Un escenario de preocupante ausencia de los más elementales derechos se abrió ante los miembros de la Misión Internacional, que también integra la Rel-UITA. El Bajo Aguán, al noreste del país, es tierra de palma africana, tierra de nadie. Impunidad ante la violencia y los asesinatos sistemáticos y selectivos; acoso judicial, hacinamiento, falta de acceso […]
Un escenario de preocupante ausencia de los más elementales derechos se abrió ante los miembros de la Misión Internacional, que también integra la Rel-UITA. El Bajo Aguán, al noreste del país, es tierra de palma africana, tierra de nadie.
Impunidad ante la violencia y los asesinatos sistemáticos y selectivos; acoso judicial, hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, y un total incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, ha sido el común denominador en las diferentes denuncias presentadas por las cientos de familias campesinas que en el Bajo Aguán luchan por el acceso a la tierra y una vida digna.
La Misión integrada por varias organizaciones nacionales e internacionales (1) recorrió en estos primeros días los asentamientos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y se reunió con abogados de las víctimas y miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA).
La percepción de una violencia e impunidad generalizada y, al mismo tiempo, el espíritu reivindicativo de las personas que se acercaron para brindar sus testimonios, acompañó constantemente el trabajo realizado por los miembros de la Misión.
«Nos estamos enfrentando a situaciones muy difíciles. Firmamos acuerdos con el gobierno y no nos ha cumplido. No tenemos la propiedad de la tierra, estamos viviendo en champas de plástico y hay una gran cantidad de niñas y niños enfermos, muchos de ellos sin acceso a la educación», dijo a Sirel, Ricardo Morales, miembro del asentamiento La Lempira.
«Somos más de 300 familias y estamos sembrando alimentos y cosechando la fruta de la palma africana para medio sobrevivir. Sufrimos una constante represión por parte de los guardias privados de Miguel Facussé. Ya después de las 6 de la tarde no podemos movilizarnos porque estamos cercados. Nos amenazan, nos apuntan con sus armas y hacen disparos para atemorizarnos. No es posible que una sola persona sea propietaria de toda esta tierra y a nosotros se nos quiera negar el derecho de trabajar y vivir dignamente», aseveró Morales.
En las palabras de las personas es recurrente el recuerdo de las amenazas, la persecución y los asesinatos. Margarita Méndez Ramírez narra con lágrimas el momento donde un sicario asesinó a su marido, José Leonel Guerra, miembro del MUCA, ante la mirada atónita de sus hijas.
«Se levantó para ir donde su mamá y al salir a la calle pasó un hombre con una moto y le disparó. Lo mataron delante de nuestras hijas. Miraron todo. Yo corrí pero no pude hacer nada. Nuestra cuarta hija tenía pocos días de haber nacido. Presentamos la denuncia a la Fiscalía, pero nadie le dio seguimiento al caso para que el culpable pagara por ese crimen. En este país no se puede confiar en la justicia», dijo Méndez Ramírez.
Impunidad y acoso judicial
Según el abogado que está dando seguimiento a los innumerables casos judiciales contra los miembros del movimiento campesino, en el Bajo Aguán existe una clara situación de impunidad y acoso judicial, y un permanente estado de indefensión.
«Se ha criminalizado la lucha campesina. Nosotros hemos logrado excarcelar a 80 compañeros, sin embargo hay personas que tienen hasta siete juicios y actualmente son 162 los campesinos procesados en la zona a partir de enero de 2010».
El abogado, quien prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad personal, consideró también que la Fiscalía ha jugado un papel de «punta de lanza» de los terratenientes, convirtiéndose en el apoderado de los productores palmeros.
«Sobre todo en la ciudad de Trujillo son fiscales extremadamente agresivos, inquisidores, que quieren violentar, a como dé lugar, la defensa de los campesinos. Aquí el poder judicial y la fiscalía están jugando un papel de criminalización de la protesta social, son instrumentos en manos de los agroindustriales», concluyó el abogado.
Al finalizar esta nota, se nos informó que Matias Valle, directivo del MUCA, había sido encarcelado en la Penitenciaria Central de Támara por posesión ilegal de arma.
Nota:
(1) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Swiss Interchurch Aid (HEKS), Rel-UITA, Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), FIAN Internacional, Via Campesina Internacional, MS Dinamarca y organizaciones de derechos humanos hondureñas.
Galerías fotográficas: http://www2.rel-uita.org/
Fuente: http://www.rel-uita.org/