América Latina es la sociedad que de manera más acabada, a lo largo de su historia, simboliza la desigualdad que drena el sistema económico capitalista. Las múltiples crisis que se traslapan con la pandemia del Covid-19, profundizan esas asimetrías y postran a la región ante lo que ya se perfila como una nueva década perdida.
Todo ello no está exento de las contradicciones e intereses facciosos propios de las élites y oligarquías, que más que un péndulo político lo que dibujan es un laberinto político en la región (https://bit.ly/3mb6zi2).
Al 30 de octubre del presente año, el hemisferio americano continúa como el epicentro de la pandemia con 20 377 717 de contagiados confirmados y con 637 552 muertes atribuidas a la misma enfermedad del Covid-19. América Latina, por su parte, alcanzó en esta misma fecha 10 948 588 infectados por el nuevo coronavirus; en tanto que las defunciones se elevaron a 393 780 (tres de cada diez muertes ocurren en la región y de esa cantidad, los tres primeros países más afectados son Brasil, México y Perú). No solo es una pandemia fruto de la desigualdad y la pobreza, sino que también lo es del desmantelamiento (por privatización de facto y desinversión pública) de los sistemas de salud y de la erosión sistemática del Estado; situaciones que en América Latina asumen rasgos inéditos con el advenimiento de la crisis económica y de desempleo más pronunciada de la historia.
Cabe aclarar que esta crisis económica no se incuba en la región con la pandemia, sino que se lastra desde principios de la segunda década del siglo XXI con la ralentización del crecimiento económico; el ensanchamiento de las brechas de la desigualdad social; el desvanecimiento de los mínimos de bienestar social promovidos por los gobiernos progresistas sudamericanos –especialmente las políticas de combate a la pobreza–; y la re-primarización de los aparatos productivos y la dependencia de la exportación de materias primas, con el consecuente deterioro del medio natural.
Más aún, con la pandemia queda al descubierto –una vez más, aunque esta ocasión de manera lacerante– el hecho de que las estructuras de poder y riqueza no fueron trastocadas con la oleada de gobiernos progresistas en la región, sino que éstos apuntalaron los procesos de acumulación de capital y fungieron como un mecanismo contenedor del descontento popular y de los movimientos sociales de las décadas previas que se activaron con las estrategias del fundamentalismo de mercado.
La crisis inmobiliario/financiera del 2008-2009 incidió en la bonanza latinoamericana cosechada en los años previos. La caída en los precios internacionales de las commodities frenó de golpe el crecimiento económico de la región. De tal modo que entre el 2010 y el 2019, la tasa de crecimiento cayó del 6 al 0,2% anual. Mientras que la concentración del ingreso y de la riqueza es una constante que hacia el 2018 posiciona al quintil más pobre –el 20’% de la población– de la región con solo un 4% de la riqueza, en tanto que el quintil más rico acaparó el 56% de la riqueza regional –algo así como una proporción de catorce veces el ingreso adquirido por los más pobres entre los pobres. Con la pandemia del Covid-19, los 73 multimillonarios de la región se hicieron más ricos al aumentar sus fortunas en 48 200 millones de dólares (mdd); al tiempo que un nuevo rico se sumó a estas filas cada dos semanas desde el mes de marzo de 2020. 413 mdd es el monto acumulado diariamente por los acaudalados desde que arreció la crisis sanitaria en la región en marzo pasado (https://bit.ly/3mCOadZ).
Al persistir sistemas fiscales que otorgan privilegios y eximen de obligaciones tributarias a los patrimonios personales, las herencias y las ganancias empresariales, esas desigualdades seguirán latentes y profundizarán sus efectos. OXFAM calcula que a lo largo del 2020 estos sistemas tributarios dejarán de recabar en la región impuestos por el orden 113 400 mdd. De entrada, la recaudación tributaria alcanza en la región un 23,1% del PIB regional –muy por debajo del 34,3% que promedian los países miembros de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas diferencias, en buena parte, estriban en la evasión y elusión fiscal en América Latina –que alcanzan hasta el 6,1% del PIB.
La misma pandemia restregó a nuestras conciencias el hecho de que 140 millones de latinoamericanos ganan su sustento diario en la economía informal; un número que equivale al 55% de la Población Económicamente Activa. La fragilidad y precarización laboral de este amplio espectro de la población de la región hace que los impactos de la pandemia sean mayores por tratarse de sectores carentes de un salario fijo, de redes de seguridad social y de mínimas certidumbres laborales. Entonces, se calcula que 52 millones de nuevos pobres se sumarán en la región como consecuencia de los confinamientos.
Los bolsones de migrantes latinoamericanos que deambulan en ciudades y países distintos a los suyos, en el contexto de la pandemia, no solo les expone al hambre, sino a la falta de acceso a los servicios sanitarios y a las transferencias monetarias. Presos de su condición indocumentada, los migrantes son los primeros náufragos del hiperdesempleo y de la pauperización social a la cual ingresan por partida doble (en su país de origen y en la sociedad receptora).
