Como en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos ha interferido en los asuntos internos de Nicaragua desde hace más de un siglo, con el objetivo de imponer en el país gobiernos sumisos que les proporcionen acceso irrestricto a los recursos de la nación y que también les garantice otro incondicional seguidor en los foros internacionales.
Las intervenciones de EEUU en Nicaragua han tomado todas las formas posibles, desde invasiones militares, bloqueos económicos y de golpes de estado, hasta financiar y apertrechar a movimientos armados terroristas usando dinero proveniente del narcotráfico internacional o de la venta ilegal de armas a países en guerras que ellos mismo promueven (Caso IRAN-Contras). De esto existe constancia en la sentencia de la corte internacional de justicia de La Haya, condenando estos hechos.
Desde que el Frente Sandinista existe como fuerza política en Nicaragua, cada vez que ha habido una nueva injerencia en los asuntos internos del país, la ha denunciado y ha exigido que cese dicha injerencia, reclamando respeto y una relación entre iguales con EEUU. Esto lo ha hecho incansablemente, tanto desde el gobierno como cuando le ha tocado estar en la oposición.
A lo interno, desde que logramos la independencia como nación, han existido grupos oligárquicos criollos que se sienten con el derecho inherente de gobernar el país. Durante muchas décadas, se han alternado el poder entre unas cuantas familias con apellidos de antiguo abolengo. Cabe destacar que durante casi dos siglos han manteniendo al país sumido en el atraso, pobreza y desigualdad, mientras amasaban fortunas inmensas de las cuales disfrutan hasta nuestros días. Mientras, las grandes transnacionales norteamericanas podían disponer para su beneficio de toda la riqueza que poseía el país, a cambio de que EEUU garantizara los privilegios de la oligarquía local.
En el 2007, el Frente Sandinista volvió al poder tras pasar en la oposición 17 años, tiempo durante el cual se dedico a organizarse y reconstruir un proyecto político sólido que convenciera al mayor número posible de Nicaragüense, y lo consiguió.
Partiendo del hecho de que Nicaragua sigue siendo aun un país pobre, se puede decir con absoluta rotundidad (avalado por los datos y no por opiniones), que el periodo 2007-2017 ha sido uno de los períodos de mayor desarrollo estructural, prosperidad económica y redistribución de la riqueza que haya habido en la historia de Nicaragua. Jamás se creció tanto en tan poco tiempo, reduciendo la pobreza y la desigualdad en igual proporción. Quien haya conocido Nicaragua hace veinte años y la compare con la Nicaragua de hoy, se dará cuenta de la inmensidad de la tarea que se ha llevado a cabo. No me alargare enumerando cada uno de los logros en todos estos años, ya que cualquier persona interesada los puede verificar si busca los datos, (no opiniones), porque tal y como he dicho son hechos documentados y certificados por organismos internacionales solventes.
Acoto el periodo de 2007 al 2017, por que en abril de 2018 se dio un intento de golpe de estado que detuvo el crecimiento económico, destruyo importante infraestructura pública y privada, se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo y lo peor de todo, le costó la vida a cientos de nicaragüenses. Este golpe de estado fallido fue perpetrado por los grupos oligárquicos de siempre y financiado por EEUU, más específicamente por la USAID, una fachada de la CIA, por algunos gobiernos europeos, y también por poderosas fundaciones privadas extranjeras. Este intento fallido de alcanzar el gobierno por medio de la violencia, fue descrito en los medios internacionales como una protesta popular pacífica, obviando antecedentes, hechos y consecuencias. Estos grandes medios de comunicación sesgan la información de una manera u otra según en qué país se den los acontecimientos, como se puede ver en los recientes casos de Bolivia y el golpe de estado tras unas elecciones legitimas, Colombia y las masacres semanales de líderes populares, o Chile y su “epidemia” de jóvenes tuertos tras protestar en las calles. Solo por mencionar algunos ejemplos entre muchos.
Tal y como he dicho, desde siempre los miembros de las familias oligarcas en Nicaragua han solicitado intervenciones militares de EEUU cuando ellos no están en el poder, incluso contra otras familias oligarcas gobernantes de turno. Han solicitado públicamente sanciones económicas contra su propio país, descaradamente han hecho de la embajada de EEUU en Nicaragua su centro de reunión para recibir las indicaciones de lo que se debe o no se debe hacer. Pero, el tipo de violencia sufrida en 2018 (hasta entonces inédita, en un país que ha conocido muchos tipos de violencia), marco un punto de inflexión que lo cambió todo.
