“Hoy es un día para los que creemos en la vida después de la muerte, porque Berta Cáceres Flores está en cada bosque frondoso, en cada río caudaloso y en cada vida”(Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
La minería de cielo abierto y la destrucción de los bosques, sumado al cambio climático, se han constituido en los principales factores explicativos que, a no dudarlo, son los causantes de la pérdida de capa boscosa, biodiversidad, sequia, inseguridad alimentaria y pobreza. A ello se suma el llamado “despertad” de la droga, donde Honduras se ha convertido en un país productor, consumidor y exportador de cocaína. Es curioso, pero las zonas de protección y reserva forestal, se han abierto más para permitir la ganadería extensiva (un pretexto para cultivar cocaína), destruyendo uno de los principales pulmones de vida con que cuenta el país y región: La reserva de Biosfera del Río Plátano.
A ello se agrega la piromanía como practica deportiva y política. En el último incendio forestal en la Sierra de Agalta en el Departamento de Olancho, las autoridades locales creen que fue premeditado, y se pagaron a pirómanos para que ello ocurriera. Frente a una débil conciencia y educación ambiental, falta de control efectivo de las zonas y áreas protegidas y poco involucramiento de las comunidades, los incendios forestales en época seca es la regla no la excepción (se estima que más de 300,000 has. de bosque se han consumido por dichos incendios en lo que va del año), siendo los costos muy altos para la economía y sociedad, sobre todo para las generaciones futuras.
Estas malas prácticas y ausencia de decisiones planificadas y compartidas entre actores, han hecho visible problemas que hace unos 15 o 20 años eran impensables, como mayores retrasos en el régimen de lluvias, pérdida de visibilidad, alta contaminación del aire y generalización de enfermedades respiratorias. El Gobierno ha tenido que volver al teletrabajo, cerrando escuelas, colegias y universidades a las actividades presenciales, y el trabajo en el sector privado se condiciona al uso de mascarillas y voluntad de los trabajadores en varias empresas. El lunes 20 de mayo de 2024, la contaminación del aire en la ciudad capital de Honduras alcanzó un índice de 406, muy peligroso para la salud de la población, sobre todo para adultos mayores, niños y aquellos con hipertensión arterial.
Frente a ello, el Gobierno a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ha declarado emergencia nacional ambiental contra la deforestación. Se busca canalizar unos 19,000 millones de lempiras entre 2023-2029 para lograr la meta de “Cero” deforestación en el país, siendo una meta bastante ambiciosa ya que entran en juego prácticas, comportamientos e intereses económicos. En el agro nacional, es de conocimiento que los campesinos queman la tierra para dejarla lista para el nuevo ciclo, lo cual se considera una práctica negativa contra el ambiente y fertilidad del suelo. No obstante, hay experiencias exitosas en el país donde las quemas se hacen fuera de las parcelas o se usan los mismos “rastrojos” como abonos del suelo. Hay que aprehender de las mismas, caso del proyecto Lempira Sur ejecutado con apoyo de FAO.
Los ganaderos y narcotraficantes usan a los campesinos para que deforesten, prendiéndole fuego al bosque y utilizando la tierra para unos o varios ciclos agrícolas, pero después dejarla para ganadería extensiva. El problema es la evidencia que el Instituto Nacional Agrario (INA) ha otorgado títulos de propiedad en tierras de vocación forestal, sin que existan compensaciones por daños causados. Lo mismo sucede en áreas protegidas o zonas de reserva de agua periurbanas, caso de la “Tigra” en Tegucigalpa y Cordillera del Merendón en San Pedro Sula, donde se han destruido-en lo que va del año- una gran cantidad de hectáreas de bosque.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad instruyó a la Fiscalía y Policía para que investiguen el modus operandi de asociaciones y organizaciones que realizan actividades comerciales y criminales que afectan a comunidades en posesión de los recursos naturales, igual ejercer un mayor control de las carreteras frente al creciente tráfico de madera y drogas, eliminación de la maquinaria depredadora del bosque y ríos, anulación de títulos otorgados por INA en zonas de vocación forestal y mayores penas a los pirómanos.
Es muy importante reconocer el grado de magnitud que el problema reviste. Desde la perspectiva institucional, conviene identificar y caracterizar a los actores involucrados, no solo instituciones de gobierno, sino también agencias de cooperación, asociaciones de productores de madera y granos básicos, asociaciones campesinas y pueblos étnicos, comercializadores y exportadores de madera, ONGs y agencias de cooperación internacional. Es necesario la reactivación del Consejo Consultivo Nacional Forestal (COCONAFOR) yla Mesa de Cooperación Agroforestal, lo que podría impulsar y fortalecer las instancias regionales, departamentales y municipales de participación ciudadana e integración de actores.
