En medio del nerviosismo que produce, tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas, la falta de resultados de las excavaciones en busca de restos de desaparecidos, dos organizaciones, Crysol y la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, difundieron documentos que introducen dos importantes propuestas: una, reclamando de las Fuerzas Armadas la iniciativa, puesto […]
En medio del nerviosismo que produce, tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas, la falta de resultados de las excavaciones en busca de restos de desaparecidos, dos organizaciones, Crysol y la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, difundieron documentos que introducen dos importantes propuestas: una, reclamando de las Fuerzas Armadas la iniciativa, puesto que ya han admitido la responsabilidad institucional en los crímenes de lesa humanidad, de la derogación de la ley de caducidad, que ampara su impunidad; y otra, proponiendo al presidente de la Repúbica la instalación de una Comisión de la Verdad (*).
Precisamente, sobre esos temas y otros que refieren a la problemática de los derechos humanos, BRECHA mantuvo en París un diálogo con Zelmar Michelini, hijo del fundador del Frente Amplio asesinado en Buenos Aires en 1976, como prolongación de una entrevista anterior. Las reflexiones de «Chicho» Michelini incorporan, además, detalles sobre gestiones e iniciativas que arrojan luz sobre conductas e intenciones. Lo que sigue es una síntesis del diálogo.
-Hasta ahora existen dos informes, el de la Comisión para la Paz y el de los mandos militares publicado el 8 de agosto último. Aunque ambos permitieron avances, ninguno logró su cometido: conocer la verdad. ¿Por qué? Por falta de independencia y por privilegiar la palabra de los represores en detrimento de la voz de las víctimas. La Comisión para la Paz estuvo sometida a la jerarquía del presidente Batlle. Los mandos militares son juez y parte. Su informe está llenó de mentiras, fue escrito con mala fe, para inducir al error y seguir ocultando muchos de los crímenes de la dictadura. La voz de las víctimas debe registrarse en una Comisión de la Verdad, como las que hubo en Argentina o en Chile, a los efectos de otorgar un valor oficial a sus testimonios. Una Comisión de la Verdad puede permitirle al gobierno retomar la iniciativa, destrabar la situación. Permitiría ordenar las denuncias por capítulos: asesinatos, torturas, desaparecidos, porque a esta altura está claro que la represión no se expresó solamente en desapariciones.
-Hay también cierta omisión de las víctimas y de los familiares porque hay numerosos casos en los que no existen las denuncias correspondientes.
-Ciertamente, pero eso tiene una explicación. La presión del poder político y, en forma más general, la presión social por imponer el silencio fue muy fuerte. Como ejemplo, alcanza con repasar la prensa del 95 al 97 y ver la violencia de las críticas que recibía mi hermano Rafael cada vez que hablaba del tema de los desaparecidos, de buscar la verdad. Si un senador era tratado así, imagínese un simple ciudadano…
-Para el Parlamento, ni que decir para la gente, hay momentos distintos. No es lo mismo el comienzo de la última presidencia de Julio María Sanguinetti que el comienzo de la presidencia de Tabaré Vázquez…
-Sí, pero aquel momento ya pasó. Sanguinetti, en un reportaje reciente, decía que a Lacalle nadie le reclamó nada, y se preguntaba: ¿por qué a mí? El triunfo de la impunidad en el referéndum fue un golpe impresionante, que desmoralizó y desmovilizó a la sociedad. Durante cinco años no hubo un solo dirigente político que hablara del asunto de los desaparecidos. En diciembre de 1994, cuando mi hermano Rafael fue electo senador, comentamos que había que «moverse por los desaparecidos y por el viejo». Pensamos: «Sanguinetti armó el lío, él va a tener que arreglarlo». Entonces, en su primera reunión con Sanguinetti -si no en la primera, en la segunda- Rafael le planteó: «¿Qué se puede hacer para aplacar el dolor de los familiares de las víctimas?». Sanguinetti le dijo: «Dos personas nada más tuvieron siempre el panorama claro de lo que pasaba en el Ejército: tu padre y yo». Rafael le respondió: «Entonces usted tiene influencia entre los militares para resolver el problema de los desaparecidos». Sanguinetti no le dijo que no y Rafael le pidió autorización para reunirse con los mandos. Así empezó la cosa, aunque ahora, que los militares reconocen algunos de sus crímenes, Sanguinetti dice que los mandos carecieron de lealtad hacia él.
