«Los despidos de 3 jueces y una magistrada por oponerse al golpe de Estado y defender la Constitución, representan por si una herida mortal a la independencia del poder judicial, debiendo entenderse que en el poder judicial está prohibido pensar distinto y expresarse de forma contraria a lo que sostienen los magistrados de la Corte […]
«Los despidos de 3 jueces y una magistrada por oponerse al golpe de Estado y defender la Constitución, representan por si una herida mortal a la independencia del poder judicial, debiendo entenderse que en el poder judicial está prohibido pensar distinto y expresarse de forma contraria a lo que sostienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aún cuando aquellos cometan flagrantes violaciones a la ley, al orden constitucional y a la institucionalidad democrática».
Este fue uno de los párrafos contundentes en el comunicado difundido por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en respuesta a la decisión adoptada por 10 de los 15 magistrados y magistrados de la CSJ en la que ratificaron la separación definitiva de los funcionarios del poder judicial.
Los jueces Guillermo López Lone y Luis Alonso Chévez junto a la maestra Waldina Mejía y el jefe de la bancada del partido Unificación Democrática (UD), Sergio Castellanos suspendieron hoy la huelga de hambre que durante 17 días mantuvieron en la Plaza de los Desaparecidos en demanda del reintegro a sus puestos de trabajo y por la inclusión de reformas a la carrera judicial, minutos después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunciara en contra de la restitución.
En conferencia de prensa los jueces que pertenecen a la AJD manifestaron que suspendían la huelga de hambre, pero que la acción no significaba arriar las banderas por la defensa de los derechos humanos y del Estado de Derecho, objetivos con los cuales seguirán vinculados junto a los sectores que luchan por la refundación del Estado hondureño.
En el comunicado la AJD establece que «la CSJ al confirmar las sanciones impuestas el pasado 5 de mayo no hace más que evidenciar que éste órgano ha decidido alejarse de la legalidad y que se ha entregado a las presiones de los sectores ultraderechistas comprometidos con la ruptura del orden constitucional en nuestro país, con lo cual se confirma la participación directa del Poder Judicial en el golpe de estado del 28 de junio de 2009».
Vamos a seguir nuestra lucha, vamos a llevar nuestra denuncia ante las instancias internacionales, la próxima cita es en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde ya tenemos acreditados a nuestros representantes que comienza el 5 de junio, sostuvo el juez Luis Alonso Chévez.
«Justamente son las mismas 10 personas (magistrados) que como ya dijimos en nuestro comunicado están ligados a esos intereses de los grupos ultra conservadores que propiciaron el golpe de Estado, que quieren seguir manteniéndose en la impunidad y que creen que esto no se va a revertir; cuando realmente es una medida torpe, puesto que va a venir a repercutir más directamente en la búsqueda de reconocimiento, el país se va a sumir en una crisis y los sectores van a tener que tomar un posicionamiento que les permita luchar por cambiar esta situación», señaló Chévez.
El comunicado recalca que la acción del poder judicial se convierte en un mensaje a la comunidad internacional en el sentido de hacerles saber que la reversión del golpe de Estado en honduras no entra en la agenda del poder judicial y de la oligarquía, por el contrario, estos sectores se proponen desde las estructuras del sistema de justicia (Corte Suprema y Ministerio Público), fortalecerles sus posiciones y cerrar los espacios para cualquier intento de reconciliación nacional, importándoles muy poco el reconocimiento internacional, la protección y garantía de los derechos humanos.
Un poder judicial corrupto
Por su parte la magistrada Tirza Flores se mostró muy triste, luego de conocer la decisión adoptada por al CSJ y dijo que «a veces soy muy ingenua, porque me parece que había posibilidad de que esto se tratara desde un punto de vista jurídico y que se constituyera como un inicio del camino hacia un reconocimiento, de que se han cometido errores que se pueden enmendar, pero realmente yo creo que esto nos afecta directamente, tanto a la AJD como a la independencia del poder judicial; también para el país en general es una decisión nefasta, porque lo que está en evidencia es que los sectores más retrógrados son los que están dirigiendo los destinos de la nación».
La magistrada manifestó que su carrera dentro del poder judicial ha sido muy difícil, es decir «entre tanta corrupción, tanta podredumbre y tanto servilismo que hay dentro del poder judicial, es muy difícil, esto viene como consecuencia de algunos fallos muy importantes que hemos dictado en la Corte de Apelaciones en contra de empresarios muy poderosos y de políticos muy poderosos que definitivamente se movieron para que de ninguna manera hubiese una restitución».
