La madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas despertó con explosiones, humo y una noticia que, hasta hace poco, parecía impensable incluso en una región “acostumbrada” a las presiones de Washington. Ese día, el presidente de Estados Unidos anunció que fuerzas estadounidenses realizaron una operación que incluyó ataques en territorio venezolano y culminó con la captura del presidente de esta nación, Nicolás Maduro y de su esposa y primera dama, Cilia Flores, serían trasladados a Nueva York para enfrentar cargos vinculados con: el supuesto encabezamiento de una banda criminal llamada el cartel de los soles, narcotráfico, corrupción y otras acusaciones.
El gobierno estadounidense presentó la acción como una respuesta “necesaria” frente a supuestas amenazas criminales transnacionales, enmarcándola en una lógica de seguridad orientada a cortar rutas, desarticular redes y llevar a la justicia a los responsables de dichas estructuras. En ese marco, Washington señaló al gobierno venezolano y, en particular, a Nicolás Maduro, a quien describe como responsable de un aparato vinculado al narcotráfico, además de justificar la intervención bajo el argumento de “restaurar la democracia” en Venezuela, al considerarlo un dictador.
El gobierno estadounidense presentó la acción como una respuesta necesaria frente a amenazas criminales transnacionales, enmarcándola en una lógica de seguridad orientada a cortar rutas, desarticular redes y llevar a la justicia a los responsables de dichas estructuras. En ese marco, Washington señaló al gobierno venezolano, en particular, a Nicolás Maduro, a quien describe como responsable de un aparato vinculado al narcotráfico, además de justificar la intervención bajo el argumento de “restaurar la democracia” en Venezuela, al considerarlo un dictador.
Esa narrativa no es nueva, recuerda totalmente al lenguaje utilizado en la década de los setenta del siglo pasado y al periodo más álgido de la guerra fría, cuando Washington justificaba intervenciones en América Latina y otras regiones apelando tanto a la seguridad como a la defensa de valores frente a supuestas amenazas externas.
Aunque las circunstancias geopolíticas de ese entonces eran distintas, la estrategia comunicativa resulta familiar, pues se presenta la acción militar no como un ataque a la soberanía de un Estado, sino como una necesidad moral y de seguridad compartida. En este caso, esta narrativa ha sido reforzada por la reiteración de acusaciones sobre narcotráfico y terrorismo, incluso cuando la evidencia concreta de los vínculos de Maduro con una organización criminal es poco clara e incluso es negada por él mismo.
El problema en esta retórica es que, si el objetivo de la operación era judicial, ¿por qué recurrir a un método militar de gran escala, con impactos visibles sobre instalaciones estratégicas? Imágenes satelitales y reportes periodísticos mostraron daños en el complejo militar de Fuerte Tiuna, uno de los puntos neurálgicos del poder venezolano y símbolo del control territorial del Estado. El uso de este tipo de fuerza no resulta coherente con una acción destinada exclusivamente a ejecutar órdenes de captura o procesos legales, sino que remite más bien a una operación de demostración, diseñada para desarticular capacidades, enviar un mensaje político y marcar jerarquías de poder.
Es evidente que lo que se quería lograr no era únicamente la detención de una persona, sino reconfigurar el equilibrio interno del país, debilitando sus estructuras de mando y dejando claro que no hay nada que pueda detener a Estados Unidos. En ese sentido, la cuestión militar no fue un medio excepcional, sino el verdadero núcleo de la operación, mientras el lenguaje judicial opera como su envoltura legitimadora.
Lo que siguió después fue que tras la captura el propio presidente estadounidense habló en términos de administrar o dirigir la transición “democrática” del país, en un lenguaje que se acerca más al “tutelaje” que a la cooperación. Sin embargo, este tipo de acciones tienen cada vez menos sustento normativo e incluso podrían provocar justo lo contrario a lo que se buscaba, pues la operación militar enfrenta problemas de justificación en el marco del derecho internacional ya que no existió mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, además la autodefensa frente a flujos de drogas no encaja en sentido estricto con los criterios tradicionales para usar fuerza armada contra un Estado soberano.
