En los últimos años se ha venido intensificando a nivel planetario el acaparamiento de tierras, afectando especialmente a los habitantes de los países mas pobres del planeta. Honduras es uno de los laboratorios de los planes que, con la disculpa del desarrollo ‘sostenible’, avanzan en la rapiña territorial. África y América Latina se han convertido […]
En los últimos años se ha venido intensificando a nivel planetario el acaparamiento de tierras, afectando especialmente a los habitantes de los países mas pobres del planeta. Honduras es uno de los laboratorios de los planes que, con la disculpa del desarrollo ‘sostenible’, avanzan en la rapiña territorial.
África y América Latina se han convertido en los objetivos de empresarios y estados-nación que han «adquirido» alrededor de 200 millones de hectáreas para la producción de granos básicos, agrocombustibles, acuicultura y mega proyectos turísticos. A partir de la creación del denominado Plan de Acción de Bali (diciembre del 2007) se dio inicio a una nueva forma de rapiña territorial promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, maquillada de solución al cambio climático, bajo el programa de «Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques«, conocida pos sus siglas en inglés como REDD.
La Honduras post golpe de estado, además del incremento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, ha sufrido las secuelas de la concentración de poder en manos del Congreso Nacional, el que ha emitido sin mayor debate una serie de leyes de corte neoliberal, destinadas a la entrega del territorio nacional, con el propósito de atraer la inversión extranjera.
Al mismo tiempo la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en nombre las falsas soluciones la cambio climático ha promovido la entrega de los ríos a la incitativa privada, para la construcción de represas hidroeléctricas, sin tener en cuenta los cambios en la precipitaciones pluviales , como consecuencia del cambio climático. Ahora SRRNA entregará los remanentes de los bosques dentro de los territorios indígenas a compañías extranjeras.
RED y la subasta de Honduras
A partir del golpe de estado en Honduras, la fracasada elite de poder nacional comenzó una subasta del territorio nacional, comenzando por la Bahía de Trujillo, donde el empresario canadiense conocido como el Rey del Porno, Randy Jorgensen, demolió la comunidad Garifuna de Río Negro, además de construir en las frágiles laderas del área protegida conocida como Capiro y Calentura, entre Trujillo y la comunidad de Guadalupe. Jorgensen obtuvo instantáneas licencias ambientales para sus proyectos depredadores, casualmente durante la dictadura, cuyos funcionarios no vacilaron en validar los proyectos del rey del porno.
Posteriormente el Congreso Nacional de Honduras aprobó a matacaballos en enero del 2011, tras haber modificado la Constitución Nacional la ley conocida como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), alias ‘ciudades modelo‘, la cual permite la venta de franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros.
La actual administración gubernamental pretende subastar desde la Bahía de Trujillo hasta el río Sico, territorio ancestral del pueblo Garifuna donde se encuentran ubicadas 24 comunidades, consideradas para muestro pueblo como su santuario cultural.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las ciudades modelo el 17 de octubre del 2012, situación que conllevó a un golpe del poder Legislativo al Poder Judicial el 12 de diciembre de ese mismo año, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte de lo Constitucional opuestos a la subasta del territorio.
Los inversionistas extranjeros que en su momento pretendieron apoderarse de franjas estratégicas del territorio nacional, se autodefinen como libertarios, y no vacilan en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno. Una de la exigencia de estos libertarios de ultraderecha es la tercerización en la aplicación de justicia, promoviendo a la isla de Mauricio y las Cortes de Londres como el lugar idóneo para resolver los litigios jurídicos que se puedan presentar en los estados-ciudad que pretenden instalar en Honduras.
El Congreso Nacional, tras haber perpetrado un golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, introdujo nuevas reformas a la Constitución Nacional y procedió a aprobar de nuevo la controvertida Ley el 23 de enero del presente año, demostrando con la defenestración del poder judicial, la inexistencia de independencia de poderes en Honduras.
