Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de 195 millones de personas perderán sus puestos de trabajo al segundo trimestre del 2020 a causa de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. En América Latina y el Caribe, la contracción del empleo alcanzaría a 14 millones de trabajadores y trabajadoras. En Paraguay, según estimaciones del gobierno, la crisis se saldaría con cerca de un millón y medio de trabajadores afectados por la pérdida de sus puestos.
La contracción del empleo es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial, las medidas de cuarentena y aislamiento alcanzan al 81% de la fuerza de trabajo a nivel global y las consecuencias del coronavirus sobre el empleo son más devastadoras de lo que las autoridades imaginaron en un comienzo. La OIT advierte, también, que los trabajadores del sector informal de las economías de países en desarrollo pueden verse particularmente afectados, ya que las pérdidas intempestivas de los ingresos o de los puestos de trabajo, los dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad.
Esta realidad compleja desafía a todos los sectores de la sociedad a tomar medidas drásticas para lograr evitar una catástrofe social. En este sentido, la protección del empleo, del aparato productivo, y de los trabajadores y trabajadoras en particular, es fundamental; adoptar medidas tendientes a lograr estos objetivos podrían permitir una rápida recuperación de la economía en los países que las adopten.
Las medidas de flexibilización laboral, de achicamiento del Estado y de sostenimiento de un “status quo” de la fiscalidad regresiva que han adoptado algunos gobiernos, y que otros pretenden adoptar, son altamente contraproducentes para la recuperación económica y el desarrollo social. De hecho, estas medidas han significado que varios países estén hoy con sus sistemas de salud tan debilitados que se ven imposibilitados de hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus, aquí un artículo que recoge una interesante reflexión respecto a lo acontecido en Europa en este sentido.
En contraposición a estas medidas van las consignas levantadas por el movimiento obrero a nivel internacional, así la Federación Sindical Mundial, la central internacional más antigua y que aglutina a más de 97 millones de trabajadores y trabajadoras en los 5 continentes, postula la necesidad de evitar los despidos por la crisis del COVID-19, garantizar los servicios públicos -especialmente la salud- gratuitos, universales y de calidad; y garantizar también la vigencia de las libertades sindicales conquistadas a lo largo de los años por la clase obrera.
Se plantea entonces la disyuntiva de qué salida tomar: por un lado, están las medidas que han llevado a la mayor concentración de capital en pocas manos en la historia de la humanidad, que han debilitado el rol de los Estados y dejado a miles de ciudadanos a nivel mundial en la exclusión. Por el otro, medidas tendientes a la protección del empleo, la extensión de la protección social, que buscan poner en el centro al ser humano y particularmente al trabajador, garantizando una fiscalidad progresiva y el fortalecimiento del rol del Estado que garantice servicios públicos universales y de calidad.
América Latina ha sufrido ya, en la década del 90, los efectos de la “salida neoliberal”, fueron miles y millones de latinoamericanos empujados a la pobreza y el desempleo. Hoy en un continente en plena “disputa” entre sectores conservadores y progresistas que ocupan gobiernos, es fundamental definir una política regional para hacer frente a la crisis, retomar los espacios de encuentro y definir una salida basada en la autodeterminación y sin tutelajes.
Paraguay
Como mencionáramos anteriormente el gobierno paraguayo estima en cerca de un millón y medio la cantidad de trabajadores que se verán afectados por las medidas de confinamiento social, que llevan ya casi un mes y aún no se tiene una certeza de cuando, y con qué restricciones, serán levantadas. Basado en un modelo económico agroexportador y con un “mercado de trabajo” marcado por una fuerte presencia del sector informal, sustentado principalmente en comercio y servicios y con un 90% de la mano de obra en relación de dependencia trabajando en micro, pequeñas y medianas empresas; Paraguay podría convertirse en una de las economías más afectadas por la actual crisis; la propia OIT toma estas características como las de mayor riesgo ante la situación.
Haciendo un análisis de las medidas adoptadas por el gobierno hasta el momento, podemos señalar que las mismas han sido insuficientes:
Medidas de asistencia inmediata: Ha pasado un mes desde el inicio de la cuarentena y la asistencia inmediata que debía ser entregada a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad aún no ha llegado tan siquiera al 50% de la población meta, estimada en 330 mil personas.
Medidas de Protección al Empleo: El gobierno ha priorizado la asistencia a las empresas, brindándole salidas como la suspensión de contratos, el adelanto de vacaciones y la regulación del teletrabajo. Sin embargo, esto no ha dado resultado, los despidos se han duplicado y más de 30 mil trabajadores tienen sus contratos suspendidos, supuestamente estos recibirán una asistencia económica equivalente al 50% de un salario mínimo, sin embargo, dicha asistencia aún está lejos de concretarse. La asistencia a los trabajadores del sector informal de la economía tampoco ha llegado a tiempo y aún se espera conocer cómo será aplicada. EN materia de asistencia a las empresas, el Gobierno ha adoptado la decisión de habilitar una línea de crédito que permita el sostenimiento de las MIPYMES, sin embargo la misma no está resultando debido a que: a) los trámites continúan siendo dificultosos, b) la banca pública tiene una debilidad estructural que el gobierno no se ha decidido a resolver a fin de garantizar su buen funcionamiento en esta crisis, c) el gobierno ha decido gestionar una parte importante de la línea de crédito a través de la banca privada, que no ha respondido y estaría especulando con los recursos destinados a los créditos para las empresas.