Y por ello tantas amenazas, tantos llamados contra otras figuras de la región como el presidente colombiano Petro o la presidenta mexicana Sheinbaum. Dado que no hay forma de sostener este tipo de acciones en términos legales, por ello EUA piensa que lo mejor es mantener la actividad bélica todo lo posible, muy al estilo del primer ministro israelí Netanyahu.
El problema es que la narrativa mediática, junto con la postura de buena parte de la cúpula política de varios países, está reduciendo este asunto a una simple disputa moral entre buenos y malos. Esta simplificación permite legitimar las acciones, al menos en el plano social, además dificulta la construcción de respuestas institucionales sólidas, pues cualquier intento de cuestionamiento corre el riesgo de ser leído como una defensa del lado incorrecto, con el consecuente costo en apoyo popular.
Y es que incluso si una parte de las acusaciones contra la cúpula venezolana resultaran ciertas, eso no responde la pregunta decisiva: ¿qué inaugura este precedente? Si se normaliza que un Estado poderoso pueda golpear, capturar y extraer a un jefe de Estado, para después discutir su legalidad, entonces cambia el cálculo estratégico de toda la región. La conversación ya no gira en torno a Venezuela, sino hacia el uso del crimen organizado como argumento exportable, así como hacia la posibilidad de que la soberanía se vuelva una condición negociable.
El telón de fondo de esta discusión -el de los recursos energéticos y minerales de Venezuela-, es una dimensión imposible de ignorar si se quiere comprender el sentido más amplio de lo ocurrido. No porque estos recursos expliquen por sí solos la intervención, sino porque forman parte del entramado estructural en el que se inscribe. Resulta evidente que no existen condiciones para obtener beneficios económicos significativos en el corto plazo, incluso desde una perspectiva estrictamente pragmática.
Hay varios análisis que han señalado que la recuperación de la industria energética venezolana requeriría inversiones multimillonarias, una profunda actualización tecnológica y varios años -quizá una década o más-, para reconstruir la infraestructura deteriorada y restablecer capacidades operativas mínimas. Esto sugiere que la lógica de la intervención no puede reducirse a una ganancia económica inmediata, sino que responde a una estrategia de más largo aliento, orientada a reordenar las condiciones políticas, institucionales y geopolíticas bajo las cuales esos recursos podrían ser explotados en el futuro.
En ese sentido, los bienes energéticos y minerales no aparecen como un botín inmediato, sino como una palanca de poder, cuyo control efectivo depende menos de la extracción presente que de la capacidad de definir quién decide, bajo qué reglas y en beneficio de quién se organizará su aprovechamiento. La intervención ya no se discute sólo por sus motivos declarados, sino por lo que habilita.
El retorno del intervencionismo en el nuevo orden global
Durante décadas, buena parte del debate público especialmente fuera de América Latina, se construyó sobre la idea de que el intervencionismo directo de Estados Unidos era un residuo del pasado, una práctica propia de la Guerra Fría que había sido superada por el derecho internacional, la diplomacia multilateral y los mecanismos de cooperación. Esa lectura no es que haya sido ingenua, sino que era funcional para el tipo de gobierno que representa a Estados Unidos, pues permitió presentar las intervenciones posteriores como “excepciones”, “errores” o “casos especiales”, en lugar de reconocerlas como parte de un patrón adaptativo.
Lo ocurrido en Venezuela obliga a abandonar esa comodidad intelectual, no porque sea idéntico a las invasiones del siglo XX, pues no lo es, sino porque muestra cómo el intervencionismo se ha transformado, aprendiendo a operar con nuevos lenguajes, nuevas justificaciones y una elasticidad argumentativa que lo hace especialmente peligroso.
