El recién publicado informe de Global Witness «Última línea de defensa» lanza un grito de alerta: la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.
De acuerdo con el informe (descargue aquí la versión en español) el año 2020 ha sido el más letal para las personas que defienden sus hogares, la tierra, los medios de vida y los ecosistemas.
Son 227 las personas defensoras asesinadas en el mundo (fueron 212 en 2019), tres de cada cuatro (165) en América Latina, que se confirma como el continente más peligroso para quienes defienden los bienes comunes. Esto significa más de 4 personas asesinadas en promedio cada semana.
El informe señala también que defensores y defensoras sufrieron toda una serie de ataques no letales, entre otros, detenciones, campañas de difamación, amenazas, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales.
América Latina, la más peligrosa
Colombia (65), México (30) y Filipinas (29) son los países con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas, y suman más de la mitad del total registrado.
En Colombia, un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala. Estos datos se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra líderes sociales y ex combatientes firmantes del acuerdo de paz.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo (2016) han sido asesinados 1231 líderes (116 en 2021) y 285 ex combatientes de las FARC-EP (36 en 2021).
México resultó ser uno de los países que ha registrado el mayor aumento de asesinatos de personas defensoras respecto al 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques fueron dirigidos contra comunidades indígenas. El 95% de estos casos quedan en la impunidad.
Brasil (20), Honduras (17), República del Congo (15) y Guatemala (13) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia, México y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Nicaragua (12), Honduras, Colombia y Guatemala encabezan esta lista.
Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. La explotación forestal fue el sector con el mayor número de asesinatos (23), seguido por agroindustria y minería (17).
Global Witness señala que agroindustria y minería han estado vinculados a más del 30% de todos los asesinatos que la organización británica ha documentado a partir de 2015.
Otro dato muy preocupante es que, una vez más, los pueblos indígenas son las principales víctimas. A pesar de que apenas representan el 5% de la población mundial, más de un tercio de los ataques fatales estuvieron dirigidos contra ellos, en especial en México, América Central, Sudamérica y Filipinas.
De los 227 asesinatos de personas defensoras registrados por Global Witness, 226 ocurrieron en el Sur Global. En el período transcurrido desde que dicha organización comenzó a recopilar datos, menos del 1% de todos los ataques letales registrados se documentaron en el Norte Global.
La verdadera dimensión del problema
Global Witness advierte en su informe que todos estos datos no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que en algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir.
En este sentido, las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras, dan lugar a un subregistro. Todo esto – asegura Global Witness – hace que las cifras publicadas en el informe sean una subestimación y que la dimensión del problema sea mucho más grande.
Empresas responsables
«Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras», señala el informe.
«En muchos países ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las empresas operan casi con total impunidad. En un contexto en el que el equilibrio de poder se inclina a favor de las corporaciones, no es frecuente que alguien sea arrestado o llevado ante la justicia por matar a personas defensoras», agrega.
Y cuando esto ocurre, suelen ser los autores materiales del crimen los que acaban sentados en el banquillo de los acusados, y no los mandantes y autores intelectuales que, en la inmensa mayoría de los casos, quedan en la impunidad.
«Mientras se acaparen más tierras y se talen más bosques para priorizar las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra las personas defensoras se agravarán.
Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias», concluye Global Witness.
Fuente: LINyM