Achicamiento del Estado y mantenimiento de la fiscalidad regresiva: Respecto a las medidas de fondo el Gobierno ha tomado la decisión de tomar deudas en el mercado internacional, en una primera etapa, por 1.600 millones de dólares para hacer frente a las necesidades del sistema de salud y de protección social. Para hacer frente a estas deudas el gobierno ha planteado un plan de Reforma del Estado, que apunta fundamentalmente al “achicamiento” del Estado a fin recortar el gasto público, lo que podría resultar contraproducente fundamentalmente en una etapa en que se requiere de mayor inversión pública a fin de sostener y re dinamizar la economía. AL mismo tiempo el equipo económico del Poder Ejecutivo ha anunciado que no pretende, en el corto y mediano plazo, realizar ningún tipo de reforma al sistema tributario vigente; Paraguay tiene una presión tributaria inferior al 10%, siendo una de las más bajas de la región, además de un sistema de impuestos terriblemente injustos, donde los sectores más concentrados y poderosos de la economía terminan aportando proporcionalmente menos que los sectores más empobrecidos.
Realizando un análisis general podemos concluir que Paraguay ha optado hasta el momento por medidas más cercanas, o tendientes, a una respuesta neoliberal a la crisis: achicamiento del Estado, sostenimiento de la fiscalidad regresiva, apuesta a la banca privada y medidas de flexibilización del empleo.
Proteger a los trabajadores, dinamizar la economía
Las medidas de aislamiento social adoptadas por el gobierno, que han sido acertadas, le han dado cierto respaldo social, sin embargo, el desgaste generado por la situación de hambre que atraviesan miles de paraguayos que no han recibido asistencia por parte del gobierno presagian un grave conflicto social. Resulta urgente un golpe de timón, tanto en las medidas de pronta asistencia como en aquellas de fondo que deben apuntar a garantizar la protección social, recuperar la economía y apuntar a la construcción de un modelo de desarrollo equitativo.
En este sentido una propuesta crucial, que fue presentada ya en los primeros días de la cuarentena por el movimiento sindical, que debe ser analizada y discutida a fondo es la adopción de una Ley de Fuero Laboral que prohíbe los despidos por el tiempo que dure la crisis -90 o 120 días desde el momento de su adopción-. Medidas similares han sido adoptadas ya por otros gobiernos, como los de Argentina y España. Los beneficios de esta propuesta serían múltiples y complementarían una serie de medidas que podrán ir encaminadas a lograr que Paraguay salga de la crisis mejor parado de lo que entró en ella.
Por un lado, la medida de prohibición de despidos, evidentemente, debe ir acompañada de una medida de asistencia adecuada a las MIPYMES, claramente los créditos que aún no llegan deben llegar y las líneas de créditos deben estar disponibles incluso a lo largo de los años venideros, los intereses deben ser bajos, se debe extender la moratoria de pago de servicios públicos, de créditos ya asumidos por estas empresas, y otras medidas. Esto garantizará que el sector empleador pueda sostenerse con una rentabilidad aceptable y retomar la productividad en el corto plazo.
Al mismo tiempo la prohibición de los despidos y la asistencia a las empresas permitirá sostener la demanda, por ende, mantener la dinámica del aparato productivo lo que podría llevar a la generación de empleo en el mediano plazo. El sostenimiento de la demanda permitirá también un alivio a las arcas fiscales, ya que el 70% de los ingresos impositivos provienen del IVA que se basa principalmente en el consumo de la clase trabajadora, la recaudación por este impuesto ha disminuido notablemente debido a la escasez de demanda existente desde las medidas de aislamiento, lo que podría ser revertido.
Por otra parte, la Ley de Fuero Laboral planteada por sectores sindicales establece también el reconocimiento de todos los sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), a fin de brindar herramientas a los trabajadores para velar por el cumplimiento de los acuerdos. Esta medida está acorde a los postulados planteados por la OIT en materia de políticas que apunten a capear la crisis actual; “el diálogo social” planteado por el organismo internacional y defendido por el propio gobierno, no puede ser posible sin el reconocimiento urgente de las organizaciones de trabajadores a fin de que las mismas puedan ser interlocutoras para la discusión de las medidas a adoptarse.
La Ley de Fuero Laboral también brindará un apoyo importante a la formalización del empleo ya que toda empresa que desee acceder a las asistencias por parte del Estado deberá formalizar a sus trabajadores, extendiéndose la seguridad social y los beneficios del empleo formal.
Finalmente vale la pena rescatar la centralidad que tendrá el Estado para lograr una salida que se aleje de la barbarie en la coyuntura actual; una fuerte inversión pública en todos los sectores que la sociedad demande, el fortalecimiento de la regulación laboral, una reforma tributaria que se acerque más a la justicia fiscal y la planificación de la economía serán fundamentales para este objetivo. Las propuestas del movimiento social en general y del sector sindical en particular apuntan en esa dirección y lo hacen de forma correcta, es momento que los actores políticos con capacidad de incidencia en las decisiones gubernamentales pongan el oído hacia estos sectores y presionen para que estas medidas sean adoptadas.