REDD, la usurpación de los territorios indígenas
La reciente incorporación de Honduras al Programa REDD de Naciones Unidas, coloca a los pueblos indígenas del país en una situación de indefensión, ante la inexistencia del respeto a los territorios que hemos contribuido a preservar durante siglos. La Ley de Propiedad vigente en Honduras, está diseñada para destruir la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. El articulo 100, capitulo III, es un caballo de Troya, que al implementarlo individualizará los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que habitamos en el país.
Honduras sufre de la perdida de un 3.4% de cobertura forestal por año. La deforestación es un negocio asociado con la elite de poder, sumado a la mano criminal de pirómanos que nunca son proseguidos por el endeble estado de ley imperante. Hasta finales del mes de marzo habían ardido 350 mil hectáreas de bosque.
El Programa REDD es una propuesta surgida en el año 2005, liderada por una una serie de países autodenominados La Coalición de Países del Bosque Tropical. En el año 2007 la propuesta fue presentada en la COP13 efectuada en Bali. Desde un inicio, los pueblos indígenas afectados en su gran mayoría por la ausencia de leyes nacionales que protejan sus territorios, señalaron sus dudas respecto a los supuestos beneficios tanto de los REDD como de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés).
En mayo del 2008, en El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNFPII,por siglas en inglés) se dio una protesta de los pueblos ante la desconsiderada omisión de Naciones Unidas de respetar sus peticiones y posicionamientos. Casualmente, en ese mismo foro en el año 2007, después de 25 años de negociaciones fue aprobada la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los pagos de los servicios ambientales por la conservación del bosque, no es mas que un maquillaje para evitar que los países industrializados asuman responsabilidad directa sobre sus emanaciones de gases de invernadero. La deforestación tropical causa sólo el 10% de las emisiones, señala un estudio de la NASA, reduciendo en las dos terceras partes las estimaciones que se habían proyectado a inicios de los años 2000.
Los pueblos indígenas no son los deforestadores. En el caso de Honduras está mas que probado como los indígenas nos comportamos como defensores acérrimos del bosque y la depredación es promovida por políticos, militares y empresarios. El problema toral consiste en la ausencia de respeto a los territorios de los pueblos indígenas, los que poseen títulos de propiedad usualmente se confinan al casco de las aldeas, recayendo el control de sus hábitats funcionales en manos de los estados-nación.
La utilización de los REDD como mecanismo de despojo se viene dando en diversos confines del planeta, desde Papua Nueva Guinea al Peru. Casos como el del pueblo Wandengereko y Warufiji en el delta de Rufuji, Tanzania, los que vienen sufriendo de un despojo sistemático promovida por la WWF y un proyecto REDD, hasta el desalojo de los Ogiek en Kenia, impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
A pesar de la supuesta existencia de salvaguardas en relación al Programa REDD, estas no han sido mas que papel mojado. A partir de los Acuerdos de Cancún, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) asume la creación de sus propias salvaguardas. Como señala el Forest Peoples Program «La falta de un marco de salvaguardias normalizado y coherente plantea retos importantes en lo que respecta tanto a la obligación de rendir cuentas como a la coherencia, dentro del propio Programa de inversión Forestal (PIF ), el FCPF y el Programa ONU-REDD«.
En Honduras existe la experiencia de como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizan sus salvaguardias a su antojo, no solo desconociéndolas sino también vulnerando Convenios y Declaraciones suscritos por el estado de Honduras. Como ejemplo existe manipulación por parte del Banco Mundial para lograr imponer la Ley de Propiedad, pieza clave en los despojos que se vienen fraguando en contra de nuestros pueblos.
Tanto las RED como los REDD, se perfilan como instrumentos de despojo, destinados a apoderarse de los territorios de los pueblos indígenas de Honduras, sin que se haya efectuado verdaderos procesos de consulta. Desafortunadamente el estado fallido imperante en el país, sirve de caldo de cultivo de despojos, represión y entrega del territorio nacional.
Fuente: http://otramerica.com/temas/ciudades-modelo-a-bosques-modelo/2934