Tres años y medio después del golpe de estado que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya, Honduras parece estar al borde de una nueva crisis político-institucional. Ya pasada las primeras horas de la madrugada, el Congreso dio lectura al informe de la Comisión especial que durante la últimas 24 horas investigó la conducta administrativa […]
Tres años y medio después del golpe de estado que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya, Honduras parece estar al borde de una nueva crisis político-institucional.
Ya pasada las primeras horas de la madrugada, el Congreso dio lectura al informe de la Comisión especial que durante la últimas 24 horas investigó la conducta administrativa de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
– Nota en Opera Mundi (portugués)
Inmediatamente después, con una moción firmada por mas 110 diputados, los congresistas votaron la destitución de los 4 magistrados de dicha Sala, Antonio Gutierrez Navas, Francisco Ruiz, Rosalinda Cruz y Gustavo Enrique Bustillo, «por poner en peligro inmediato la seguridad ciudadana y porque su conducta es manifiestamente contraria al interés del Estado de Honduras», dice la moción que obtuvo 97 votos a favor y 31 en contra.
Conspiración
«Es una conspiración y debemos tratar este tema. Estamos aquí a defender los mas caros intereses del pueblo, no es posible que se siga con esta ola delincuencial», dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso.
Las instalaciones del Congreso estuvieron rodeadas por contingentes de militares durante toda la durada de la sesión parlamentaria.
El conflicto que durante el ultimo año ha enfrentado los dos candidatos presidenciales del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández y Ricardo Álvarez, ese último alcalde de la capital Tegucigalpa, se ha recrudecido durante las últimas semanas.
Durante las elecciones internas del pasado 18 de noviembre, Álvarez denunció un fraude electoral que, supuestamente, facilitó la victoria de Hernández, quien goza del apoyo del ejecutivo.
El día de ayer (11/12), el alcalde de la capital presentó ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso de suspensión para dejar sin valor y efecto la declaración final emitida por la máxima autoridad electoral, en la que decretaba el triunfo de su contrincante. También, pidió el recuento voto por voto de todas las juntas receptoras del país.
Días antes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados, según varios analistas políticos, responderían a los intereses de grupos económicos que respaldan la candidatura de Álvarez, emitió un fallo con el que declaraban la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, a la que son sometidos los policías como parte del proceso de depuración de la institución.
Esta misma Sala desechó el proyecto, impulsado por el ejecutivo y el mismo Hernández, de creación de las Ciudades Modelo y rechazó leyes y decretos que imponían nuevos impuestos a las grandes empresas del país, aumentando las recaudaciones del Estado.
La respuesta del presidente Lobo no se hizo esperar y la semana pasada hizo pública una denuncia con la que advertía de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado por manos de varios grupos económicos, corporaciones mediáticas, como el presidente de los periódicos El Heraldo y La Prensa, Jorge Canahuati, así como por poderes e instituciones del Estado.
La creación de una comisión de investigación sobre la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como la destitución de los 4 magistrados, podría desatar ahora un conflicto institucional, que tiene como objetivo el reacomodamiento de los grupos de poder que están detrás del poder político.
«Estos magistrados no han estado cumpliendo con su papel de magistrados públicos, aprobando leyes en función de grupos minoritarios de poder, sin responder a los anhelos de la mayor parte de los hondureños. No vamos a permitir otro golpe de estado, y cualquier intento de este grupo que financió, dirigió y asesoró el golpe del 2009 va a fracasar», dijo el diputado del Partido de Unificación Democrática (UD), Sergio Castellanos.
Contrariamente a esta posición, la diputada del Partido Liberal, Waldina Paz, aseguró que la destitución es un delito que hasta podría ser considerado como una traición a la patria.
«Esta destitución es un mal mensaje que se envía a nivel mundial, y como lo dijo el Fiscal general adjunto, Roy Urtecho, es catalogado como traición a la patria, en cuanto se le quita la potestad a la independencia de poderes», dijo.
En declaraciones a los medios, Roy Urtecho dijo que hasta se podría ordenar la detención de todos los diputados que votaron a favor de la destitución.
Por el momento, el mando del ejercito de Honduras no se ha expresado, aunque se ha filtrado la noticia de que el presidente del Congreso si habría reunido con el jefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio, antes de regresar al hemiciclo para reanudar la sesión parlamentaria.
Para Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso, esta decisión es totalmente válida en cuanto tiene precedentes. En 1992, el Congreso destituyó a Osvaldo Ramos Soto del cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, e hizo lo mismo en 1998, haciendo lo mismo con el Fiscal general, Porfirio Navarro.
Hasta el momento, el partido Libre (Libertad y Refundación) del ex presidente Manuel Zelaya, cuya esposa, Xiomara Castro, obtuvo mas de 600 mil votos como candidata presidencial durante las recientes elecciones internas, no se ha expresado acerca de esta nueva crisis institucional que está afectando a Honduras.
Fuente: LINyM