El derrocamiento del presidente paraguayo Fernando Lugo por un golpe de Estado parlamentario fue uno de los grandes acontecimientos políticos del año en América Latina. La destitución del ex obispo fue justificada por un enfrentamiento en el que murieron 17 personas (11 campesinos y seis policías) en la zona de Curuguaty en un operativo de […]
El derrocamiento del presidente paraguayo Fernando Lugo por un golpe de Estado parlamentario fue uno de los grandes acontecimientos políticos del año en América Latina. La destitución del ex obispo fue justificada por un enfrentamiento en el que murieron 17 personas (11 campesinos y seis policías) en la zona de Curuguaty en un operativo de desalojo de «sin tierra» que estaban ocupando uno de los tantísimos predios «mal habidos» por terratenientes ligados a la dictadura de Stroessner. La Agencia Pública de Periodismo Investigativo (Pública) de Brasil estuvo en Curuguaty para reconstruir lo sucedido aquel 15 de junio. Brecha reproduce fragmentos de su investigación.
Detrás de las gruesas y oxidadas rejas de la penitenciaría nacional de Tacumbú, en la capital paraguaya de Asunción, en medio de más de 3 mil detenidos -la capacidad es de 1.500-, el campesino Rubén Villalba carga un peso infinito. Bajito, barrigón, de ojos pequeños y piel morena típica del interior paraguayo por los lados de Mato Grosso do Sul, está acusado de ser el principal causante de la matanza de Curuguaty, motivo utilizado para destituir al presidente electo Fernando Lugo en junio de 2012 por el Congreso.
Contra Villalba pesa no sólo el papel que se le atribuye en la historia, sino la realidad de que está solo. Nunca hubo en la prensa paraguaya una sola voz que lo defendiese: los demás dirigentes de la ocupación de los sin tierra que, como él, decidieron resistir la reintegración de la posesión el 15 de junio, están muertos; su esposa está en prisión domiciliaria a 400 quilómetros con su hijo de siete meses. Todas las evidencias consideradas por la investigación de la Fiscalía, especie de ministerio público de Paraguay, apuntan a él. El presidente Federico Franco lo llamó asesino y afirmó que protagonizó una emboscada a policías que resultó en la muerte de seis de ellos. Ese día murieron también 11 campesinos.
«Claro que me golpearon cuando fui preso», cuenta a Pública en su español mezclado con guaraní, mientras esquiva la mirada de los guardias en un rincón del presidio -le está terminantemente prohibido hablar con la prensa-. «Había mucha tortura psicológica, ‘vos sos el que mató al fulano, vos sos del (grupo guerrillero) epp’, decían. Se me subió encima del lomo, en la espalda, y dijo ‘Hurra’. Me parece que era un trofeo, me parece.».
Y en ese momento Rubén comienza a llorar, a relatar lo poco que recuerda de la desocupación del terreno de 2 mil hectáreas. No eran poco comunes las de-socupaciones de ese tipo ni que los sin tierra decidieran resistir el intento de reintegrar la posesión, como hicieron Rubén y los demás dirigentes. El hecho de que el grupo poseyera escopetas de caza (entre 17 y 20) también era algo común en las desocupaciones, según muchos testimonios oídos por Pública de policías, campesinos, periodistas, militares. Pero todo lo que siguió fue absolutamente atípico. Cerca, en el ala del hospital del centro de detención, de nombre Esperanza, está Néstor Castor, otro de los aproximadamente 70 que ocupaban las tierras conocidas como Marina Cué. Aunque contra él no pesa la acusación de haber provocado la masacre, Castor tenía una horrible herida: su maxilar izquierdo fue destruido por una bala y desde aquella mañana su rostro está parcialmente desfigurado. En la época de la entrevista, la parte inferior estaba atada por una suerte de aparato dentario con elásticos. Néstor tenía dificultad para hablar y comer -aún se alimenta a base de líquidos-. La operación recién fue realizada el 23 de noviembre, cinco meses después de ser herido. Ahora está en recuperación.
Pero su dolor no es sólo físico. Castor carga la culpa de haber delatado sin querer a todos sus compañeros. Es que días antes del conflicto escribió de su propio puño una lista de nombres de los que ocupaban el terreno «para pedir víveres a la Secretaría de Emergencia Social» del gobierno federal. La lista, encontrada por la policía, es una de las principales piezas de la investigación conducida por la Fiscalía. A todos los que figuran en ella -estuviesen o no en el momento del conflicto- se les dictó prisión preventiva y fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble ajeno. Procesar indiscriminadamente a todos los registrados en una lista garabateada con lapicera no es la única fragilidad de la investigación sobre el evento más importante de la historia reciente de Paraguay. En verdad, la investigación está bajo creciente crítica de la opinión pública.
