«A llorar al cementerio…» fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, […]
«A llorar al cementerio…» fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a «los campesinos e indígenas de Panamá». La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en «estado de sitio». El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
Apenas en febrero de este año, Martinelli desplazó al SENAFRONT a San Félix donde el pueblo ngobe buglé organizado se opone a la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Murieron dos trabajadores. En 2010 Martinelli también transportó en avión varios batallones del SENAFRONT para aplastar una protesta de los trabajadores de la bananera Bocas Fruit. En este caso, murieron dos obreros indígenas. Todas las muertes fueron provocadas por heridas de balas. Se registraron, además, decenas de heridos de perdigones y mujeres ultrajadas.
La privatización de la ZLC
La «privatización» de las tierras de la ZLC traspasa la propiedad de ese patrimonio de la ciudad de Colón a intereses privados. Hasta ahora, la tierra era propiedad del Estado y patrimonio de los colonenses (según la Ley que creó la ZLC en 1948). Los comerciantes alquilaban los lotes donde construían mejoras (almacenes y tiendas) para depositar mercancías y venderlas a los compradores de países vecinos (en gran parte, la región andina, el Caribe y Centro América).
Hay dos versiones para justificar la operación financiera del gobierno de Martinelli, ninguna de las cuales se relaciona con las políticas neoliberales impuestas por las agencias financieras norteamericanas. Por un lado, los financistas del Ministerio de Economía y Finanzas incluyeron en el presupuesto de 2013 una partida de US$ 400 millones que sería cubierta con la venta de las tierras de la ZLC. Por el otro, con la venta de las tierras el gobierno está creando un nuevo segmento de «rentistas» que vivirían de los alquileres de las tierras de la ZLC. Es decir, se trasladaran los ingresos de los alquileres que recibe el gobierno a un grupo de propietarios privados.
Una tercera versión, que surge de algunos sectores, es que Martinelli tiene interés en comprar el paquete inmobiliario y convertirlo en parte de su patrimonio personal. También se estudia la venta de los terrenos vecinos (del Estado) que ampliarían la ZLC que serían adquiridos inmediatamente. Esta opción no fue concebida ni por los fundadores de la ZLC quienes veían la zona franca como un negocio rentable sin necesidad de tener que compartirlo con los «rentistas». Los gobiernos liberales (1948-1968), militares (1968-1989) y neoliberales (1990-2010), a su vez, vieron la ZLC como una «caja menuda» siempre disponible para desarrollar proyectos en diferentes partes del país. El diputado de la oposición, Elías Castillo, señaló que el gobierno quiere vender estas tierras para «utilizar ese dinero para gastos y para politiquería». Según otro diputado, José Blandón, el gobierno necesita dinero para sufragar «el clientelismo y el robo descarado de los recursos públicos».
Todo Panamá se solidariza con Colón
En una extraña coincidencia, la Asociación de Usuarios de la ZLC, la Cámara de Comercio, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones cívicas y populares condenaron la actitud del gobierno que no quiso dialogar antes de aprobar la Ley 72 en la Asamblea. En medio de las manifestaciones populares en la ciudad de Colón, el presidente Martinelli salió del país con destino a Japón (su viaje número 67 al exterior en tres años de gobierno). En Japón Martinelli tuvo el tiempo necesario para atacar a China provocando un incidente internacional deplorable con el principal surtidor de mercancías de la ZLC y el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.
El gabinete de Martinelli parece que está experimentado serias grietas por la forma irresponsable que ha manejado las protestas colonenses. Por un lado, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha indicado en privado que abandonaría su cargo por razones de salud. A su vez, la ministra de Educación, Lucy Molinar, también ha evidenciado descontento por los acontecimientos de Colón. La ministra fue la única miembro del gabinete que no firmó el proyecto de Ley cuando fue enviado a la Asamblea.
El país entero se ha solidarizado con el pueblo de Colón, las provincias, las comarcas, los municipios, los trabajadores del agro, los obreros de la ampliación del Canal de Panamá, estudiantes e, incluso, sectores empresariales. A la vez, responsabilizan nuevamente al presidente Martinelli, por los desmanes cometidos por las fuerzas policíacas.
Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blog
Fuente: http://alainet.org/active/59067