La efectividad de las acciones que se realizan es también importante. En el pasado, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) trasladaba fondos, lo sigue haciendo, a las FFAA para el cuidado del bosque y control de los incendios forestales, pero el grado de efectividad era menor del 60%. Se espera que con los batallones ambientales creados por la presidenta Xiomara Castro movilicen unos 8,000 efectivos, pero en su mayoría deberían instalarse y dormir en terreno, cerca de las áreas a proteger como las zonas de reserva de agua.
Lo mismo puede decirse de la las instituciones públicos en el cumplimiento de las metas establecidas en los planes estratégicos y regionales de mediano plazo. La cartera de programas y proyectos de inversión en el sector forestal sigue siendo limitada, lo que implica aumentar los montos de recursos que exigen la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, sumado a una mayor eficiencia del gasto público forestal.
Un punto central de estas estrategias y planes ha sido el involucramiento de las comunidades en la protección, uso y comercialización de los recursos, productos y subproductos forestales. El vínculo entre lo institucional y comunitario ha sido débil, solo sostenible cuando existe un programa o proyecto de desarrollo forestal ejecutado con fondos externos; lo mismo puede decirse de las relaciones con el sector privado cuando se trata del corte, comercialización y transformación de la madera.
Se observa una especie de forestería de contrato, donde las comunidades dejan en manos de empresas privadas el corte y comercialización de la madera, fijando estas últimas los precios. Igual de débil ha sido el rol que cumplen los gobiernos municipales en la protección del recurso forestal, en tanto los recursos mayormente los concentra el Gobierno central y existen pocos proyectos de inversión liderados por las autoridades municipales.
El aporte del sector forestal (silvícola) al PIB ha venido en declive. En 2000 el aporte fue de 2.12%, bajó a 0.93% en 2009, el año del golpe de Estado, un 0.82% en 2016 y 0.72% en 2021. (ICF: Boletín Estadístico Forestal, Junio, 2022, pág. 14), y se estima en 0.70% del PIB para 2023. El mayor aporte es el rubro de madera aserrada, no de productos o subproductos con alto grado de transformación industrial y valor agregado. “En el año 2021 se extrajo un volumen total de 568,989.03 m3 de madera en rollo. El volumen fue extraído mediante planes de manejo forestal a través de sus respectivos planes operativos, y se concentró en las regiones forestales de Olancho con 227,290.30 m³, Francisco Morazán con 106,878.84 m3 y El Paraíso con 84,638.08 m3” (ICF, opi, cit, pág. 6).
Sacamos legalmente madera para venderla mayormente en Centroamérica, pero también observamos cada año como se pierden los bosques y fuentes de agua.
El 29 de junio de 2021, el Congreso de la Republica ratificó el Acuerdo Voluntario de Asociación con la Unión Europea, que incluye disposiciones sobre el comercio de productos de la madera con destino a la Unión Europea, la Gobernanza Forestal y la aplicación y efectividad de leyes. “El AVA-FLEGT enfatiza el cumplimiento de las leyes hondureñas, especialmente las relacionadas con aspectos forestales, ambientales y fiscales, así como las relacionadas con los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del sector y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo ello, con especial incidencia en lo referente a la Consulta Libre y Previamente Informada, cuando se realicen actividades de aprovechamiento en territorios de estos pueblos” (Comunicado de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, Tegucigalpa, 29 de junio de 2021).
El Acuerdo entró en vigor en mayo de 2024, y se espera un mayor control de las actividades forestales (tala ilegal del bosque) por parte de las autoridades de los países que lo suscriben, contando con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea. En el caso de Honduras, también debe ponerse énfasis en la protección de las comunidades indígenas y la institucionalización de la consulta sobre la ejecución de programas y proyectos energéticos y de minería de cielo abierto en sus territorios. A nivel agregado, implica la vigencia de una política de largo plazo (2025-2040) para la protección y desarrollo del sector forestal aprobada por el Congreso de la República, acompañado con el monitoreo permanente de la cooperación externa, y una institucionalidad más dinámica que elimine competencias concurrentes, prácticas corruptas e integre al Gobierno a los actores de tierra adentro.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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