El gobierno mexicano de Vicente Fox quedó contra la pared por su insistencia en desconocer a un poderoso líder sindical minero, acusado de corrupción pero defendido con huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo. Tras la muerte de dos mineros en un enfrentamiento entre trabajadores del sector y policías, registrado en la víspera, y millonarias […]
El gobierno mexicano de Vicente Fox quedó contra la pared por su insistencia en desconocer a un poderoso líder sindical minero, acusado de corrupción pero defendido con huelgas y ocupaciones de lugares de trabajo.
Tras la muerte de dos mineros en un enfrentamiento entre trabajadores del sector y policías, registrado en la víspera, y millonarias pérdidas económicas por huelgas, dirigentes sindicales y empresarios reclaman a las autoridades resolver la situación. Pero blandiendo cuestionados argumentos de legalidad, el gobierno conservador de Fox advierte que no dará marcha atrás.
Lo mismo hace un poderoso sector del sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México, que se mantiene firme en defender a su líder, Napoleón Gómez, a quien otro dirigente defenestró en febrero, acción que recibió el visto bueno de las autoridades del trabajo.
«La industria minera es rehén de un conflicto sindical que debe resolverse pronto. No somos las empresas a quienes corresponde solucionarlo», dijo a IPS el director general de la Cámara Minera, Sergio Almazán.
Según esa cámara empresarial, las pérdidas del sector debido al conflicto llegan a unos 130 millones de dólares, además de que se registran problemas de abastecimiento y el incremento del costo de las materias primas.
La producción minera, metalúrgica y afines, que emplea en forma directa a cerca de 260.000 personas, registró un crecimiento de más de siete por ciento anual en 2004 y en 2005, de las tasas más altas desde 1995.
Hasta antes del conflicto, la actividad, que contribuye con 1,6 por ciento del producto interno bruto mexicano y tiene un valor de producción anual de más de 5.000 millones de dólares, vivía uno de sus mejores momentos, según había reportado la Cámara Minera.
Empleados de varias empresas, entre ellas las más poderosas del sector, se declararon en huelga a comienzos de este mes para exigir al gobierno que reconociera a Gómez, mientras dueños de algunas otras firmas, ante la amenaza del paro, decidieron declarar vigente el mandato sindical de ese dirigente.
En medio del conflicto, Altos Hornos de México, una de las más importantes empresas del ramo minero, se fue directo contra el gobierno de Fox.
Esa firma sostiene que las autoridades han avalado a un dirigente minero falso, el mismo que ha presentado a nombre de trabajadores denuncias contra su empresa por supuestas irregularidades laborales.
Una vez que las independientes Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje laboral declararon ilegales las huelgas en varias empresas en reclamo del reconocimiento de Gómez, fuerzas policiales intentaron el jueves retomar el control de una de ellas en el estado de Michoacán, vecino a la capital de México.
La acción fracasó y dejó dos trabajadores muertos y 110 heridos. También habría muerto un policía, según fuentes policiales.
El gobierno «hará valer» la legalidad, pero promoverá el diálogo para solucionar el conflicto, dijo este viernes Rubén Aguilar, vocero del presidente Fox.
No obstante, Aguilar advirtió que «la defensa de corruptos (en alusión a Gómez) o el chantaje a las viejas maneras de la política mexicana no tienen lugar en la democracia».
Del universo de trabajadores mineros de México, lo que se mantienen en huelga no superan los 5.000, pero corresponden a importantes empresas como Sicartsa, que reporta ventas anuales de hierro por 2.500 millones de dólares.
Según informó Aguilar, autoridades visitarán este viernes a los trabajadores inconformes para buscar salidas negociadas.
Analistas políticos recordaron que el gobierno asumió actitudes similares en 2002, con su plan de construir un nuevo aeropuerto para la capital, y en 2005, con el impulso que dio al desafuero del entonces alcalde de la misma ciudad, el izquierdista Andrés López Obrador, a quien se pretendía procesar por no acatar un fallo judicial.
Ahora López Obrador es el aspirante a la Presidencia de México con más posibilidades de ganar las elecciones de este año, según las encuestas.