Incluso después de que se dio por concluido el informe de la investigación, en octubre de 2012, no se sabía aún el resultado de los exámenes de las autopsias ni de los de balística. De las cinco escopetas capturadas, las supuestas armas del crimen, apenas una se demostró capaz de disparar; decenas de casquillos de armas automáticas simplemente desaparecieron. Hay indicios de adulteración de la escena del crimen y de los cadáveres; un arma apareció de la nada, hay testimonios anónimos y policías que cambiaron sus versiones de los hechos. La investigación es conducida por un joven integrante de la Fiscalía, de nombre Jalil Rachid, de 33 años, hijo de Bader Rachid, ex presidente del Partido Colorado, y por el empresario Blas Riquelme, que usaba el terreno y desde 2004 reivindicaba ante la justicia su posesión, pidiendo la expulsión de los sin tierra.
Riquelme, empresario para unos, falsificador de títulos de tierras para otros -la Comisión de la Verdad sobre la dictadura de Stroessner señaló irregularidades en los terrenos que adquirió en ese período- falleció dos meses después de la masacre. Fue enterrado con gloria y honores, homenajeado en el mismo Congreso que destituyó a Fernando Lugo y en la sede del Partido Colorado, el mismo que votó en pleno por el impeachment. Según un jefe policial que participó en la operación -cuyo nombre no será identificado a su pedido-, la policía sabía que los campesinos tenían escopetas. «Yo se lo dije incluso al comandante (de la policía, Paulino ojas), que se tomase más tiempo (para entrar) porque era peligroso, porque si moría un policía también caería la cabeza del comandante. Y si moría un campesino, lo mismo», explica el jefe, que participó en las discusiones de la cúpula. «Yo le dije que enviase más gente de inteligencia al lugar para obtener más datos, para que hubiese más informaciones (antes de actuar)». Según él, otros jefes policiales también querían postergar la desocupación, que al final ocurrió por presión de la Fiscalía.
«Yo le dije al comandante: ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué quieren tanto hacerlo si tenemos tiempo para cumplir con la orden de desocupación? Podíamos habernos tomado hasta un año, inclusive. Podíamos argumentar que la policía no estaba en condiciones de operar, podíamos decir muchas cosas.» Su relato es corroborado por la declaración de un policía del Grupo Especial Operativo (geo) que consta en la investigación oficial. Según los documentos, Erven Lovera, comandante del geo, también quería postergar la desocupación. «El jefe Lovera no quería hacer ese procedimiento, tenía ese fin de semana libre y quería pasar el Día del Padre con sus hijos en Asunción. Trató por todos lados de suspender, llamaba de acá para allá, pero de todos lados había mucha presión de que se tenía que hacer ese procedimiento de cualquier manera.» Lovera fue el primer policía muerto. Era hermano del jefe de seguridad personal del entonces presidente Fernando Lugo.
Desde el punto de vista del gobierno, sin embargo, la atención tendría que haber sido redoblada, y no lo fue. Porque había informaciones sobre la posibilidad de que se armase un problema, un teatro de conflicto en la región, que llegó a altas autoridades del gobierno de Lugo. Miguel Lovera, entonces director del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (Senave), cuenta que recibió informaciones ya en abril (de 2012). «Yo ya había oído rumores semejantes antes, pero esta información vino completa. Ciertos elementos de reputación muy negativa habían sido vistos en la zona. Matones. Gente al servicio de los dueños de la tierra. La información era: quieren producir un derramamiento de sangre para llevar a Lugo a juicio político y sacarlo del poder.»
Otras fuentes del gobierno de Lugo confirman que, meses antes, hubo una situación semejante durante la desocupación de un terreno en Ñacunday, ocupado por cerca de 8 mil familias sin tierra. En la ocasión, los campesinos fueron transferidos a un terreno vecino, bajo la intensa crítica de la prensa nacional. «Cuando ocurrió el caso Ñacunday, nosotros denunciamos que había armas de guerra, que había grupos que se habían infiltrado y que iban a usar cualquier acción de la policía para responder. Se generó una situación muy delicada que lamento que no haya sido tomada suficientemente en serio, porque hace tiempo que gente que quiere desestabilizar al gobierno está buscando provocar este tipo de hecho», afirmó a la prensa López Perito, jefe de gabinete de Lugo, al día siguiente del conflicto.
