Represiones sistemáticas «Mi esposo estaba sentado comiendo sus tortillitas cuando de repente se escuchó un disparo, cuando volví a ver él estaba herido de la pierna, después le dieron tres disparos en el pecho y cayó muerto», narró con voz quebrantada Guadalupe Gallardo, viuda del campesino Raúl Castillo. El asesinato fue cometido en la comunidad […]
Represiones sistemáticas
«Mi esposo estaba sentado comiendo sus tortillitas cuando de repente se escuchó un disparo, cuando volví a ver él estaba herido de la pierna, después le dieron tres disparos en el pecho y cayó muerto», narró con voz quebrantada Guadalupe Gallardo, viuda del campesino Raúl Castillo. El asesinato fue cometido en la comunidad el Tumbador, el 15 de noviembre del año 2010.
Presentamos el testimonio de una lugareña de la comunidad el Tumbador, en Guadalupe Carney, a quién llamaremos María, por motivos de seguridad… «Llegaron los guardias de Facussé nos tiraron al suelo, nos llevaron a las palmas, uno de ellos me agarró el pelo, nos pusieron la pistola (en la sien) y nos dijeron que nos iban a matar a todos».
Estos dos casos son el pan de cada día en el Bajo Aguan debido al actuar criminal de sicarios que reciben órdenes de los terratenientes que intentan desalojar a los campesinos de sus tierras.
En busca de la justicia
Con una muleta bajo el hombro izquierdo sobre la cual apoya su cuerpo, el joven Neftalí Esquivel, quién fue alcanzado por dos disparos que le destrozaron la carne y huesos de su cadera izquierda dejándolo lisiado de por vida, pasa entre la multitud para acercarse al estrado del tribunal de ética «Esta acción brutal fue parte de las represiones violentas que las fuerzas militares ejecutaron durante una manifestación pacífica de campesinos que reclamaban sus tierras en el Bajo Aguan», declaró Esquivel, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).
Bajo un calor sofocante en el centro cultural Padre Guadalupe Carney, lugar símbolo de la firma de la reforma agraria, desfilaron en una especie de procesión los testigos de las atrocidades cometidas en el conflicto por la tenencia de las tierras y el cultivo de las palmas africanas en el Bajo Aguan, en la zona Atlántica de Honduras, donde hijas, hijos, viudas, padres, madres relataron cómo fueron víctimas de asesinatos, persecuciones y torturas a manos de los guardias de los tres terratenientes; Miguel Facussé (de origen Palestino), René Morales (nicaragüense) y Reynaldo Canales (salvadoreño).
Fueron muchos los testimonios presentados por campesinos en la Audiencia Pública y Seminario Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguan que se llevó a cabo entre el 28 y 30 de mayo de 2012, en Colón, en Honduras.
El nuevo colonialismo
Esta forma de operar de los actores nacionales en complicidad con las corporaciones transnacionales y con la venia de los gobiernos es parte de la nueva modalidad de hacer de la vida un negocio que lo llaman economía verde, pero de verde no tiene nada a excepción del color de los dólares, nos dice Rosalía Soley, oficial regional de incidencia de la Federación Luterana Mundial y referente de la Campaña Mesoamericana de Justicia Climática.
«La economía verde lo que implica es una violación a los derechos humanos de los pueblos originarios, al negarles el acceso a las tierras para cultivar sus alimentos, además de contaminar sus recursos como el agua», agregó Soley.
Martin Wolpold Bosien, de la Organización Internacional por el Derecho Humano a la Alimentación (FIA, por sus singlas en ingles), comentó: «La Fiscalía de Honduras en su informe más reciente expone que hasta la fecha no hay ningún avance en las investigaciones de los 47 asesinatos contra miembros de organizaciones campesinas, más el reciente asesinato de un periodista y la desaparición de un campesino en el Bajo Aguan, donde impera la impunidad».
El veredicto de la audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguan serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos -OEA-, y a la comunidad de la Unión Europea a pesar que ésta resolución no tiene vinculación legal para el gobierno de Honduras, para que cese la masacre e impunidad en la zona, pero esperan que a través del retiro de apoyo financiero a las fuerzas militares se disminuya la hostilidad en esa localidad.
Alfredo Carías. Relaciones Públicas y Comunicaciones, Federación Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-.
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