Al pueblo hondureño y a la Comunidad Internacional: Durante los últimos dos años y medio Honduras se ha convertido aceleradamente en uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Entre 2009 y 2011 el índice de muertes violentas se duplicó y las violaciones a los derechos humanos se incrementaron constantemente. El Estado y la […]
Al pueblo hondureño y a la Comunidad Internacional:
Durante los últimos dos años y medio Honduras se ha convertido aceleradamente en uno de los países más violentos e inseguros del mundo. Entre 2009 y 2011 el índice de muertes violentas se duplicó y las violaciones a los derechos humanos se incrementaron constantemente. El Estado y la Sociedad hondureña están sumidos en la peor crisis de su historia en materia de seguridad pública, agravada por el alto nivel de impunidad en el Sistema de Justicia, que pone de manifiesto la descomposición que venía acumulándose desde hace muchos años.
El aparato responsable de impartir justicia y todo el sistema diseñado para dar protección y garantizar la seguridad de los habitantes parece impotente o haberse esfumado del escenario nacional. El Estado en general no muestra la fortaleza necesaria en el momento en que la sociedad más lo necesita.
Estos hechos, tan preocupantes como innegables, tienen como común denominador la circulación en territorio hondureño, de armamento de gran poder, con alto potencial para uso criminal, sin que hasta ahora se haga algo por localizarlo, ni por alertar a la población acerca del peligro latente que se cierne sobre ella.
El gobierno norteamericano ha admitido públicamente la entrega de unas mil armas de grueso calibre a grupos de peligrosos delincuentes mediante la operación «Castaway», versión para nuestro país de «Rápido y Furioso»; ambas son maniobras encubiertas e ilegales del Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de su Agencia contra el Alcohol, Tabaco y Armas, ATF (misma que dictaminó que el incendio del penal de Comayagua fue un accidente).
A las operaciones anteriores se suma el extravío de armamento de alto poder destructivo (RPG-7) de los arsenales de las Fuerzas Armadas desde hace casi dos años, sin que sus jerarcas hasta la fecha hayan podido emitir una explicación razonable sobre este hecho, con la excepción de un escueto comunicado de prensa de la Secretaria de Defensa, recién el día 7 de febrero del año en curso, en el cual encontramos más razones de preocupación que aclaraciones, pues en el mismo se afirma que se extraviaron únicamente los cañones, no las ojivas, y que por lo tanto no existe peligro alguno, abordando con ligereza un asunto de importancia nacional.
Las armas, cohetes RPG-7, conforman equipo de alto poder explosivo, portátil, es decir de alta movilidad, que puede ser operado por una sola persona, perforar láminas de medio metro de grosor, y alcanzar objetivos hasta a medio kilómetro de distancia. El mismo ha sido utilizado en varios escenarios bélicos en el mundo desde la década de 1960.
Así mismo, llama nuestra atención el desarrollo de un patrón mediático que repite con oportuna periodicidad el extravío de este poderoso armamento, así como la falta de racionalidad en el proceso de resolución, lo que nos lleva a pensar que «podría» existir un plan elaborado que implicaría la utilización de estas armas con fines inciertos, contra población civil inocente.
Fundamentados en los elementos de juicio expuestos, consideramos imperativo que el Presidente Porfirio Lobo Sosa, Comandante General de las Fuerzas Armadas, pida explicaciones precisas sobre la operación Castaway al vicepresidente de los Estados Unidos, señor Joe Biden, en su visita a Tegucigalpa, el martes 6 de marzo, demandando la acción urgente del gobierno de Estados Unidos, indicando quiénes serían los responsables del trasiego en suelo hondureño y el paradero final de estas armas; ordenando a quien corresponda presentar un informe detallado de lo acontecido, y se implementen las acciones hasta eliminar en forma definitiva la amenaza, garantizando que este arsenal no sea utilizado contra la sociedad hondureña.
En los planes de depuración de los órganos de seguridad y justicia del Estado de Honduras, obligatoriamente se deben incluir estos dos graves problemas, así como la protección preventiva de las víctimas potenciales y la reparación de aquellas que ya hayan sido afectadas. Esta es una responsabilidad del Estado de Honduras que no debe eludirse.
José Manuel Zelaya Rosales. Coordinador General Partido Libertad y Refundación
Tegucigalpa 3 de marzo de 2012
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