“Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y desde esa perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los foros públicos o en las conciencias” (José Saramago)
Las deportaciones de inmigrantes por el gobierno de Donald Trump se convirtieron de una promesa de campaña y amenaza, a una realidad. Un problema es que el Presidente y varios de sus funcionarios relacionan el concepto de inmigrante con el de criminal, solo por pasar la frontera entre México y EEUU en forma ilegal. Se pensó que los (as) deportados serían aquellos que cumplen prisión en cárceles de EEUU o que han cometido delitos, pero miembros de la comunidad de inmigrantes denuncian que esta priorización no existe.
Ello implica tratar a los inmigrantes como criminales, deportándose a sus países de origen encadenados.
Uno de los reclamos del presidente Gustavo Petro de Colombia al Gobierno de Estado Unidos es por el trato a los inmigrantes y no existe, al menos no se muestra, un procedimiento adecuado conjunto para realizar las deportaciones masivas. El presidente de Colombia se opuso a que aterrizaran dos (2) aviones militares procedentes de Estados Unidos en suelo colombiano y que traían ciudadanos de este país. La respuesta de Donald Trump fue aumentar los aranceles a las importaciones desde Colombia, cancelar las visas y endurecer las medidas en las aduanas para la entrada de ciudadanos y productos colombianos a los EEUU.
El presidente Petro amenazó con responder con medidas arancelarias parecidas, pero entre países asimétricos los impactos negativos en la economía colombiana, de concretarse las amenazas de Trump, serían de magnitudes insospechables, ya que EEUU es el principal mercado para los productos colombianos, observando también una balanza comercial deficitaria.
Entre enero y noviembre de 2024, las ventas hacia este mercado alcanzaron los US$ 13.106 millones, lo que refleja un crecimiento del 7,6% en comparación con el mismo período de 2023. “Los principales productos vendidos hacia este mercado fueron petróleo, oro, café sin tostar, flores y puertas, ventanas y sus marcos. Estados Unidos representó el 29% del total de las exportaciones de Colombia a noviembre del año pasado” [1]
Se ha dicho por Javier Milei, presidente de la Argentina, que Donald Trump no es un presidente proteccionista y usa estas amenazas para conseguir objetivos políticos, pero la evidencia demuestra que no es tan “libertario” como desearía que fuera el hombre de la “motosierra” del Gobierno gaucho. En su primer mandato fue evidente el interés del presidente Trump por modificar el tratado comercial como México y Canadá, presionando con el uso de restricciones arancelarias para que varias de las empresas estadounidenses en México regresaran al país.
Ya hay comunicados de ambos países que el conflicto se ha solucionado y no habrá sanciones, al aceptar Gustavo Petro las deportaciones de colombianos desde EEUU, donde parece ser que el Gobierno ha introducido un trato más humano; pero hay en marcha una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por la presidenta de Honduras Xiomara Castro. La reunión está prevista a realizarse el día jueves 30 de enero de 2025 en Tegucigalpa, Honduras, donde Petro ha confirmado su asistencia presencial. Los temas de agenda incluyen, además de la migración, el medio ambiente y la unidad latinoamericana que cada vez vuelve más difícil.
Un problema que enfrenta la CELAC es que parte de los gobiernos de los países miembros no comparten la agenda de la presidenta Castro cuando se trata de enfrentar problemas que involucran a países de la llamada línea del socialismo real o del Siglo XXI, caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en parte Honduras, Bolivia, Colombia y México. En caso de las políticas de migración de Donald Trump, estos países se muestran a favor de las mismas y prestos a colaborar con el Gobierno estadounidense en las acciones a realizar para que el proceso se ejecute en orden. En el caso de Centroamérica, países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y en menor grado Panamá, apoyan -en forma abierta- las políticas de Donald Trump.
En el caso de Nicaragua y Honduras, ambos han sido eliminados de la agenda de visita del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su gira por la región. La percepción desde Washington es que estos países no tienen una agenda democrática, sea porque se han entornado en el poder y debilitado las instituciones (léase Nicaragua) y con Honduras se evidencia que su agenda es contraria a los intereses del Gobierno del Norte al reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y no a Edmundo González, denunciar el tratado de extradición de narcotraficantes a EEUU y amagar con cerrar la base militar gringa Enrique Soto Cano, en la región central del país.
El frente de trabajo en el tema de migración que lideran México, Colombia y Honduras, necesita urgentemente de un plan de mayor plazo, no solo para identificar acciones relacionadas con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, sino también en la construcción de políticas y estrategias regionales, más allá de la propuesta del Triángulo Norte y que, al parecer, los mayores beneficiarios serán Guatemala y el Salvador, y en menor grado Honduras.
Es evidente que Donald Trump también recortará la llamada ayuda al desarrollo a los países latinoamericanos, canalizada mayormente por USAID. Ello abre una posibilidad de cooperación mayor entre los países, fortaleciéndose con instancias como la CELAC. Por los momentos se ha congelado por 90 días toda la ayuda al desarrollo por el Departamento de Estado, en espera de una evaluación de sus resultados y el posible alineamiento a las políticas de Washington, sumado a recortes de fondos para salud y cambio climático.
La reunión de la CELAC también es una oportunidad para revalorar el rol de países “seguros”, designado para México, Guatemala y Honduras, y los costos que ello implica. En el caso del México, ya dio muestran de este rol al contener mediante el uso de la fuerza militar la caravana de migrantes post-Trump. Lo mismo sucede con los costos ambientales, no recuperados, de aquellos países altamente contaminantes. Trump es poco dado a reconocer costos internos por ello, lo que implica ajustes en las partidas presupuestarias de los gobiernos.
La política de Donad Trump es temas de migración, ayuda y combate del narcotráfico, seguridad y corrupción, tiene un alcance regional, pero las acciones son país por país. Por tanto, la estrategia regional de CELAC debe tener sustento en estrategias y políticas nacionales.
En el caso de Honduras, las autoridades del Gobierno estiman que unos 280.000 ciudadanos serán deportados, lo cual aumenta las cifras ya que en 2024 solo se deportaron 37.000 migrantes (unos 44.000 según cifras del Instituto de Migración). Para dirigentes de las asociaciones de inmigrantes en EEUU, las estimaciones hablan de 5.000 personas mensuales. El Gobierno se prepara para enfrentar esta demanda con el programa “Hermano, Hermana Vuelve a Casa”, que tiene tres pilares: un bono compensatorio como ayuda económica (se habla de 100 dólares mensuales); b) Apoyo alimentario, para que puedan acceder a alimentos; c) Capital semilla de 1.000 dólares para emprendimientos y pequeños negocios, y un Programa masivo de empleo con recursos mayormente de inversión pública y cooperación bilateral, pero que debería incorporar recursos privados.
La estrategia de CELAC para enfrentar de forma conjunta y regional a las deportaciones desde EEUU debe ser aprobada con carácter de urgencia, involucrando a la UE y China. Deberá hacer visible además una política regional unificada para cobrar por la contaminación ambiental. En los Estados Unidos hay que trabajar con las asociaciones y facilitar información sobre los derechos de las familias (especialmente menores de edad) cuando sus padres son deportados.
Nota:
[1] Andrea Gómez, CNN en español, Colombia, 28 de enero de 2025.
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