A diferencia de las ocupaciones prolongadas del pasado, el intervencionismo contemporáneo tiende a ser quirúrgico, episódico y narrativamente blindado. No necesita tanques avanzando durante años ni administraciones coloniales explícitas. Le basta con acciones de alto impacto simbólico, presentadas como inevitables, urgentes y “moralmente justificadas”. La captura de un líder, el bombardeo de instalaciones estratégicas y/o la asistencia para reorganizar instituciones son piezas intercambiables de un mismo repertorio.
Aquí surge una primera cuestión de fondo y esa es la confusión deliberada entre legalidad, legitimidad y eficacia. Que una acción sea eficaz para alcanzar un objetivo inmediato, como desarticular una red criminal, desplazar a un actor incómodo, no la vuelve legal ni legítima. Sin embargo, el discurso oficial suele invertir el razonamiento, pues si fue eficaz, entonces era necesaria; si era necesaria, entonces estaba justificada. El derecho queda reducido a un trámite posterior, cuando no a un obstáculo incómodo que conviene ignorar.
Este giro no es casual, responde a un contexto internacional donde los mecanismos de contención institucional están debilitados, y donde las grandes potencias han aprendido que el costo político de violarlos es -en muchos casos- sorprendentemente bajo o inexistente.
Uno de los rasgos más notables del nuevo intervencionismo es el uso del combate al crimen organizado como justificación prácticamente ilimitada. A diferencia de la lucha contra el comunismo de los setenta o la guerra contra el terrorismo de principios de siglo, que al menos exigían la construcción de un enemigo ideológico reconocible, el narcotráfico opera como una amenaza difusa, omnipresente y permanentemente renovable.
Esto tiene varias implicaciones graves, ya que desdibuja las fronteras entre seguridad interna y soberanía externa. Primero, si el crimen es transnacional, entonces cualquier país puede ser presentado como parte del problema, independientemente de su marco legal, sus esfuerzos internos o su historia de cooperación. Segundo, invierte la carga de la prueba, pues ya no se requiere demostrar de manera sólida la existencia de una amenaza excepcional, basta con sugerirla, amplificarla o asociarla a figuras políticas incómodas.
Aquí conviene introducir un matiz importante para evitar simplificaciones, al igual que defender el derecho internacional no sugiere que se apoye proyectos políticos cuestionables como el de Nicolas Maduro, también señalar el uso instrumental del narcotráfico como argumento no equivale a negar la existencia real de redes criminales, ni a minimizar sus impactos. El problema no es reconocer que el narcotráfico existe, sino aceptar sin cuestionamiento que su mera existencia autoriza el uso de la fuerza militar contra Estados soberanos, incluso cuando los efectos colaterales, las violaciones al derecho internacional y los riesgos de escalamiento son evidentes. En ese sentido, la pregunta no es si hay crimen organizado, sino quién define cuándo y cómo ese crimen justifica una intervención, y bajo qué controles.
Otro rasgo central del nuevo patrón intervencionista es el silencio o la reacción tibia de los organismos multilaterales. No fue únicamente la incapacidad técnica o lentitud burocrática, se trata de una crisis de autoridad política. Las instituciones que deberían arbitrar, investigar o sancionar quedaron paralizadas ante sus propios intereses o limitaciones reales, pero el mensaje implícito fue que la fuerza puede operar sin consecuencias reales.
Este fenómeno no surge en el vacío, la incapacidad de frenar violaciones graves al derecho internacional en otros escenarios recientes ha erosionado la credibilidad del sistema multilateral. El problema no es solo que no se actúe, sino que se actúe de manera selectiva, incluso cuando se han documentado en vivo crímenes que han afectado a millones de personas como lo que sucede en Palestina. Esa selectividad alimenta la percepción, cada vez más extendida, de que el derecho internacional no protege a todos por igual, así como que su aplicación depende del peso político y económico del actor involucrado.
