La pandemia en la finca: desalojos y estados de excepción
En un texto anterior comparábamos algunos populismos de derecha e izquierda en el Abya Yala (Latinoamérica) y el Anawak (Centroamérica). Con algunas diferencias en las políticas sanitarias, más o menos eficaces dependiendo de cada gobierno, en general se han combinado dichas medidas con otras más destinadas al control social, y con apoyos económicos a quienes menos los necesitan.
En términos generales, ese también ha sido el caso del actual gobierno de Guatemala, conformado principalmente por el partido oficial VAMOS, y presidido por A. Giammattei. Para ser justos y no faltar a la verdad, debe decirse que dicho gobierno ha gestionado con un éxito razonable la crisis del coronavirus, en términos sanitarios. Una de las posibles razones para ello es que el presidente es médico de profesión y se ha asesorado por otros médicos especialistas, en especial epidemiólogos.
Otra razón del razonable éxito gubernamental en la contención del coronavirus, ha sido el actuar de los trabajadores de salud a todo nivel, que no queremos llamar “heroico” para no caer en lugares comunes. Sin embargo, dicho adjetivo no estaría descaminado toda vez que estas personas han afrontado los contagios y otros problemas con un sistema sanitario y hospitalario que ya estaba rebasado y colapsado desde mucho tiempo antes de la actual crisis.
La otra cara de la moneda es que siendo un gobierno de derechas, ha optado por tomar medidas de apoyo económico pero principalmente para grupos empresariales. Así ha sido analizada, por ejemplo, la lógica subyacente al toque de queda decretado, ya que permite que los trabajadores se desplacen a sus sitios de trabajo, como fincas, maquilas, fábricas, supermercados y otras, pero los penaliza si aún se encuentran en la calle después del toque de queda (sin tomar en cuenta que esto se debe a que muchas empresas no les permiten salir antes de tiempo).
Ya desde sus primeros discursos relativos al coronavirus, el presidente apeló constantemente a la buena voluntad y a los valores cristianos de los empresarios. Sin embargo, no ha tomado ninguna medida concreta para prohibir, por ejemplo, los despidos, los desalojos o los cortes de servicios durante la crisis. Por el contrario, algunas de las medidas tomadas incluso permiten, por ejemplo, a los empleadores suspender los contratos vigentes sin ningún problema.
Otra problemática que revela con claridad el carácter de las relaciones entre las clases dominantes y el gobierno actual, son los desalojos agrarios en curso. Este es un problema preocupante desde varios puntos de vista, que no tocaremos. Por el momento, no nos vamos a meter a las profundidades históricas relacionadas con el despojo agrario de siglos contra indígenas y campesinos.
Tampoco vamos a cuestionar la evidente injusticia de los cuerpos legales vigentes, que permiten -por omisión- la privatización de tierras comunales al mismo tiempo que criminalizan a las comunidades e individuos que defienden sus derechos a dicha tierra, calificándolos -a ellos sí- de usurpadores. Tan solo queremos señalar un punto relacionado con la actual crisis por el coronavirus.
Una de las principales medidas que el gobierno aconseja y obliga a acatar, es permanecer dentro de nuestras viviendas una considerable parte del día. ¿Qué sentido puede tener, entonces, expulsar a cientos de familias de los terrenos que ocupan para cultivar algunos alimentos y construir precarias viviendas? ¿Qué perversa biopolítica puede poner a la propiedad privada y a la producción de monocultivos por encima de la vida de esos cuerpos,esas familias que quedan sin vivienda, a la intemperie, expuestos al coronavirus, a otras enfermedades, al hambre?
La continuidad entre los gobiernos anteriores y el actual se evidencia en que, con o sin coronavirus, los desalojos no se han detenido. En efecto, se vive la misma oleada de desalojos desde finales del año pasado. No se ha detenido, A lo largo de los primeros cuatro meses de este año se han documentado al menos una veintena de desalojos agrarios y otras agresiones vinculadas (según fuentes comunitarias la cifra real es mayor).
Antes de la cuarentena, los desalojos eran ejecutados por cuerpos armados estatales, apoyados por cuerpos armados privados. Ahora, en teoría dichos desalojos estarían suspendidos en razón de la crisis del coronavirus. Pero la realidad es otra: las mismas empresas agroindustriales y familias terratenientes están realizando sus propios “desalojos privados” (ilegales), sin que los gobiernos locales ni el gobierno central les detengan.
Dentro de los casos documentados por las Comunidades en Resistencia de Sierra de las Minas, tenemos los desalojos ejecutados en las Verapaces desde finales del año pasado hasta la fecha. Entre las comunidades agredidas, se cuentan Rincón San Valentín, Dos Fuentes, Washington, Chiquiwistal y San José El Tesoro (Purulhá, Baja Verapaz), Chicoyoguito, Río Cristalino, Sapatá y varias comunidades de Panimá (Cobán, Alta Verapaz).
Festivales Solidarios y otras fuentes comunitarias han documentado las agresiones contra la comunidad Sechaj (Raxruhá, Alta Verapaz) cuyos pobladores luchaban contra violaciones laborales por parte de una empresa de palma africana relacionada con el llamado ecocidio del Río La Pasión en 2017. Sin embargo, ahora la empresa es la que demanda a los pobladores, e incluso uno de los líderes fue encarcelado a inicios de abril.
La misma empresa de palma africana, violó igualmente los derechos laborales de campesinos de la comunidad Santa Elena (Sayaxché, Petén), quienes en enero de 2020 ocuparon pacíficamente un terreno de la empresa para presionar por el cumplimiento de sus derechos. El 13 de abril, fuerzas armadas privadas de la empresa intentan realizar un desalojo ilegal, disparan contra los comunitarios y hieren a uno de ellos.
