Después de la «anomalía» de tardar un año, este lunes 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses de su asesinato, se dará la sentencia escrita contra los autores materiales del crimen contra Berta Cáceres en Honduras. En el fallo oral se develó la participación de directivos de la empresa DESA en la planificación del […]
Después de la «anomalía» de tardar un año, este lunes 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses de su asesinato, se dará la sentencia escrita contra los autores materiales del crimen contra Berta Cáceres en Honduras.
En el fallo oral se develó la participación de directivos de la empresa DESA en la planificación del crimen, pero continúan en la impunidad.
La Causa Berta Cáceres es un llamado a la justicia de los pueblos indígenas, de las mujeres luchadoras hondureñas. Es la resignificación de la vida, pensamiento y acción de la compañera en su dimensión para la lucha histórica del pueblo hondureño. A 45 meses del asesinato, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados.
La organización que Berta Cáceres contribuyó a fundar y que coordinaba en el momento de su muerte, el COPINH, fue premio internacional DDHH del Ayto de Siero.
El 29 de noviembre del 2018 se había emitido el fallo condenatorio del primer juicio por la autoría material del asesinato. Según las leyes hondureñas el Poder Judicial habría de publicar la sentencia escrita, que contendría la individualización de la pena para los condenados, a los 5 días . Pero ha pasado un año.
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, varias organizaciones han exigido que se cumpla el debido proceso que lleve al implicado David Castillo a juicio oral y público y que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala Zablah, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y otras.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades Lencas, que hasta el día de hoy sigue generando ataques severos a las mismas, debe ser cancelada inmediatamente.
También , es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
Informe del GAIPE-Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas. «Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres», se intitula uno de los Informes relevantes que aporta claridad en este proceso.
En él se demuestra que hay Altas autoridades de Honduras involucradas en asesinato de Berta Cáceres.
El informe revela que el plan para asesinar a la lideresa se inició en noviembre del 2015. Incluso, la información obtenida a través de los registros telefónicos permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 5 y 6 de febrero del 2016.
El documento contiene información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y criminalización hacia la compañera Berta y hacia el COPINH. Una de las cosas que se ve claramente a través de las pruebas que contiene el informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de sus empleados y la persecución a integrantes de COPINH.
A través de las páginas del informe se evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo al COPINH y a Berta, pero por el otro brindando total protección y cobertura a la empresa DESA.
Una de las conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de Berta fue concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de criminalizarla.
En un apartado se habla de la banca internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND Y EL BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa hacia el COPINH. Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca.
Resulta estremecedora la estructura criminal que se monta para frenar al COPINH, y que hasta el día de hoy no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla.
El asesinato de Berta Cáceres ha sido considerado «emblemático» de la persecución a activistas indígenas y ambientalistas en un momento en que este tipo de crímenes se han incrementado en todo el mundo, en contraposición a las retóricas de los gobiernos que hablan de la sostenibilidad y aprobaron los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que todavía no se ven por ningún lado en cuanto a aplicación para detener el deterioro del planeta y el colapso climático: si se siguen asesinando a quienes defienden los bienes comunes.. en vez de ser los primeros en recibir protección integral.. ¿cómo hacer creíbles los ODS?
El Informe del GAIPE que tuvo amplia repercusión en verdad no hace sino corroborar informaciones que ya se sabían o que el COPINH , y la familia de Berta Cáceres habían evidenciado: la defensa de los ríos, la defensa de los derechos indígenas, cuesta la Vida.
Pero este informe independiente vuelve a poner de manifiesto que lo aprobado por la ONU hace doce años en su Declaración de derechos de los pueblos indígenas, y 30 años antes en el Convenio 169 de la OIT.. tiene que cumplirse. Y que cuando la empresa DESA con financiamiento europeo vulneró uno de esos derechos, la consulta previa, libre e informada, para llevar adelante su negocio, no sólo estaba violentando esos Derechos de la ONU, sino que estaba en confabulación con autoridades de gobierno y militares atentando a las integridades físicas, espirituales, culturales de las comunidades lencas de la zona.
Este año otra Misión Calificada, con participación de la Abogacía Española y la FIDH, y expresó tras su visita la preocupación por el retraso de la justicia, constató que a lo largo del proceso se mostraron diferentes debilidades estructurales del sistema de justicia hondureño, que hasta el momento continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población. Dentro de las debilidades está la falta de resolución oportuna de recursos judiciales, omisión de investigación de la autoría intelectual de los hechos y limitación de los derechos de las víctimas. Esta Misión de Observación Calificada recalcó que el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen, es una obligación y necesidad para el Estado y la sociedad hondureños, con el fin de garantizar la justicia, la verdad sobre los hechos, así como la garantía de no repetición de hechos similares.
A los 45 meses de su crimen… BERTA VIVE y su organización el COPINH sigue dando ejemplo de honestidad, coraje y dignidad en la defensa de la Madre Tierra.
Esos 45 meses están coincidiendo con una cumbre del Clima de la ONU, que por avatares de la rebelión popular en Chile, se trasladan a Madrid. El asesinato de Berta y otros centenares de ambientalistas en el terreno, no puede estar ausente de la COP25 en territorio español.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.