Desde una perspectiva crítica, conviene incomodar con la suposición de que el multilateralismo fracasó o más bien que ha sido debilitado activamente, vaciado de contenido cuando estorba y utilizado retóricamente cuando conviene. En ese contexto, una intervención como la que sucedió en Venezuela no es una anomalía en el sistema, sino una consecuencia lógica de una herramienta que sólo aplica para unos cuantos.
Otro rasgo de este intervencionismo contemporáneo es el uso instrumental de problemáticas reales para después llevarlas a una simplificación extrema, como ocurre con los conflictos internos de un país: autoritarismo, corrupción, colapso institucional, entre otros. Al reducir estas dinámicas complejas a etiquetas morales o diagnósticos unidimensionales, se pierde de vista que muchos de estos procesos no surgen en el vacío, sino que están atravesados por relaciones históricas, presiones externas y, en algunos casos, por incentivos perversos promovidos o tolerados por los propios actores que posteriormente se presentan como interventores o “salvadores”.
De este modo, situaciones que requieren análisis estructural, soluciones políticas de largo plazo y mecanismos institucionales multilaterales son transformados en argumentos simplificados que facilitan su consumo mediático y habilitan narrativas de urgencia, donde la intervención aparece no solo como legítima, sino como inevitable. El problema no es reconocer la existencia de crisis internas, sino convertirlas en justificación automática para suspender la soberanía, eludir responsabilidades compartidas y clausurar cualquier debate sobre las causas profundas y las alternativas posibles, es otra forma de despolitizar su significado regional.
Este punto suele generar incomodidad, sobre todo en espacios donde se insiste en leer la política internacional como una suma de decisiones consecuentes con el bienestar colectivo. La pregunta no es si Venezuela merecía o no una intervención, ya que es una formulación moralmente tramposa, sino qué precedente se establece cuando la fuerza se convierte en herramienta legítima de reordenamiento político.
Además, vale la pena preguntarse: si el argumento del crimen organizado puede estirarse hasta justificar una operación militar contra un Estado soberano; si el derecho internacional puede ser suspendido de facto sin consecuencias claras y, si el multilateralismo responde con ambigüedad, entonces el campo de países potencialmente intervenibles se amplía hasta donde, palabras de Donald Trump, su moral lo facilite o permita.
El error sería pensar que la intervención depende únicamente del buen comportamiento de los países o de cómo responden a la retórica de Trump, pues la experiencia histórica muestra lo contrario, la utilidad o incomodidad geopolítica del momento suele pesar más que cualquier récord previo de cooperación. Un ejemplo es el caso de Groenlandia, cuya posible ocupación o control estratégico ha sido planteado abiertamente por Estados Unidos en los últimos días, todo ello a pesar de que Dinamarca, el Estado del que depende este territorio, ha sido uno de sus aliados más leales en intervenciones militares durante las últimas décadas, incluso a costa del bienestar de su población, pues durante las operaciones en Afganistán registró una de las tasas de decesos más altas en términos proporcionales, situándose entre los países más afectados per cápita dentro de la coalición de la OTAN.
Este antecedente desmonta la idea de que la alineación política o la cooperación sostenida funcionan como salvaguardas frente a la presión o la amenaza. En ese sentido, el intervencionismo contemporáneo no castiga la desobediencia, sino que se activa frente a la irrelevancia estratégica o peor aún, frente a intentos de autonomía que interfieren con intereses mayores.
La población local de Groenlandia ha buscado su independencia desde hace tiempo, y Dinamarca se ha mostrado abierta a la posibilidad de mayor libertad política y territorial. Esto podría ser la principal razón que ha generado el impulso intervencionista en este territorio.
La energía, los recursos estratégicos y su papel en la disputa por el poder global
Hablar de la intervención en Venezuela sin colocar en el centro la cuestión energética implica quedarse en la superficie del problema, no es porque el petróleo lo explique todo -esa sería una lectura reduccionista-, sino porque la energía sigue siendo el nervio del sistema internacional, incluso en un contexto donde se habla, cada vez más, de transición energética y descarbonización. Mientras el discurso oficial insiste en el fin de la era fósil, las disputas geopolíticas continúan girando en torno al control de hidrocarburos, rutas de suministro y territorios estratégicos. Po lo que Venezuela se inscribe de lleno en esa contradicción.
