Dentro de las contradicciones que perciben todos los uruguayos, en un país que parece no hacer pie en algunos temas clave, entre ellos el de las refinanciación de adeudos de sectores agropecuarios, jaqueados por situaciones difíciles y por planes de cobro, planteado a través del Banco República, que al parecer no tienen andamiento (ahora parece que se estudia un nuevo camino de entendimiento acordado por los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, y de Economía, Danilo Astori ) estando presente también el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, que tiene una primera etapa de dilucidación en la Corte Internacional de La Haya, pero que – como en una película de Alfred Hickotch- aparece todavía con un final incierto.
Sin embargo existe un hecho auspicioso que debemos valorar en toda su profundidad que es quizás, todavía incipiente, pero en el devenir histórico, adquiere una importancia indiscutible y tiene vinculación con el tema de los derechos humanos donde, más allá de algunos escarceos discrepantes, en general el gobierno del doctor Tabaré Vázquez tiene una línea permanente, no comprometida – como ocurriera con los gobiernos anteriores – con los sectores más recalcitrantes que defendiendo a capa y espada a los nostálgicos, lograron que vivieran siempre el privilegio de la impunidad.
Hoy ya no existen bolsones de intocables, porque el gobierno tiene una línea bien clara al respecto que tuvo su momento culminante con la extradición de los tres oficiales del Ejército, requeridos desde Chile, por el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berrios.
Pese a ello el propio gobierno ha definido su parecer negativo en torno a una posible derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, extremo que sólo podría ser posible por un plebiscito en que la ciudadanía así lo resolviera, ya que de ninguna manera sería admisible que una decisión adoptada por todo un pueblo en un acto soberano fuera reducida, para su derogación, a una decisión parlamentaria. Derogación que embarcaría al país en una nueva campaña política, en que se revivirían hechos del pasado y pasarían a segundo plano – es evidente – temas que son de primera jerarquía que hoy también deben concitar la atención nacional.
Sin embargo las voces favorables a la derogación siguen sonando, la mayoría de ellas como resultado de una insatisfacción que es fácil de detectar en nuestra sociedad, por los años en que la justicia no ha sido igual para todos, manteniéndose por décadas bolsones de impunidad que eran una verdadera afrenta a la vigencia de la democracia en el país.
La referida Ley de Caducidad, en alguna medida, sirvió como instrumento para amparar acciones violatorias de los derechos humanos, utilizando sus mecanismos para excluir la verdad, de parte de los gobiernos de los partidos tradicionales, que resolvían que cualquier acción protagonizada por militares o policías, por más aberrante que hubiera sido durante el período establecido por esa norma, estaba comprendida dentro del amparo legal y, por lo tanto, no era perseguible penalmente.
Podríamos dar mil ejemplos al respecto. Se estimaba –prácticamente sin investigar los casos– que una acción se había llevado a cabo dentro de los operativos comprendidos en las acciones de las Fuerzas Conjuntas en contra la subversión, cualquier denuncia quedaba finiquitada y su trámite, archivado. Y ello sin medida, sin analizar nunca las consecuencias de la represión ocurrida bajo los mecanismos impuestos por la Doctrina de la Seguridad Nacional, verdadero manual del terror, que era el texto de cabecera de los represores.
El artículo 7º de la norma legal, que establece mecanismos para determinar la extensión de la responsabilidad de los actores de los hechos, prácticamente, nunca se cumplió. No hubo ningún caso en que los gobiernos colorados y blancos establecieran que un hecho debía ser investigado.
Sin embargo, en el último año, con la decisión del gobierno del doctor Tabaré Vázquez de enviar a la Justicia para que esta investigue los casos denunciados — como está ocurriendo con la situación del desaparecido Washington Barrios y de la muerte de su esposa Silvia y de dos jóvenes, Laura Raggio y Diana Maidanich, que la acompañaban, en una acción espeluznante de las llamadas Fuerzas Conjuntas– se está mostrando cómo dentro del marco de la Ley de Caducidad vigente se puede seguir adelante, investigar y eventualmente, de existir transgresiones, extralimitaciones o delitos, hacer justicia. Ello de alguna manera demuestra que para que impere la justicia no es necesaria la derogación de la Ley de Caducidad.
Por supuesto que esa norma cumplió su papel otorgando una herramienta a los gobiernos colorados y blancos que, sistemáticamente, encontraban que todos los casos que llegaban a su consideración «estaban comprendidos» sin que nadie los investigara. Recordemos que en primera instancia, un fiscal militar hizo un trabajo cuya lectura hoy todavía avergüenza por lo que significó como acción de encubrimiento, de cobardía implícita de quienes tenían en sus manos la posibilidad de hacer justicia. «Investigación» que, con un mínimo reflejo ético, debió se rechazada por el gobierno de Julio María Sanguinetti que, en cambio, aceptó todos sus extremos.
Ahora no queda claro qué efectividad puede tener la derogación de la norma, cuando una cantidad de delitos no son perseguibles al vencerse los tiempos establecidos por la Constitución y las leyes, muchos de los responsables, que todavía están vivos, serían pasibles –quizás– de largos juicios penales que, en general, servirían para sancionar a algunos, quizás a los actores, pero no a los autores e impulsores de las acciones. Pero, en definitiva, el resultado de la derogación de la norma es por lo menos dudoso. Nadie puede asegurar que servirá para que, finalmente, resplandezca la justicia.
Como decía un editorial de LA REPUBLICA, es evidente que la caducidad ha caducado, pero ello está ocurriendo por la acción política del Poder Ejecutivo que determinó que la Justicia investigue antes de definirse en los temas vinculados a los hechos de la dictadura, como en el caso de Barrios y, además, tiene una actitud clara y terminante, de aplicación estricta de la norma legal en las medidas de extradición, como las concretadas con Chile y las que próximamente estarían en trámite con la República Argentina.
La norma legal existente, de acuerdo con la opinión del Poder Ejecutivo, debe ser mantenida, porque su derogación además de ser inoportuna, abriría una etapa difícil de definir y calibrar.
Un desorden jurídico en que la Justicia se vería abrumada por denuncias que no podría mayormente investigar, y los impulsores de la derogación nuevamente se sentirían frustrados en su aspiración de justicia.
Una justicia que pese a todo, al tiempo transcurrido, está comenzando a democratizarse. En nuestro país ya han comenzando a desaparecer los bolsones de intocables por más que siga estando vigente la Ley de Caducidad. Ya no es pensable, y los propios implicados los saben, mantenerse en la anterior situación: y ello no es posible por una razón profunda, pero bastante elemental. En el gobierno se encuentra un sector político que no tiene complicidades con aquel pasado bochornoso que sufrió el país.
Y eso está bien claro.
(*) Periodista. Secretario de redacción de Bitácora.