EL ESTADO, EN CAUTIVERIO
En la región de Canindeyú, el entonces director del Instituto de Tierras (Indert), Ignacio Vera, era cercano a los movimientos campesinos -demasiado cercano, en la visión de la policía y de los hacendados de la región-. Tanto que el 15 de junio, día en que ocurrió la confrontación, tuvo que salir huyendo del lugar bajo amenaza de muerte. Vera recuerda que salió corriendo con el consentimiento de sus superiores en el gobierno federal. «Estaba muy preocupado por la situación, porque comprendí que era un problema de persecución política y que podía haber violencia en cualquier parte», dijo a Pública. Vera se quedó algunos días escondido hasta poder volver a la región. Un mes después, ya bajo el nuevo gobierno del liberal Federico Franco, fue apartado de la dirección del Indert.
Miguel Lovera también visitó la región ese mismo día, y también tuvo que marcharse rápidamente. La ministra de Salud, Esperanza Martínez, considerada la ministra fuerte del gobierno de Lugo, llegó a Curuguaty para prestar asistencia a las víctimas. El escenario que encontró, según contó en entrevista con Pública, era desolador. «Cuando llegué, la policía estaba rodeando el hospital porque había una amenaza de que los campesinos invadirían para llevarse los cuerpos de sus parientes. Los periodistas andaban libremente por los corredores», recuerda. «Los cadáveres de los campesinos estaban tirados al lado de la entrada y los de los policías estaban en un cuarto en el fondo, resguardados. Después me enteré de que la policía solamente transportó en los aviones que llegaron por la tarde a los policías heridos y muertos hasta Asunción, donde se haría la autopsia.»
Ese mismo día, Esperanza tuvo que volver corriendo a Asunción -«ya se estaba hablando del juicio político en el Congreso», dice-, pero intentó todavía ayudar a algunos moradores con los que tuvo una rápida reunión. «Hablamos con los campesinos, y ellos decían que mucha gente estaba siendo detenida simplemente por preguntar sobre los heridos.» No consiguió hacer nada en los días siguientes, enfrascada en las negociaciones políticas para evitar la destitución de Lugo. Esperanza fue, con el jefe de gabinete López Perito, la única ministra mencionada específicamente en el libelo acusatorio presentado en el Congreso. Los diputados afirmaron que los ministros actuaron de forma «absolutamente equivocada» en Curuguaty al «tratar de manera igual a policías cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de estos crímenes», o sea los campesinos.
BALA 5.56.
Una cápsula de proyectil dorada, hecha de latón militar, con 9,50 milímetros de diámetro, puede ser la evidencia definitiva de que la investigación del fiscal Rachid está ignorando muchos elementos cruciales. El 2 de octubre Rachid divulgó la conclusión de la Fiscalía de que los agentes policiales cayeron en una emboscada «previamente preparada y planeada» por sin tierra armados con rifles, escopetas, hoces y machetes. Afirmó también que Rubén Villalba es el principal responsable de la tragedia. En poco más de dos mses de investigación, sin embargo, Pública tuvo acceso a la cápsula de una bala 5.56, utilizada en fusiles M 16 y carabinas M 4 -armas usadas tanto por grupos de elite de las fuerzas de seguridad de Paraguay como por traficantes que contrabandean marihuana, artículos electrónicos y agrotóxicos a Brasil-. Según los testimonios, la cápsula fue encontrada en el terreno de Marina Cué poco después del conflicto. Se trata de una cápsula de bala fabricada en 2007 en Salt Lake City Army Ammunition Plant, en un complejo militar perteneciente al gobierno estadounidense en el estado de Utah y administrado por la empresa militar privada Alliant Techsystems (atk). La atk exporta armas y municiones a Paraguay a través de la empresa Sake Saci, según registros del gobierno estadounidense compilados por la consultora Import Genius. Contactada por Pública, la atk se negó a decir si exporta sólo a las fuerzas militares de Paraguay o también a grupos privados.
La cápsula de bala 5.56, que permanece en un lugar seguro en Paraguay, puede ser el único indicio de que el día del conflicto se utilizaron armas militares -fuera por las fuerzas especiales de la policía o por francotiradores-. Decenas de otras cápsulas semejantes, recogidas en el lugar, simplemente desaparecieron. En el informe de la policía, al que Pública tuvo acceso, aparecen sólo dos cartuchos de bala 5.56, que no fueron sometidos a pericias porque no se hallaron las armas correspondientes.