La premisa, incomoda, pero cierta e irrefutable, es que el mundo no ha dejado de ser fósil, y lamentablemente no dejará de serlo en el corto plazo. A pesar del crecimiento de las energías renovables, el petróleo y el gas siguen siendo insustituibles en el corto y mediano plazo para el transporte, la petroquímica, la industria militar y amplios segmentos de la producción global.
Las crisis energéticas recientes (provocadas por conflictos armados, sanciones económicas y reconfiguraciones de alianzas) han mostrado que la llamada transición no avanza en un terreno neutro, sino en un escenario atravesado por tensiones geopolíticas profundas. En ese contexto, los países con grandes reservas no son actores secundarios, sino piezas clave en un tablero cada vez más inestable.
Venezuela concentra una combinación particularmente amplia de los elementos estratégicos más relevantes en la actividad, tanto enormes reservas de petróleo, importantes recursos de gas, yacimientos minerales y una ubicación estratégica en el Caribe. Esa dotación no se traduce automáticamente en poder de algún tipo; de hecho, opera en sentido contrario a menos que se tengan los medios para defender dichos recursos, como en el caso de Rusia. En el orden global actual, no basta con tener recursos, importa quién controla sus flujos, bajo qué reglas y en beneficio de quién. La historia reciente muestra que los Estados que intentan ejercer un control autónomo sobre sus recursos energéticos suelen enfrentar presiones crecientes, que van desde sanciones económicas hasta acciones más directas. No es un patrón mecánico ni idéntico en todos los casos, pero sí una regularidad que merece ser tomada en serio.
Aquí es importante desmontar una suposición de que las intervenciones buscan apropiarse directamente de los recursos, pues en muchos casos, el objetivo no es la propiedad formal, sino reordenar las condiciones políticas que permiten o bloquean determinados proyectos energéticos. Cambiar gobiernos, disciplinar élites, redefinir marcos regulatorios o asegurar alineamientos estratégicos es más eficaz y menos costoso que administrar directamente un territorio. Desde esta perspectiva, la energía funciona menos como botín inmediato y más como instrumento de poder a largo plazo.
La captura de un liderazgo político y la apertura de un escenario de transición tutelada no garantizan, por sí mismas, una recuperación rápida de la producción petrolera venezolana. El deterioro de la infraestructura local, la falta de inversión sostenida y los problemas técnicos acumulados hacen improbable un aumento significativo en el corto plazo, por lo que la intervención actual no responde únicamente a una urgencia económica inmediata, sino a una lógica estratégica más amplia. Se trata de reposicionar a Venezuela dentro de un orden energético y geopolítico donde ciertos alineamientos son tolerables y otros no.
La demanda de minerales críticos, la electrificación del transporte y el despliegue de nuevas tecnologías no eliminan las disputas por el petróleo, las reconfiguran y las superponen. El resultado es un escenario de doble presión sobre los territorios del Sur Global, pues, por un lado, siguen siendo fundamentales para el suministro de hidrocarburos; pero, por otro, se vuelven centrales para la extracción de minerales estratégicos. Lejos de aliviar las tensiones, la transición mal planteada puede intensificarlas.
Desde esta óptica, los bienes naturales se convierten en un factor de riesgo y no porque los recursos sean en sí mismos una maldición, sino porque la estructura del sistema internacional penaliza los intentos de gestión soberana cuando estos chocan con intereses mayores. En un orden donde la fuerza vuelve a adquirir centralidad, la posesión de recursos estratégicos puede atraer no solo inversiones, sino también intervenciones, presiones y amenazas. La experiencia venezolana ilustra con crudeza esa ambivalencia.