«Le puedo decir por ejemplo que en este momento había pendiente en mi Corte un fallo que no se realmente como iba a salir pero que me imagino que tenía sumamente preocupado a Roberto Martínez Lozano (actual gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENNE), entonces yo creo que ahí se han movido fuerzas, es un caso de abuso de autoridad y habíamos recibido cierto tipo de presiones, incluso estábamos siendo recusadas para no conocer ese caso», reveló la magistrada Flores.
Los despidos de 3 jueces y una magistrada por oponerse al golpe de estado y defender la Constitución, representan por si una herida mortal a la independencia judicial
En una de sus partes el comunicado señala que «resulta insostenible que desde todo punto de vista, que este poder del Estado responsable del control de la legalidad institucional, al día de hoy continúe aferrándose a la tesis de la sucesión presidencial y que al mismo tiempo se adhiera a las pretensiones de la Unión Cívica Democrática (UCD) que representa a los sectores más interesados en sostener y perpetrar las estructuras políticas y militares del golpe de Estado en alianza con la oligarquía».
Al decidir de forma política un conflicto que demandaba una respuesta de orden técnico-jurídico, la CSJ confirma su alejamiento definitivo de los principios y valores constitucionales y su desprecio por el Estado de Derecho. Quedando de manifiesto que el poder judicial en Honduras carece por completo de independencia, siendo manifiesto que lo que impera en la Corte Suprema de Justicia es la sumisión a los dictados de la oligarquía y que sus decisiones son ajenas a la constitución y al ley, añade el pronunciamiento de la AJD.
El juez Guillermo López Lone expresó que «esto viene a confirmar el colapso total de la institucionalidad en Honduras, porque viene a evidenciar que las estructuras políticas, militares y empresariales del golpe de Estado siguen vigentes y que no hay posibilidades de una reversión de las mismas».
En ese sentido lo que queda es exigir para empezar un camino de recuperación de institucionalidad, la renuncia de Jorge Rivera Aviléz, de Francisco Ruíz Guekel, de Rosa de Lourdes Paz y de otros magistrados y magistradas, la totalidad de ellos a que renuncien en un compromiso con la nación, con la república y con el país. Del mismo modo a Luis Alberto Rubí (Fiscal General), Roy Urtecho (Fiscal Adjunto) en cuanto autores directos del golpe de Estado, demandó López Lone.
«Y por otro lado avanzar en el proceso para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y reconfigurar las instituciones de un estado democrático y de derecho aquí en Honduras», sostuvo el togado.
Los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y el Defensor Público Osman Fajardo fueron destituidos de sus cargos de acuerdo al acta de la reunión del Pleno de La Corte Suprema de Justicia del 5 de mayo del año en curso.
Todos los despedidos son miembros activos de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) que desde hace varios años viene realizando acciones con el fin de garantizar la independencia de los jueces, juezas, magistrados y magistradas y denunciando la persistencia de prácticas contrarias al derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, de igual forma han señalado los altos grados de politización de la justicia en Honduras.
La Corte Suprema ha utilizado medidas disciplinarias arbitrarias que violentan el principio del debido proceso con el fin de restringir el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión de los jueces, práctica que se agudizo después del 28 de junio de 2009.
Son casos demostrativos de esta práctica la citación que recibió el Juez de Sentencia Guillermo López Lone, el 30 de octubre de 2009, donde se le notificaba que el proceso disciplinario abierto en su contra tiene como causa el incumplimiento de los deberes de su cargo al incurrir en actos que atentan contra la Administración Pública al haber participado activamente en la manifestación del 05 de julio de 2009.
En la misma fecha al Juez de Letras Contra la Violencia Domestica Luis Alonso Chévez de la Rocha se le citó a razón de haber sido detenido el 12 de agosto de 2009, en una manifestación pública así como por haber presuntamente manifestado vergüenza de pertenecer al poder judicial.
El Juez Ramón Enrique Barrios fue citado en la misma fecha por causa de haber publicado un artículo de opinión titulado «No fue Sucesión Constitucional». Un proceso similar se le abrió al Defensor Publico Osman Fajardo, no obstante el Poder Judicial ignoró las agresiones que sufrió el abogado Fajardo a manos del Oficial de la Policía Flores Marcelino cuando en calidad de Juez Ejecutor de un Habeas Corpus, visitaba la Jefatura Metropolitana Numero 2 el 03 de agosto de 2009.
«Nos comprometemos a acudir a todos los foros e instancias internacionales que sea posible a efecto de poner en conocimiento la situación de indefensión en que se encuentra el pueblo hondureño ante el colapso total de la institucionalidad en nuestro país», recalcó el comunicado.