-Sí, Sanguinetti todavía tiene amplios espacios para adulterar la historia. Hay numerosos indicios de que Sanguinetti intervino precisamente para abortar cualquier intento, en el interior de las Fuerzas Armadas, de revelación del pasado oculto.
-Mis hermanos Rafael y Felipe se reunieron con los generales. Fue una reunión muy tensa porque la conversación comenzó con la afirmación: «Ustedes mataron a nuestro padre». Ningún general lo negó explícitamente, ninguno dijo «eso es falso». Esas conversaciones quedaron en nada. Luego, Rafael le propuso a Sanguinetti la instalación de una Comisión de la Verdad. El presidente le dijo que si conseguía militares dispuestos a testimoniar podía estudiarse la posibilidad. Había militares dispuestos, entre ellos el general Ballestrino, quien reveló el Operativo Zanahoria, pero Sanguinetti prefirió seguir protegiendo a los criminales. Hace poco la prensa difundió un documento muy lúcido del general Óscar Pereyra, escrito en 1997, quien advirtió que inevitablemente se transitaría el camino de la verdad y que no tenía sentido perder diez años obstruyendo lo inevitable. Por culpa de Sanguinetti se perdieron diez años, se prolongó el sufrimiento de los familiares.
-En realidad Sanguinetti nunca enfrentó un ultimátum militar por la cuestión de los derechos humanos; era él quien dictaba la política a los propios militares.
-Eso está claro. Hay tres momentos clave en la vida política de Sanguinetti: en 1967 Pacheco lo hizo ministro de Industria y Comercio; en 1972 Bordaberry lo nombró ministro de Cultura; en 1984 el general Hugo Medina lo designó presidente de la República. Le debe su carrera política a los represores. A los tres les pagó favores con silencio e impunidad. Para impedir que ciertos protagonistas sigan contando «su» historia, se hace necesario establecer la verdad histórica. No creo en historias oficiales, pero en Uruguay existe una mentira oficial, plasmada en los dos tomos sobre la «lucha antisubversiva» editados por las Fuerzas Armadas. Frente a eso hay que hacer algo, restablecer al menos la verdad de los hechos…
-Hay tres historiadores que están trabajando en ese sentido…
-Por ahora están recopilando la información de la Comisión para la Paz y del informe de los mandos militares, y están trabajando con los documentos ubicados en cancillería. Pero hay que hacer más. Lo mismo que se hace en la cancillería debe hacerse en los ministerios de Defensa e Interior, y en Presidencia. ¿Dónde están los archivos del Cosena? Una Comisión de la Verdad podría abrir varios capítulos, uno sobre los asesinatos, otro sobre las desapariciones, otro sobre las torturas, otro sobre el régimen carcelario, que es una historia siniestra. Hay que rastrear la documentación, recoger testimonios y establecer mecanismos para que los militares también brinden la información. Desde el 8 de agosto en adelante ha habido una inflación de información; hay que ordenarla, separar la paja del trigo, y jerarquizarla.
-Una Comisión de la Verdad, aun cuando estuviera constituida por personalidades que dieran garantías y contara con el respaldo popular, requiere de la orientación del gobierno.
-Tendría que ser una comisión independiente, integrada por juristas, historiadores y personalidades reconocidas. El gobierno tendría que instalarla y darle medios materiales y jurídicos para trabajar con el objetivo de establecer la verdad. Por otra parte, pienso que una parte de la verdad se va a obtener por vía jurídica.
-Pero la situación en la justicia es muy complicada.