De acuerdo con Rachid, ningún arma militar fue utilizada aquella mañana. «Tomé las declaraciones testimoniales de los agentes que intervinieron y ellas están anexadas en el informe oficial. Todos coinciden en decir que no utilizaron armas con proyectiles reales ni gas pimienta», dijo. Desde que presentó sus conclusiones, en octubre, el fiscal ha sido cada vez más criticado. Más allá de las protestas pidiendo la libertad de los campesinos, la verdad es que su hipótesis -que 70 campesinos habrían emboscado a 324 policías con escopetas de caza- no convence a nadie. La mayor piedra en el zapato del fiscal es un informe detallado, publicado en el mismo mes de octubre por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (peicc), fundada poco después de la destitución de Lugo por el político liberal Domingo Laíno, un hombre tranquilo pero de palabras enfáticas, casi dramáticas, con el objetivo explícito de investigar la investigación oficial.
La peicc también asumió la defensa de los campesinos presos y está pidiendo la completa anulación de la investigación. Las fallas planteadas por el informe de la Plataforma son elocuentes. Primero, cuestiona el hecho de que sólo se hayan encontrado en el lugar cinco escopetas de caza y un revólver, armas que difícilmente conseguirían matar a tanta gente en tan poco tiempo. Analizando un video grabado por la policía, la peicc defiende que se oye una ráfaga de fusil automático en el momento del tiroteo. La evidencia es descartada por el fiscal Rachid. El mismo video muestra la presencia de mujeres y niños en el lugar de la confrontación, lo que desmentiría la versión de una emboscada. Ya en la investigación presentada por la Fiscalía, los más de 30 testimonios de policías golpean la misma tecla: que no había allí ninguna mujer o niño. Es mentira. Dicen también que los campesinos estaban fuertemente armados. Pero, otra vez, el video publicado por la peicc desmiente esa versión: los campesinos realmente portan escopetas de caza.
La cosa se pone peor. De las cinco escopetas examinadas por la policía, apenas una se mostró capaz de disparar durante las pruebas de balística. Y una de las armas incluidas en el informe de la policía fue, en verdad, robada el 22 de junio, una semana después de la masacre, de la casa del general Roosevelt César Benítez Molinas y abandonada atrás de una iglesia en Curuguaty. La hipótesis de que hubiese francotiradores en el área fue después descartada por la Fiscalía, y los resultados de los informes del forense no fueron presentados en público cuando Rachid anunció sus conclusiones. Tampoco consta en la investigación de la Fiscalía el hecho de que el helicóptero usado por la policía, que hacía sonar una sirena ensordecedora, disparaba durante la confrontación. Todos los policías entrevistados afirman que el helicóptero no estaba sobrevolando el área durante el tiroteo. Pero un video filtrado en Youtube muestra, de hecho, el disparo del helicóptero. El campesino Roberto (nombre ficticio), entrevistado por Pública, recuerda bien este detalle. «Los heridos estaban corriendo y les disparaban desde el helicóptero, que estaba muy bajo.» El informe de peicc muestra, además, a policías manipulando los cuerpos de los campesinos, tirando sobre ellos cartuchos de bala y escopetas, para posar ante las fotos que ilustrarían los periódicos de los días siguientes. Las fotos de montaje de la escena, según Laíno, fueron cedidas a peicc por fotógrafos «que no están de acuerdo con lo que ocurrió» y no salieron en la prensa paraguaya.
Coincidentemente, es una foto fuera de foco, sin autoría definida y filtrada a peicc, la que fue utilizada para identificar a Rubén Villalba como el hombre que tiró contra Erven Lovera, dando inicio a la llamada «emboscada» contra la policía. En su celda hacinada de Tacumbú, Villalba tiene pocas esperanzas de escapar al papel de gran verdugo de la masacre de Curuguaty, en caso de que la investigación siga el mismo rumbo. O de tener un juicio justo. Contra él están el fiscal, el juez y el breve presidente Federico Franco, cuyo mandato termina en agosto de 2013 y que depende, en gran parte, de que se mantenga la versión de que los campesinos emboscaron a los policías porque «el presidente Lugo se mostraba siempre con las puertas abiertas a los líderes de estas invasiones, dando un mensaje claro sobre su apoyo a esos actos de violencia y comisión de delitos», como declara el documento del impeachment.