Las estimaciones más halagadoras alegan que el PIB de la región se contraerá, durante el año 2020, 7,2% (https://bit.ly/3f4luqX); otras estimaciones auguran una caída del 9,1%. La caída de la demanda externa –conjuntamente con la reducción de los precios de las materias primas–, reducirá el potencial exportador de la región en productos como la soja, el cobre, el gas natural, el petróleo, la celulosa y –en el caso de México y algunas naciones centroamericanas– los bienes manufacturados. No menos importante será la reducción de los flujos turísticos hacia la región ante las restricciones de la movilidad. A la contracción del PIB, se suman la caída del ingreso y gasto de los hogares, y la reducción de la inversión privada.
Esta contracción del PIB no solo agravará el desempleo (para octubre la cifra alcanzó a 44 millones de latinoamericanos) y la pobreza (45 millones de habitantes engrosaron sus filas y 28 millones no logran cubrir sus necesidades básicas) en la región, sino que al combinarse con posibles rebrotes del coronavirus en las semanas y meses por venir, puede colocar a América Latina ante hambrunas y crisis humanitarias de amplias proporciones y difíciles de revertir en el corto y mediano plazos.
Si se llega a esos 230,9 millones de pobres latinoamericanos en el 2020, estaríamos hablando del 37,3% de la población de la región, en tanto que 15,5% estará en la franja de la pobreza extrema. El panorama se agrava con la reducción de la productividad, la baja recaudación fiscal, las movilizaciones sociales de finales de 2019, y la crisis de legitimidad y desconfianza que los ciudadanos le endilgan a sus gobiernos, pese al balón de oxígeno que representan los regímenes progresistas en naciones como Argentina, México y Venezuela.
Otro de los retrocesos se suscitará en el sistema educativo latinoamericano con la enseñanza telemática obligada por la pandemia. Una buena cantidad de niños y jóvenes desertarán de las escuelas y universidades ante la falta de condiciones para continuar su formación escolar. Ello, en sí, será una catástrofe civilizatoria y generacional para la región a medida que se obstaculice la formación de recursos humanos, se dilapiden recursos públicos y se inserten estos grupos etarios de manera prematura al campo laboral.
La otra crisis por venir en la región será la propia de los sistemas bancario/financieros. Con el hiperdesempleo y la caída de los ingresos familiares, la situación de insolvencia de los deudores –tarde o temprano– hará explotar a los bancos comerciales que otorgaron créditos al consumo en condiciones de laxitud e irresponsabilidad. Si bien las utilidades bancarias tendieron a disminuir en los últimos meses, ello no se compara con la sangría sufrida en la caída de los ingresos familiares. La pregunta que esta situación suscita estriba en quién o quienes asumirán los costes de esta crisis que en el mediano plazo comprometerá a las economías nacionales de la región. En otros momentos de la historia reciente los costes de estas bancarrotas los asumieron los Estados y los trasmutaron en deuda pública intergeneracional, como en el caso de México y su FOBAPROA-IPAB.
El desdoblamiento de las múltiples crisis que se aceleran con la pandemia en América Latina, obliga a pensar en un nuevo pacto social. Obliga a ir más allá del Consenso de Washington, del Consenso Post-Washington y del consenso pandémico. Reestructurar a los Estados latinoamericanos sobre bases sociales es solo una parte de los imperativos. El grueso del problema atraviesa por resolver el gran conflicto social zanjado con las estrategias de fundamentalismo de mercado adoptadas en los últimos cuarenta años; y ello supone erosionar los privilegios entronizados con las políticas desnacionalizadoras, aperturistas y luego neo-extractivistas y re-primarizadoras.
Salir de estas crisis entrelazadas en la región implica ampliar la mirada y asumir que la pandemia no se reduce a una crisis sanitaria, que si bien algunos consideran que fue inesperada e imprevisible, no será transitoria ni efímera, sino que sus efectos y consecuencias serán prolongados, de largo plazo y con implicaciones profundas en la vida social de la región. Implica también redefinir las estructuras de poder, riqueza y dominación afianzadas durante las últimas cuatro décadas; y ello supone ir más allá de la falsa disyuntiva de más mercado o más Estado. Implica pensar el desarrollo con cabeza propia para salir de los cánones establecidos y que históricamente asfixiaron a América Latina o la hundieron en laberintos de distinta índole.
Incentivar la recuperación económica es un primer paso necesario, pero no suficiente; recuperar los empleos perdidos y crear otros nuevos, es un paso indispensable, y para ello es fundamental canalizar a ese fin la inversión pública y renegociar las condiciones de la deuda para que este grillete sea condonado en el caso de aquellas naciones con economías frágiles. No solo bastan políticas económicas expansivas y reformas fiscales progresivas. Es imperativo ir más allá en un contexto crecientemente adverso signado por la lejanía de la recuperación económica y el deterioro de los principales indicadores de bienestar. Pero si ello omite asumir a la salud y al desarrollo como derechos humanos fundamentales, esos objetivos estratégicos serán en vano. De ahí la importancia de una sociedad latinoamericana organizada, activa y en movimiento que atempere y revierta la tiranía del mercado y del Estado.
Isaac Enríquez Pérez es investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos.
@isaacepunam