La pregunta que emerge ante esta situación es cómo se proyecta esta lógica sobre otros países de la región. México aparece aquí como un caso particularmente delicado. Su vecindad con Estados Unidos, su papel en las cadenas energéticas, su biodiversidad y su dotación de minerales críticos lo colocan en una posición estratégica. Al mismo tiempo, la persistente crisis del narcotráfico profundamente vinculada a dinámicas transnacionales donde Estados Unidos juega un papel central como mercado y proveedor de armas ofrece un argumento recurrente para la presión externa. En ese contexto, su soberanía está más bien limitada o controlada ante los vaivenes del exterior.
Colombia, por su parte, al igual que Dinamarca, ha tenido una cooperación estrecha y un alineamiento poco frecuente en la región. A pesar de haber sido presentado durante años como el caso exitoso de la política antidrogas impulsada desde Washington, el país ha tenido un giro político con un enfoque más social, lo que ha provocado incomodidad en Washington, esto demuestra de nuevo que el historial de cooperación pesa menos que la utilidad geopolítica coyuntural, y que ningún país está completamente a salvo en un escenario donde los criterios de intervención se vuelven cada vez más flexibles.
En conjunto, lo que este panorama revela es que la disputa energética y por los recursos estratégicos no se limita a la extracción o al acceso material, sino que se expresa, sobre todo, en la capacidad de imponer reglas, definir marcos políticos y condicionar soberanías. En el orden geopolítico que se está consolidando, el control efectivo no pasa necesariamente por la ocupación directa, sino por la capacidad de moldear decisiones internas, orientar alineamientos internacionales y limitar márgenes de autonomía. Venezuela aparece no como una anomalía, sino como un caso particularmente visible de una lógica que opera de forma más amplia y silenciosa en otras regiones del mundo.
Este escenario obliga a cuestionar una narrativa persistente según la cual los recursos naturales representan, por sí mismos, una ventaja estratégica o una promesa de desarrollo. Sin capacidad política, institucional y regional para defenderlos, los recursos pueden convertirse en un factor de vulnerabilidad, atrayendo presiones externas que rebasan el terreno económico y se inscriban en disputas de poder global. La transición energética, lejos de resolver esta tensión, corre el riesgo de profundizarla si se mantiene subordinada a las mismas lógicas extractivas, competitivas y geopolíticas que han caracterizado al orden fósil.
No se trata únicamente de gestionar recursos o diversificar matrices energéticas, sino de redefinir colectivamente las condiciones bajo las cuales esos bienes se insertan en el sistema internacional. Mientras la región permanezca fragmentada, reaccionando de forma aislada a presiones externas, la posesión de recursos estratégicos seguirá operando más como una exposición al conflicto que como una base para la soberanía. En ese sentido, el caso venezolano no solo ilustra los riesgos de un mundo donde la energía y el poder siguen estrechamente ligados, sino que anticipa los dilemas que otros países podrían enfrentar si no se cuestiona de manera frontal la lógica que convierte a los territorios ricos en recursos en escenarios recurrentes de disputa.
Más allá de Venezuela: lo que está en juego para la región
La intervención de Estados Unidos en Venezuela no puede entenderse, a estas alturas, como un hecho aislado ni como una anomalía producto de circunstancias excepcionales. Tampoco basta con explicarla como el resultado exclusivo de los problemas internos del país, por graves que estos sean. Lo ocurrido revela algo más profundo y más inquietante: una reconfiguración de las reglas no escritas que ordenan el uso de la fuerza en el sistema internacional, donde la soberanía deja de ser un principio garantizado y se convierte en una condición frágil, sujeta a evaluación permanente por parte de los actores con mayor poder.
El mensaje que emerge de este episodio es incómodo, pero difícil de ignorar. El derecho internacional, por sí solo, ya no actúa como una barrera frente a la intervención militar cuando entran en juego intereses estratégicos. El multilateralismo, debilitado por años de selectividad, omisiones y silencios cómplices, no ofrece hoy garantías reales a los Estados que se encuentran fuera del núcleo de poder militar. En este contexto, la legalidad se vuelve posterior al hecho consumado y la fuerza se normaliza como una herramienta más del reordenamiento político global.
