En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos. En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad […]
En Guatemala las empresas mineras, hidroeléctricas y de monocultivos emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos.
En este artículo nos referiremos sólo a tres de sus procedimientos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.
Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo.
Segundo, como parte de su «responsabilidad social empresarial» organizan campeonatos de fútbol, excursiones, costean parte de las fiestas patronales y en raras ocasiones construyen una parada de autobús o una escuela. En este procedimiento, gastan más dinero en publicidad que en el desarrollo de los eventos sociales o pequeña infraestructura.
Tercero, si algún comunitario o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos y de monocultivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante el jefe de seguridad quien actúa en contubernio con la policía estatal. Este personaje suele ser, en muchos casos, militar activo o en situación de retiro. Es el encargado de crear escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados.
Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos).
En relación a la creación de figuras criminales, Daniel Pascual Hernández, coordinador general del Comité de Unidad Campesina -CUC- y de la Coordinación Maya Waqib´ Kej, dijo el 16 de mayo de 2016, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que existen bufetes jurídicos pagados por las empresas extractivas y de monocultivos, encargados de formular toda la criminalización social y que cuando esos abogados no logran su objetivo entonces acuden a los asesinatos. https://goo.gl/
El defensor de derechos humanos citó como ejemplo el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.
La expresión de Pascual Hernández encaja bien en este artículo, pues pareciera que la estrategia de las empresas extractivas y de monocultivos en toda América Latina es la misma. En los últimos meses se ha incrementado la violencia en contra de dirigentes indígenas y campesinos de ambos sexos en Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala.
Aquí vale la pena mencionar un hilo conductor en los atentados en contra de activistas de Guatemala y Honduras. El común denominador es que los actores intelectuales o materiales de violaciones en contra de defensores y defensoras son militares o exmilitares.
Veamos algunos ejemplos: en el asesinato del profesor Adolfo Ich Chamán y el ataque con arma de fuego en contra de 8 campesinos, el 27 de septiembre de 2009, en el Estor, Izabal, participó el teniente coronel retirado, Maynor Padilla, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, capturado el 26 de septiembre de 2012 y ligado a proceso penal el 1 de octubre del mismo año.
El responsable de ordenar el asesinato de las personas que se encontraban manifestando frente a la minera San Rafael, S. A, el 27 de abril de 2013, en donde resultaron heridas de bala seis personas, fue el exmilitar, Alberto Rotondo, de nacionalidad Peruana, quién fue capturado el 30 de abril de ese año. Ahora Rotondo está prófugo de la justicia guatemalteca.
Por este caso, también está preso el exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional Civil, Pedro Esteban López, quién detuvo ilegalmente e inventó delitos graves en contra de 26 personas de Santa Rosa y Jalapa quienes se oponen a la minería en su territorio.
Otro caso que sale a colación, es el trabajo de criminalización, persecución e intimidación en contra de líderes y lideresas que hizo la empresa Escorpión que le brindaba servicios de seguridad privada a Exmingua, dueña del proyecto minero Siete Derivada, ubicado entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El dueño de Escorpión es el capitán Miguel Martínez Solís y su brazo derecho era el exteniente del ejército Pablo Silas.
Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas y de monocultivos con militares y exmilitares.
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