-La justicia uruguaya no ha sido independiente. Durante 20 años ha estado sometida a la impunidad, voluntaria o involuntariamente, y cuando aparecía un juez independiente, valiente, el gobierno se encargaba de ponerlo rápidamente en vereda. Ahora comenzamos a salir de la era de la impunidad, entramos en la era de la justicia y el sistema judicial debe adaptarse. El gobierno debe dar señales claras en ese sentido para que fiscales protectores de asesinos no interrumpan el camino de la justicia. Cada vez que surge un avance parcial aparecen los resignados de siempre diciendo, bueno, ya está, se acabó todo, pasemos a otra cosa, que esto sirva de punto final. Sin embargo, en Argentina hubo leyes de punto final que no finalizaron absolutamente nada. Y en Uruguay va a ser igual.
-Lo cierto es que no hubo reacción popular cuando los gobiernos desplazaron a jueces que pretendían investigar, como Reyes o Recarey.
-Sí, pero por primera vez siento que todos los diques que se habían construido saltaron, incluso los diques dentro de la izquierda. La gente toma iniciativas e incluso se habla ya de derogar, de superar la ley de caducidad. No es menor -y estoy seguro de que repercute profundamente en la actitud de la gente- que, después de 20 años de negarlo, los militares admitan que hicieron desaparecer ciudadanos y asesinaron a prisioneros. Implica un impacto psicológico muy fuerte, a tal punto que políticos como Sanguinetti, cómplices del silencio y del secreto de los militares, ahora dicen que los mandos les «mintieron».
-Es el fracaso de la política del miedo, del discurso de Sanguinetti («¿qué quieren, volver a aquellos tiempos?»), un recurso de revivir el terror para impedir la verdad.
-La ley de caducidad no fue derogada por el miedo al golpe. Y fue aprobada por miedo al golpe. El propio Wilson Ferreira Aldunate lo dijo, como explicación de la conducta de su partido. Ahora hay otra actitud en la gente, sólo falta que los políticos se pongan en sintonía. Por ejemplo: la ley de caducidad fue votada por el Parlamento; no estaría mal que el propio Parlamento examinara cómo ha sido aplicada en todos estos años. Eso para no mencionar la necesidad de derogarla. Es una vergüenza que el arsenal jurídico del país tenga una ley como ésta, que además contradice la normativa internacional. Pero eso ocurrirá inevitablemente, como ocurrió con el punto final y la obediencia debida en Argentina.
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(*) LA PROPUESTA DE UNA COMISIÓN DE LA VERDAD PARA ACERCARSE A LA PAZ Y LA JUSTICIA
Una delegación de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos entregó al presidente Tabaré Vázquez un memorando que contiene los elementos esenciales de una propuesta para la creación de una Comisión de la Verdad sobre los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, a semejanza de la Comisión Rettig chilena o la Comisión Sábato argentina. Considerada como un paso indispensable en el «camino hacia la paz, la reconstrucción plena de la democracia y la justicia», Familiares de Asesinados propone una Comisión de la Verdad «cualitativamente diferente a la Comisión para la Paz creada en el gobierno de Batlle», que permita la participación de todos los sectores y protagonistas.
«Una vez creada e integrada recorrería un camino de acumulación, clasificación e interrelación de informaciones que permitirían sí avanzar en la verdad. Con criterios de reserva, con garantías, se trabaja en la búsqueda de información, en el marco de respeto y seriedad que conlleva necesariamente su funcionamiento.» La idea esbozada al presidente parte de la convicción de que una Comisión de la Verdad tendría «un ámbito y alcance mucho mayor aun que los aportes que pudieran surgir de las investigaciones internas de las instituciones del Estado, que tienen sus límites en cuanto a objetivos, y son limitadas, parciales en la información que incorporan».
La comisión debería estar integrada, según la propuesta, «por personas e instituciones con respaldo ético, humano, y credibilidad por parte de la gente», con el objetivo de realizar un trabajo científico para alcanzar la verdad, «un camino cierto, creíble, meticuloso, que nos acerca inexorablemente a la paz y la justicia».