A los 82 años de edad, el exprisionero político indonesio Mudjayin se pregunta si alguna vez se hará justicia en su caso. En 2010, él y otras víctimas del terrorismo de Estado en Indonesia presentaron su caso ante un nuevo órgano creado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) para investigar abusos a […]
A los 82 años de edad, el exprisionero político indonesio Mudjayin se pregunta si alguna vez se hará justicia en su caso.
En 2010, él y otras víctimas del terrorismo de Estado en Indonesia presentaron su caso ante un nuevo órgano creado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) para investigar abusos a los derechos humanos.
Dos años después, aún no han recibido reconocimiento oficial de su demanda, lo que sugiere que ese organismo carece del poder necesario o de la voluntad política para cumplir con su mandato.
«Todavía no nos hemos enterado de qué hicieron con nuestro informe», dijo Mudjayin, uno de los decenas de miles de indonesios perseguidos luego de la intentona golpista del 30 de septiembre de 1965, en la que murieron siete generales del ejército.
Las Fuerzas Armadas responsabilizaron del frustrado golpe de Estado al Partido Comunista Indonesio y lanzaron una campaña represiva en la que, en pocas semanas, fueron asesinados cientos de miles de supuestos izquierdistas.
Ese sangriento capítulo en la historia indonesia también vio el ascenso de Alí Suharto como arquitecto del régimen dictatorial conocido como «Nuevo orden», que se mantuvo en el poder entre 1967 y 1998.
En diálogo con IPS en su casa de Tebet, en Yakarta Sur, Mudjayin recordó que fue detenido sin una orden legal en octubre de 1965 y sin evidencia de que estuviera vinculado con el Partido Comunista o con el intento de golpe de septiembre. Nunca fue formalmente acusado ni juzgado.
Finalmente, recuperó su libertad en 1979, pero no exigió compensación hasta que Suharto abandonó el poder en mayo de 1998, en medio de masivas protestas públicas.
Ayudado por grupos de derechos humanos como el Comité Nacional para Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia (Kontras), Mudjayin y otros exdetenidos políticos han reclamado justicia durante más de una década, aún sin éxito.
La creación en 2009 de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asean (AICHR), primer organismo de su clase en una región que tradicionalmente consideró esos temas como asuntos internos de cada uno de los países, abrió un nuevo canal para exigir justicia.
Ante la Comisión también se presentaron padres y parientes de los estudiantes muertos en las protestas antigubernamentales de 1998 y 1999, familiares de los activistas por la democracia secuestrados en 1997 y 1998, allegados de 32 periodistas asesinados en la sureña provincia filipina de Maguindanao en 1999 y defensores de los derechos humanos en Birmania.
Cuando Mudjayin presentó su caso, los 10 comisionados representando a cada uno de los miembros de la Asean (Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam) se encontraban en Yakarta para participar de su primera reunión oficial tras ser designados en octubre de 2009.
Pero ninguno recibió a las víctimas, mucho menos sus quejas, recordó Mudjayin.
Un mandato limitado
Según el activista y comisionado de Indonesia, Rafendi Djamin, la AICHR no tiene «el mandato para tratar casos individuales».
Instalada en octubre de 2009, la AICHR tiene la tarea de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos de la Asean, así como la de impulsar la cooperación regional en esos temas.
Defensores de los derechos humanos en el sudeste asiático elogiaron la creación de la Comisión, pero lamentaron su limitado poder para llevar a cabo su mandato.
«A la AICHR se le dieron débiles términos de referencia que limitan su mandato, su autoridad y sus poderes para promover y proteger los derechos humanos», dijo Yap Swee Seng, director ejecutivo del Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo, con sede en Bangkok.
La efectividad de la Comisión fue socavada aun más cuando «algunos estados miembros designaron funcionarios de gobierno como sus representantes, en vez de elegir expertos independientes», agregó.
Actualmente, ocho de los 10 comisionados son funcionarios de gobierno o diplomáticos.
Los únicos dos expertos independientes son Djamin y la académica tailandesa Sriprapha Petcharamesree.
Esta situación volvió a la Comisión «institucionalmente problemática», según el coordinador de Kontras, Haris Azhar.
«El hecho de que la AICHR presente sus informes ante la Reunión Ministerial de la Asean revela que no es independiente y que funciona como organismo auxiliar», añadió.
Pero el director de asuntos de desarrollo comunitario de la Secretaría de la Asean, Danny Chian Siong Lee, destacó los esfuerzos de la Comisión para hacer respetar la Declaración de Derechos Humanos de la organización regional, adoptada en la última cumbre de Camboya a comienzos de este mes.
El documento hace una lista de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población del sudeste asiático. A su vez, subraya el derecho al desarrollo y a vivir en paz.
Pero el texto también ha sido tema de gran debate entre activistas de la región, que lo consideran demasiado débil.
Para Rena Herdiyani, del Centro de Crisis para Mujeres «Mitra Perempuan», la inclusión del derecho al desarrollo es la única virtud de la Declaración.
Además, el texto «no protege los derechos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) ni de los pueblos indígenas», apuntó.
En tanto, Yap criticó la falta de transparencia de la Comisión. «El desempeño de la AICHR en sus primeros dos años ha sido muy malo, caracterizado por una extrema falta de transparencia y de consultas entre las partes», sostuvo.
«Esto queda ilustrado por el hecho de que no divulgó ninguno de los documentos que adoptó desde su creación en 2009, ni siquiera su informe anual ante los cancilleres de la Asean», agregó.
El activista llamó a revisar los términos de referencia de la AICHR para lograr que sea realmente independiente, con los mandatos y poderes necesarios.
«Los estados miembros de la Asean también deben proveer adecuados recursos y autonomía financiera a la AICHR para que funcione efectivamente», afirmó.
* Este artículo es parte de la serie «Informando sobre el desarrollo de la Asean», de IPS Asia Pacífico, hecho posible gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDCR, por sus siglas en inglés).