En los dos casos, tras soportar protestas de alto calibre, Fox terminó cediendo.
«No me sorprendería que otra vez lo haga y así confirme que no tiene estrategias claras frente a los conflictos», dijo a IPS el abogado laboral Ángel Flores.
Tras la muerte, el 19 de febrero, de 65 trabajadores en una mina de carbón, donde según testimonios se laboraba en condiciones de gran inseguridad, el gobierno informó que, a pedido de un sector del sindicato, había desconocido al entonces secretario general Gómez.
En su lugar y por solicitud del Consejo de Vigilancia del sindicato, el gobierno reconoció a Elías Morales, un trabajador expulsado de esta organización en 2001 por diferencias con la cúpula.
Siguiendo un procedimiento legal heredado de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (1929-2000), la administración de Fox revisó la documentación que daba por nombrado a Morales, la dio por válida y lo reconoció como el nuevo líder. Algo similar había hecho con Gómez en 2002.
Pero dos de las personas que aparecían firmando los documentos declararon que sus nombres se habían usado sin autorización. No obstante, el gobierno no consideró esa irregularidad.
El 19 de febrero, los seguidores de Gómez, que al parecer son mayoría en el sindicato minero, se reunieron en asamblea y lo restituyeron en el cargo de secretario general. Cumpliendo los procedimientos legales, enviaron la documentación al gobierno, pero este sostuvo que esa cita no había sido legal.
A mediados de mayo, el sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de México realizará una asamblea nacional en la que Gómez y Morales medirán fuerzas. En esa cita se definirá quién es el secretario general, y el gobierno deberá «tomar nota» de la resolución.
«El procedimiento para que el gobierno reconozca a los dirigentes sindicales tuvo sentido durante los gobiernos del PRI, que manejaron a su antojo el movimiento de los trabajadores, pero ahora está rebasado y su uso abiertamente manipulador debe terminar», apuntó Flores.
Los mineros que apoyan a Gómez y varias federaciones sindicales nacionales, muchas de las cuales fueron en el pasado fieles al PRI y recibieron sus favores políticos y económicos, acusan al gobierno de Fox de entrometerse en su vida interna y advierten que no bajarán el tono de sus protestas hasta que el liderazgo minero sea restituido.
Antes del conflicto, Gómez había sido un hábil y exitoso negociador con el gobierno y los empresarios, lo cual le permitió conseguir para los trabajadores sindicalizados aumentos salariales superiores a los de otros sectores económicos.
Pero Fox, al parecer, le retiró su confianza por la presión de algunos empresarios que no querían ceder al sindicato una mayor proporción de sus ganancias.
Además, surgieron serias denuncias de corrupción contra Gómez, que ocupó la conducción del sindicato luego de la muerte de su padre, quien había sido secretario general durante 40 años.
Gómez tiene unos 5.000 litigios iniciados en su contra por denuncias de trabajadores mineros, que afirman que el dirigente se aprovechó de un fondo de 55 millones de dólares sindicato.
El gobierno, a través de la Procuraduría (fiscalía) General, mantiene abierta una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Gómez, pero no lo ha acusado aún formalmente ante los jueces. Sin embargo, ya requirió su presentación ante los fiscales, lo que el dirigente no ha atendido.
Diarios nacionales como Reforma, Milenio y el Universal, publicaron fotografías de las mansiones de las que es dueño Gómez, así como documentos que prueban esa propiedad.
Reforma además afirmó tener documentado que el dirigente posee 40 cuentas bancarias en las que él y su esposa manejaron hasta enero 6,6 millones de dólares.
El periódico también dijo poseer copias de las dos versiones del contrato que Gómez suscribió con empresas para entregar a trabajadores mineros el fideicomiso de 55 millones de dólares. Una versión es la que presentó a los afiliados, donde no se señala la cantidad a pagar, mientras la otra, la original, habla de montos precisos.
Las acusaciones sorprendieron poco a los observadores, pues el poderío económico de los dirigentes sindicales es común en México, donde el sindicalismo tuvo una relación de tipo corporativa con los gobiernos del PRI.