El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió dos años el pasado 1 de diciembre. Desde que era opositor hasta ahora que está en el poder, ha sintetizado su agenda en una frase: “primero los pobres”. Sin embargo, a dos años, esta afirmación se ha convertido en una pregunta.
El conservadurismo mexicano sabe bien que no tiene ninguna posibilidad de recuperar Palacio Nacional en 2024. Y por lo pronto está trabajando ahí donde ve algunas posibilidades de mantener ciertas cuotas de poder político y, por lo tanto, presupuestales: gobiernos estatales y municipalidades ricas e importantes.
En un artículo de Témoris Grecko publicado en Eme Equis hace un par de días, titulado “Los apuros de Alejandra Frausto. El grupo de whats que encendió la rebelión”, en el que el articulista consulta a algunos de los participantes del mencionado grupo, se filtra nuevamente la instrucción, no precisamente, a decir de los funcionarios consultados, de “desactivar” a los colectivos, pero sí de desactivar algunas de sus propuestas entre las que destaca, ante la posibilidad de un Congreso Nacional, el carácter vinculante de los resolutivos de este.
1. Si alguien no sabía que es “ lucha de clases” y cómo las clases dominantes le ponen en su madre a los trabajadores, basta ver toda la crudeza en México, así como en todo el mundo capitalista, gobernado incuestionablemente por la burguesía: se protege a los ladrones, asesinos, defraudadores de cuello blanco, a los millonarios que dominan y mandan; sin embargo, por otro lado, se crean leyes para aplastar las batallas, las protestas de los explotados; se criminaliza otra vez a los profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, que cientos de veces han usado este método para exigir que los gobiernos cumplan con sus promesas, que cumplan con sus pagos y liberen a sus presos por luchar.
A dos años –cumplidos el pasado primero de diciembre– de tomar posesión el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cabe plantear un análisis sobre la ruta que adopta el lema que le dio sentido a la carrera política del tabasqueño: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Fue este lema el que lo situó en el epicentro del escenario nacional al menos desde el año 2000 y que lo posicionó en el imaginario social de amplios estratos populares y excluidos de la sociedad mexicana vapulada por la larga noche ultra-liberal.
La obtención de la toma de nota, para la mitad del Comité Central encabezada por Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha tenido un efecto demoledor entre las variopintas filas de grupos opositores, dentro y fuera de nuestra organización sindical.
Era el 2 de diciembre de 2018, en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, al norte de México. Jesús Ramón Martínez Delgado se disponía a cerrar el negocio que le llevaba a su madre, Cecilia Delgado Grijalva, cuando llegó al lugar la patrulla 073, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). De ella descendieron un par de oficiales. Subieron a Jesús, y a otro joven que se encontraba en el lugar, a un vehículo blanco que venía con ellos. Desde ese día Cecilia no supo más de su hijo.
En el gobierno de la Cuarta Transformación existe plena conciencia de la necesidad de derogar las leyes que dan sustento al mecanismo de subcontratación de obreros y empleados, el llamado outsourcing.
En abril de 2018, publiqué un artículo titulado El proyecto Chemours Laguna y los gobiernos de traición nacional, (La Jornada, 6/4/18), en el que me sumé a la denuncia del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en contra de la empresa estadunidense The Chermours Company, que ha buscado instalar, desde 2016, una planta química para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en Durango, después de que en Guanajuato encontró la férrea resistencia, primero en Salamanca, por parte del Observatorio Ambiental Ciudadano Biósfera y, posteriormente, en San Luis de la Paz, al norte de la entidad, por la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.