En el mismo departamento, a inicios de febrero de este año, comunitarios de Laguna Larga que ya habían sido desalojados en el año 2017 y se asentaron en la línea fronteriza con México, fueron hostigados por grupos armados que amenazaron con desalojarlos. A esto se une el problema de los incendios en la Reserva de la Biósfera Maya, muchos de los ligados a la expansión de la ganadería, según han reportado fuentes comunitarias.
En la comunidad Entre Ríos de Puerto Barrios, Izabal, una mujer viuda que ha residido desde hace 40 años en un terreno dentro de la finca Arizona (propiedad de una empresa bananera de triste memoria en el departamento), recibió el 3 de enero 2020 una carta de desalojo de parte de dicha empresa. Posteriormente, el 15 de febrero, trabajadores de la empresa le trasladan a las oficinas y le obligan a firmar una supuesta acta de desalojo voluntario (todo lo cual es abiertamente ilegal).
En la Costa Sur, se reportó el desalojo de la comunidad El Aguacatillo (Puerto San José, Escuintla) el 3 de marzo de 2020 por parte de agentes de la PNC. Los pobladores resistieron, pero fueron finalmente desalojados. Se trata de unas 150 familias. Luego del desalojo, cuerpos armados privados pasaron a ocupar el terreno. Asimismo, el 5 de marzo se intentó desalojar a la comunidad Las Palmas (Cuyotenango, Suchitepéquez). El desalojo se está reprogramando, mientras tanto la PNC ya solicitó se implante un estado de excepción para realizar el desalojo con más facilidad y proteger a los agentes del coronavirus.
Idéntica solicitud realizó la Cámara del Agro (CAMAGRO) en el caso de tres fincas privadas -Concepción, Cubilgüitz y Sequibal- ocupadas por campesinos en Cobán (Alta Verepaz). La CAMAGRO no solo niega el carácter agrario de los conflictos, sino también acusa a los pobladores tanto de “terroristas” como de “miembros del crimen organizado” y por supuesto solicita un estado de excepción para realizar más fácilmente los desalojos y para “no exponer a los elementos del Ejército y la Policía a un riesgo de contagio en medio de la pandemia”.
En conclusión, y más allá de la pandemia del COVID-19 o SARS 2, puede afirmarse que el gobierno actual de Guatemala no es, desde ningún punto de vista, el producto de un rompimiento o de una superación del gobierno del partido FCN, y del presidente J. Morales. Del mismo modo que aquellos tampoco lo fueron respecto al gobierno del PP y O. Pérez. Lo que puede percibirse son reacomodos y reforzamiento del orden de cosas vigente.
Lo que se hace evidente (con o sin coronavirus) es que cada uno de esos tres sucesivos gobiernos, ha sido a la vez causa y consecuencia de una forma muy particular de lucha de clases -y perdón por la “herejía” de utilizar en pleno siglo XXI un concepto tan anticuado como ese-. Nos referimos a lo que algunos analistas han llamado pugna intraoligárquica. En otras palabras, la pugna o lucha entre distintas oligarquías, o si se quiere, entre distintos sectores de las clases dominantes.
Si bien dicha pugna se ha resuelto en la forma de alianzas coyunturales en torno a eventos como las elecciones y otros (por ejemplo, la crisis del coronavirus), no se ha solucionado -afortunadamente, diríamos algunos- en la conformación de un bloque en el poder. En otras palabras, la creación de un bloque o alianza muy solida, irrompible, entre las distintas facciones de las clases dominantes.
Volviendo a una idea ya planteada, podemos afirmar que el capitalismo ciertamente está herido, pero no de muerte. Su fin aún está lejano, pero ya es más fácil imaginarlo. Ya estamos viviendo los primeros ensayos. Es necesario pensar no solo en el “después del coronavirus”, sino también, y más importante, en el “después del capitalismo”. Eso si, no para mañana ni pasado mañana.
Mientras tanto ¿Qué va a pasar después de coronavirus? ¿Qué podemos hacer hoy y qué podemos imaginar para el día de mañana? No contamos con dichas respuestas, pero algunas cosas si están claras: la opresión y la explotación no se detuvieron, por lo tanto la resistencia tampoco debe hacerlo. La lucha por un mundo mejor, la política de la vida (la biopolítica en el buen sentido), prosigue.
Nada de lo dicho acá es nuevo. Ya lo han dicho muchos autores, ya lo han dicho en las comunidades campesinas e indígenas. La solución pasa por cambiar radicalmente nuestra relación con la naturaleza. Verla menos como “recurso natural” o “riqueza”, y más como “Madre Tierra”. Cambiar las formas en que producimos, consumimos y desechamos nuestros alimentos. Cambiarlo todo.
Si somos parte de los “afortunados” que de una u otra forma cuentan con un techo para pasar la pandemia, debemos, por supuesto, guardar todas las precauciones y cuidados necesarios. Debemos protegernos nosotros y a nuestros seres queridos, pero sin dejarnos derrotar.
Debemos cuidarnos de la amenaza real, biológica del coronavirus, pero también estar en guardia contra su “fantasma biopolítico”. Debemos estar al tanto de las noticias y eventos, por supuesto, pero sin dejarnos dominar por el miedo, y siendo críticos con tanta información exagerada o decididamente falsa que nos puede saturar.
Aprovechemos estos días de encierro obligatorio para acercarnos a los nuestros. Para reflexionar mucho sobre la libertad, la soberanía alimentaria, la lucha por la vida. Para poner las cosas en orden, hacer ejercicio (si es posible), comer bien (en la medida de lo posible), estar fuertes. Sembrar algunas legumbres, si es posible, o al menos alguna plantita, alguna flor. Ya lo dijo el poeta: “¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos”.
Buena suerte y un abrazo.
Camilo Salvadó, investigador independiente