Esta semana los uruguayos nos enteramos que ya son cinco las fábricas de celulosa que se instalarían en el país. Peor aún, el presidente Tabaré Vázquez dio luz verde al comienzo de las tratativas para firmar un TLC entre Uruguay y Estados Unidos. «El tren, algunas veces, pasa una sola vez», dijo Tabaré Vázquez el […]
Esta semana los uruguayos nos enteramos que ya son cinco las fábricas de celulosa que se instalarían en el país. Peor aún, el presidente Tabaré Vázquez dio luz verde al comienzo de las tratativas para firmar un TLC entre Uruguay y Estados Unidos.
«El tren, algunas veces, pasa una sola vez», dijo Tabaré Vázquez el 9 de agosto en una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos y el Congreso de las Americas, en la que participó el representante adjunto de Comercio de los Estados Unidos, Everett Eissenstat. El presidente uruguayo se mostró partidario de negociar con «pragmatismo», enfatizó que en materia de negocios no es bueno actuar en base a «ideologías» y que está dispuesto a llegar «tan lejos como sea posible» en sus relaciones con la potencia del norte. «En materia de comercio con los Estados Unidos, Uruguay no parte de cero, hay un camino recorrido y también un camino para recorrer. Estamos dispuestos a ello», dijo Vázquez, aunque aseguró que también pretende mantener buenas relaciones con el Mercosur.
Sentarse a negociar
Según todos los analistas, desde la derecha hasta la izquierda, desde los sindicatos hasta los empresarios, Tabaré Vázquez envió una clara señal de que pretende firmar un TLC con Estados Unidos, aunque se cuidó de hablar explícitamente de libre comercio. Sabe que el gabinete está dividido, que buena parte de la población se opone a un TLC y que su fuerza política, el Frente Amplio, tiene una resolución expresa que rechaza ese tipo de acuerdos. De ahí que se busque abordar la temática a través de otros nombres, como el ABC (Acuerdo Bilateral de Comercio), cuando los negociadores estadounidenses acaban de asegurar que la propuesta para Uruguay es un acuerdo idéntico al que acaba de firmar Perú.
A apropósito, la economista Ariela Ruiz Caro en su libro Riesgos del TLC Perú-Estados Unidos, recuerda que en el caso andino el Congreso fue ajeno a las negociaciones y se limitó a ratificarlo; que la estrategia estadounidense consiste en «dejar los temas sensibles como propiedad intelectual y el agrícola para el final», como sucedió con México, Chile y Centroamérica; que el proceso de negociaciones es «prolongado, extenuante y costoso» y que siempre está marcado por los negociadores de Estados Unidos que proponen falsos blancos para distraer la atención; que la superpotencia se caracteriza por «ausencia de contrapropuestas a los planteamientos andinos en los temas más sensibles, cambios de jefes en las mesas de negociaciones y ausencia de negociadores en algunas de ellas, sin que mediaran aviso alguno».
Luis Guillermo Restrepo, miembro del grupo técnico colombiano que representó al sector salud en la mesa de derechos de propiedad intelectual, concluyó en su carta de renuncia que luego de 18 meses «nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos es necesario abandonar la estrategia de ‘negociación por intereses’, traspasar las ‘líneas rojas’ y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y los países centroamericanos».
Así y todo, el presidente uruguayo está decidido a comenzar el proceso negociador antes del mes de octubre, como lo demanda el Congreso estadounidense. Quizá la jugada más importante que anunció Vázquez el 9 de agosto consiste en sortear la oposición de su propia fuerza política. «Este tema no lo resuelve sólo una fuerza política, este tema lo resolvemos entre todos los uruguayos», dijo el presidente. En el fondo se trata de una amenaza: el TLC podría aprobarse con los votos de la derecha y una parte de la izquierda, aunque Vázquez pretende que la mayor parte de su partido se sume a un eventual acuerdo para evitar pagar elevados costos políticos.
Y además, las papeleras
El claro guiño de Vázquez llega en un momento en el que se produce una fuerte disputa entre el gobierno argentino y el FMI. El 7 de agosto la representante de Comercio de Estados Unidos, Susan Schwab, declaró a la prensa que Washington pretende excluir a Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros once países, del Sistema Generalizado de Preferencias que permite venderle a Washington más de 3.000 productos sin aranceles. La respuesta del presidente Néstor Kirchner no se hizo esperar: «Nosotros ya no tenemos relaciones carnales con nadie. Somos un país independiente», marcando de esa manera distancias con el período en que Carlos Menem había establecido «relaciones carnales» con Estados Unidos con resultados catastróficos para el país.
La misma semana el Banco Central de Argentina propuso a Paraguay y Uruguay eliminar el dólar en sus intercambios comerciales, como ya decidieron hacerlo Argentina y Brasil hace dos semanas. La iniciativa se encamina a conseguir una moneda única para el Mercosur, lo que podría significar una seria consolidación de la alianza comercial. Hasta el momento, y aunque Uruguay consideró la propuesta como «interesante», el presidente del Banco Central oriental, Walter Cancela, señaló que la medida «para Uruguay puede tener dificultades» porque «es una economía muy dolarizada». En suma, la parte uruguaya recibió la propuesta con cierto escepticismo.
Lo que sigue marchando viento en popa en Uruguay son las papeleras. La segunda semana de agosto, una semana oscura por cierto, trascendió que ya son cinco las papeleras que pueden instalarse en un pequeño país de 18 millones de hectáreas. A los emprendimientos de la finlandesa Botnia y la española ENCE sobre el río Uruguay, motivo de conflicto con Argentina, se sumó hace varios meses la propuesta de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso de instalar una planta en el centro del país. Ahora trascendió que una empresa canadiense pretende instalar otra más, pero el ministerio de Industria mantiene la iniciativa en «absoluta reserva»; mientras, empresarios iraníes adelantaron que pueden instalar una quinta planta en la laguna Merin, fronteriza con Brasil.
Un país que luego de la dictadura militar (1973-85) se destacó como paraíso financiero, pagando un elevado costo económico y social al hundirse la industria nacional, ahora puede convertirse en el paraíso de la industria papelera, una de las más contaminantes que existen. Y, bajo un gobierno que se proclama progresista, todo indica que comenzarán a darse los primeros pasos para la negociación de un TLC con Estados Unidos sin la necesaria oposición de los movimientos sociales: la marcha contra el TLC convocada el 9 de agosto contó sólo con 500 manifestantes.