“No se perderá la continuidad en las decisiones del Gobierno”, declaró Luis Abinader tras recibir el certificado de presidente electo de República Dominicana. Días después, confirmó a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central. Evidenció con ello que gobernará para la clase dominante.
El pacto de impunidad figura entre los fundamentos de la anunciada continuidad.
Continuidad de las criminales políticas neoliberales (la despolitización de temas como el nivel de precios y la calidad del gasto público, es un aporte permanente de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana a la clase dominante).
Continuidad del saqueo (los gobiernos del PLD convirtieron en práctica normal la enajenación del patrimonio público).
Continuidad del entreguismo, pues el nuevo gobierno se dirige a la cresta de la ola en la cual va montado el gobierno saliente.
Luis Abinader, neoliberal de cuerpo entero, relacionado con los saqueadores (por su origen, por su formación y por su práctica misma) fue la respuesta del sistema político al desgaste del Partido de la Liberación Dominicana, dividido y evidenciado como una fábrica de millonarios que contribuyen a afianzar la unidad entre el crimen organizado y la delincuencia política.
La derecha no ha podido ponerle un traje distinto. Tan profunda es la crisis, que se evidencia irremediablemente. No ha puesto al presidente electo a prometer devolver al pueblo lo robado por sus antecesores, porque no sería creíble tal promesa.
La parte de la población que el 5 de julio acudió a las urnas, contribuyó a maquillar el pacto, pero no se ha producido el mal llamado traspaso de mando y ya se percibe la continuidad de la exclusión y la desigualdad.
El PRM no dará respuesta a las expectativas generadas, y no lo harán tampoco los reales o supuestos progresistas que llamaron a desafiar el aumento en la propagación del COVID-19. Por ingenuidad, por burdo pragmatismo o por oportunismo, así han coronado el afán por tomar cartas en un juego sucio.
Sobre las designaciones y las medidas anunciadas, poco hay que decir. Lisandro Macarrulla será el ministro de la Presidencia y José Ignacio Paliza el ministro administrativo; Víctor (Ito) Bisonó ocupará el puesto principal en Industria, Comercio y Mypimes; David Collado será ministro de Turismo…
Los dos primeros obedecen a los intereses del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP; Ito Bisonó pertenece al despedazado Partido Reformista Social Cristiano (el balaguerismo confeso), y David Collado es apadrinado por el poderoso grupo Vicini.
Esto es solo una muestra. Continúa el fomento al atraso político y el sello de clase en la gestión del Estado.
Como muestra de continuidad en la articulación de los cuadros defensores del sistema, tendrá el nuevo gobierno funcionarios vinculados en el caso Odebrecht (por ejemplo, el exsenador Jesús Vásquez Martínez, quien será ministro de Interior y Policía), y también representantes de Participación Ciudadana (Carlos Pimentel y Roberto Álvarez).
En el Ministerio de Medio Ambiente será nombrado Orlando Jorge Mera, el dirigente del PRM que el día de las votaciones declaró que el ejercicio del voto es más importante que la salud pública. ¡Vaya forma de manifestar compromiso con la vida! Como ministro, estará a la orden de un presidente cementero… Hay que anotar el detalle.
SOBRE MIGRACIÓN, MÁS DE LO MISMO
El próximo canciller, Roberto Álvarez se declaró partidario de la sentencia 168-13, que despojó de la nacionalidad dominicana a toda persona cuyos padres no tuvieran residencia legal en el país (esto último con aplicación retroactiva para las personas nacidas entre 1929 y 2010).
El propio Luis Abinader se pronunció recientemente en el mismo sentido, aunque sin mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional.
Es parte del compromiso con los grupos nacionalistas encabezados por la Fuerza Nacional Progresista (franquicia electorera dirigida por Vincho Castillo y vinculada a Leonel Fernández y a su nuevo partido Fuerza del Pueblo).
La apatridia y la adjudicación a miles de personas del sello de ilegales ha facilitado la sobreexplotación y ha propiciado el desconocimiento de derechos fundamentales, y esto hace predecible que un gobierno con sello de clase se disponga a darle continuidad.
En cuanto a la colaboración entre la Policía de Haití y la de República Dominicana para combatir la delincuencia, hay que interpretarla como la continuidad del accionar contra la gente pobre. Los protegidos por los grupos dominantes han tenido abiertas las fronteras y no padecen el control policial.
EL ENTREGUISMO COMO SELLO
El entreguismo se acentúa.
Danilo Medina y su canciller, Miguel Vargas, reconocieron al autoproclamado Juan Guaidó y se prestaron a firmar declaraciones contra el gobierno de Venezuela. Han colaborado también con manipulaciones contra Cuba. Permitieron incluso el uso del territorio dominicano para preparar acciones de espionaje y agresión.
La apertura de relaciones con China, acción que los defensores del gobierno de Danilo Medina presentan como gesto soberano, constituyó una búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y de recursos frescos en un momento de incertidumbre en materia política y económica.
No es un desafío a la influencia de Estados Unidos. Por eso, el próximo gobierno, cuyos dirigentes validan la injerencia imperialista, dará continuidad a esas relaciones.
Luis Abinader ya sostuvo un encuentro con el embajador de China en Santo Domingo, Zhang Run. Hay que apuntar que antes había visitado la residencia de la embajadora de Estados Unidos.
Ya anunció que habría acuerdos sin precedentes con Estados Unidos y utilizó todos los eufemismos a los cuales han recurrido sus antecesores para envolver los acuerdos de aposento. Así se refirió a la “colaboración” en diversas áreas.
¿Quién garantiza que no se trata de acuerdos sobre el uso del territorio y la circulación por la frontera, pactos como los que firmó Hipólito Mejía en el año 2003 y se negó a revelarlos? Leonel Fernández y Danilo Medina mantuvieron el secreto. ¡Un servil ha relevado a otro servil!
Como embajadora en Estados Unidos, Abinader ha escogido a Sonia Guzmán Klang, beneficiaria de la vieja impunidad (se comprueba revisando los archivos del período 1978-1982, cuando fue subsecretaria administrativa de la Presidencia). En el gobierno de Hipólito Mejía dirigió el Ministerio de Industria y Comercio y estuvo encabezando el equipo que negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).
Es muestra palpable de que el saqueo y el entreguismo pueden colocarse en un solo paquete.
Hay que recordar que el DR-CAFTA fue diseñado e impuesto por Estados Unidos. Luis Abinader escogió para representar a su gobierno en Estados Unidos a una persona entrenada en la acción de rubricar imposiciones imperialistas.
Es evidente que la lucha por la soberanía y la autodeterminación habrá de librarse a pesar del gobierno que iniciará el 16 de agosto e incluso en contra de sus más altos representantes.
El sello de clase del entreguismo también es inocultable.