Estados Unidos (al igual que muchos otros países), no admite que ninguna potencia extranjera financie a grupos políticos en suelo Estadounidense, tampoco admite que existan organizaciones no gubernamentales o medios de difusión que reciban financiamiento de otros países, a los cuales obliga a registrarse como agentes extranjeros. Penaliza con prisión a cualquier persona que incite a la agresión en contra de EEUU. Desde hace décadas posee legislaciones muy restrictivas, que regulan y castigan severamente estas actividades. Legislaciones que en muchos casos le dan al gobierno de EEUU la potestad de violentar derechos fundamentales y derechos humanos sin orden judicial, ni juicio, ni garantía alguna, solo ante la sospecha del agente de turno. La mayoría conoceremos nombres como Julián Assange o Eduard Snowden, pero la inmensa mayoría desconocemos a Leonard Peltier o a Oscar López Rivera, invito a todo aquel interesado a que investigue quiénes son y que ha ocurrido con ellos.
Nicaragua ha promulgado su propia legislación al respecto, basándose en leyes ya aplicadas en otros países y adecuándolas a nuestros valores y nuestra realidad. Los miembros de la oligarquía, que siempre se han sentido por encima del bien y del mal, creían que no se les aplicaría la nueva ley y que podrían seguir pidiendo intervenciones militares contra el país, bloqueos y agresiones económicas sin que hubiera consecuencias. Creyeron que no se les exigiría cuentas de los ingentes recursos económicos que reciben en nombre del pueblo de Nicaragua, y que son desviados a cuentas personales que utilizan discrecionalmente para otros fines. Así que, han seguido haciendo lo mismo de siempre, solo que, antes del 2020 lo hacían de forma inmoral, después del 2020 lo han seguido haciendo pero esta vez de forma ilegal. Quebrantar la ley trae consecuencias, no importan los apellidos.
Recientemente ha salido a la palestra informativa internacional la detención de numerosas personas vinculadas a estos grupos en Nicaragua, y los medios lo han difundido como ataques a candidaturas opositoras para evitar que participen en los próximos comicios electorales de Noviembre, intentando crear la opinión de que es una estrategia electoralista por parte del gobierno. Deliberadamente omiten que todas las encuestas, de empresas privadas independientes, les otorgan ínfimos porcentajes de aceptación popular e intención de voto, en comparación con el candidato oficialista y actual presidente Daniel Ortega, por lo que el gobierno no obtiene ninguna ventaja alterando el proceso electoral ya en marcha. Los procesos judiciales abiertos, aun en fase de investigación, seguirán su curso y las pruebas determinaran su resultado.
Me permito resaltar que estos grupos no representan a toda la oposición política en Nicaragua, ni mucho menos. Existen muchos grupos políticos dispuestos a respetar las reglas del proceso democrático e intentar acceder al poder mediante elecciones. Es más, estos oligarcas en la mayoría de casos ni siquiera tienen partido político, ni tienen proyecto político que mostrar, creen que solo con sus apellidos y su dinero les basta. En su último periodo en el poder, tras pasar gobernando desde 1990 hasta 2007, sumieron al país en la pobreza, la corrupción y la desesperanza, y ahora no están dispuestos a trabajar para elaborar un proyecto político alternativo creíble, pues dados sus antecedentes, les tomaría décadas poder desarrollarlo.
Contrario a lo que divulgan los grandes medios de comunicación, en Nicaragua existe un espacio político amplio para que los diversos sectores participen. Incluso, tras el fallido intento de golpe de estado, se dio una amnistía total para todos los golpistas, incluso a aquellos que cometieron crímenes atroces, en aras de restablecer la paz y crear las condiciones para que retomaran la vía pacífica para lograr sus objetivos. Pero lamentablemente, en la práctica, han abandonado la vía política para intentar acceder al gobierno, y centran sus esperanzas en que potencias extranjeras, que no se sienten cómodas con el gobierno sandinista, les den la opción de acceder al poder por vías alternativas sin importar cual sea. Su estrategia pasa por desconocer al gobierno legítimo de Nicaragua y no respetar el marco legal vigente, denunciar una dictadura inexistente y lograr mediante bloqueos económicos y sanciones lo que no pueden lograr mediante los votos.
El próximo noviembre habrá elecciones en Nicaragua y podrán participar todas las fuerzas políticas legalmente constituidas, respetuosas de la constitución y de las leyes. Sera el pueblo de Nicaragua con su voto el que decida quien gobernara el país en los próximos años. La época en que los gobernantes nicaragüenses eran elegidos en despachos de la embajada Norteamérica ha quedado atrás y la lucha por mantener nuestra soberanía y autodeterminación continúa.
Jan Loza es miembro de Sandinistak