidente Zelaya había convocado a una Consulta Popular para que en las elecciones de noviembre del mismo año se pusiera una «cuarta urna» y el puedo soberanamente decidiera si quería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en búsqueda de una nueva constitución política para Honduras.
¿Qué ha pasado desde entonces?
Desde el golpe de Estado, y con el apoyo, financiamiento y entrenamiento de los EEUU a las fuerzas represivas sólo han aumentado los asesinatos, las amenazas, y la represión al pueblo de Honduras.
De acuerdo a un Informe del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADEH) desde el golpe de Estado a la fecha, se han registrado 13 personas detenidas desaparecidas en forma forzada.
De acuerdo al Informe «Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta», de Global Witness, «desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras».
Entre ellos, recordamos a Berta Cáceres, a Tomas García, ambos de COPINH, los asesinatos cometidos contra el pueblo garífuna, la masacre en contra del pueblo Misquito, por parte de agentes de la DEA, y tantos otros crímenes que han quedado en la más completa impunidad.
A eso debemos sumar, a lo menos a 31 personas más las que fueron asesinadas por los aparatos de seguridad a consecuencia de las protestas que sucedieron luego del fraude electoral, de noviembre del 2017, donde se reeligió nuevamente a Juan Orlando Hernández.
Además, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, se «denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes».
Más de 1300 manifestantes fueron arrestados en las protestas de los cuales a 22 prisioneros políticos se los acusó de cargos graves. Entre ellos a los activistas Edwin Espinal y Raúl Álvarez quienes todavía se encuentran prisioneros en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
Desde el golpe de Estado de 2009, se han aprobado más de 48 proyectos de concesiones hidroeléctricas para la generación de energía y privatización de ríos como de otros proyectos «extractivistas».
Miles de hondureños han tenido que huir producto de las políticas económicas como represivas que se han ejercido desde el golpe de Estado a la fecha.
De acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos».
Actualmente, unos 50 mil hondureños podrían ser deportados a la fuerza desde EEUU a Honduras por la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Por otro lado, «e l Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró que entre enero de 2001 y agosto de 2017 fueron asesinados en Honduras 70 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; el 91% de estos casos permanecen en la impunidad».
Honduras figura en el lugar 140 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa el 2017. Muy lejos de Noruega, Suecia y Finlandia que ocupan los primeros lugares con mayor libertad de prensa.
Por su parte, el « Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión » de la CIDH señaló que tan sólo en el año 2016 en Honduras fueron asesinados 3 periodistas y hubo ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación. El 13 de septiembre del 2017, fue asesinado también el periodista del Canal 22 Carlos William Flores por personas «no identificadas».
¿Qué podemos seguir haciendo?
El movimiento de la SOAW, y muchas organizaciones de América Latina, desde el golpe de Estado a la fecha, han seguido en solidaridad con Honduras.
En EEUU seguimos apoyando, en el Congreso de EEUU, el proyecto de Ley HR 5474 llamado por muchos «Ley Berta Cáceres» el que busca «suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia».
Seguimos denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que siguen sucediendo en Honduras. Demandamos la libertad de los prisioneros políticos, ahora.
Seguimos en solidaridad con quienes son perseguidos y luchan por salvar sus vidas. En ese sentido, SOAWatch desde el 2016 realiza el Encuentro Fronterizo, en la misma frontera de EEUU y México, para solidarizar con las personas migrantes y para denunciar las raíces de fondo que causan la migración. El próximo Encuentro Fronterizo se realizará del 16 al 18 de noviembre. Ver más Información en: www.soaw.org
Pablo Ruiz es periodista de SOAWatch. Este artículo contó con la colaboración de Adrián Bernal.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.