
El fallo contra Chile basado en el Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia (del año 2009) se conoció en diciembre de 2024 tras 3 años de litigio y obligó al país a pagar 21,5 millones de dólares a la empresa ISA-Chile que denunció al Estado por la sanción impuesta debido a reiterados retrasos en la obra. Chile debió devolver con intereses la multa aplicada a la empresa, que inicialmente demandó al Estado por 200 millones de dólares.