Desde América Latina, esta constatación obliga a revisar con urgencia ciertas suposiciones arraigadas. Durante años se sostuvo (a veces con convicción, a veces por conveniencia) que la integración económica, la cooperación en seguridad o la moderación discursiva bastaban para reducir los riesgos de intervención externa. La experiencia venezolana, junto con las presiones explícitas sobre otros países de la región, sugiere lo contrario. Ni el alineamiento automático ni el buen comportamiento garantizan protección, del mismo modo que la autonomía no implica necesariamente confrontación abierta. El criterio decisivo no es moral ni jurídico, sino geopolítico.
La cuestión de los recursos naturales atraviesa esta discusión de manera decisiva. Lejos de convertirse en una base sólida para el desarrollo soberano, los bienes energéticos y minerales operan cada vez más como factores de exposición en un mundo marcado por crisis múltiples y transiciones mal resueltas. La promesa de una transición energética ordenada convive con una realidad donde el petróleo, el gas y los minerales críticos siguen siendo objetos de disputa intensa. En ese escenario, los territorios del Sur Global aparecen simultáneamente como indispensables y prescindibles: indispensables para el suministro, prescindibles en términos de derechos y autodeterminación.
Aceptar este diagnóstico no implica caer en el fatalismo ni asumir que la región está condenada a repetir su historia de subordinación. Pero sí exige abandonar la comodidad del análisis superficial. La prudencia discursiva, por sí sola, no es una estrategia y la neutralidad pasiva puede convertirse en una forma de vulnerabilidad. Si algo muestra el caso venezolano es que el repliegue no garantiza seguridad y que la fragmentación regional debilita cualquier capacidad de respuesta colectiva.
Aquí emerge un desafío político de primer orden para América Latina, no se trata únicamente de condenar intervenciones a posteriori ni de emitir declaraciones simbólicas cuando el daño ya está hecho. Se trata de asumir un liderazgo activo en la defensa del multilateralismo, no como consigna abstracta, sino como espacio que debe ser reconstruido, fortalecido y defendido frente a su vaciamiento selectivo. También implica repensar la cooperación regional más allá de los ciclos ideológicos, entendiendo que la defensa de la soberanía y de la vida no es patrimonio de una corriente política específica, sino una condición mínima de convivencia internacional.
Un contraargumento frecuente sostiene que estas preocupaciones exageran el alcance del precedente y que la intervención en Venezuela responde a circunstancias extraordinarias difíciles de replicar. Esa lectura, aunque tranquilizadora, pasa por alto un elemento central, los precedentes no se miden por su frecuencia inmediata, sino por el umbral que establecen. Cuando una acción de esta magnitud no encuentra límites claros ni consecuencias proporcionales, el mensaje que se envía es que el uso de la fuerza es negociable, contextual y, en última instancia, justificable.
La advertencia, entonces, no es retórica, Venezuela muestra cómo los bienes naturales lo han sentenciado en el contexto de una crisis energética, disputas geopolíticas y un sistema internacional cada vez más dispuesto a tolerar la excepción. México, Colombia y otros países de la región no están frente a una amenaza idéntica, pero sí frente a una lógica compartida que redefine los márgenes de lo posible.
América Latina puede optar por seguir leyendo estos episodios como problemas ajenos, confiando en que la tormenta pasará de largo o puede reconocer que el tablero ha cambiado y que la defensa de la soberanía requiere algo más que declaraciones cuidadosas. Requiere coordinación política, claridad estratégica y, sobre todo, voluntad de disputar el sentido mismo del orden internacional. Si algo deja en claro lo ocurrido en Venezuela es que la advertencia ya fue lanzada, ignorarla no la desactiva. La pregunta que queda abierta es si la región será capaz de responder antes de que esa advertencia se convierta, para otros países, en una realidad propia.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya, entre otros.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.