Montevideo, la capital uruguaya, y la zona metropolitana están consumiendo agua no potable por la sequía y otros componentes que tienen que ver con el modelo de desarrollo productivo que ha optado Uruguay. Oposición y oficialismo se echan culpas, se pasan la pelota sobre qué se podría haber hecho y lo que se tiene que hacer: unos concentrados solo en el pasado, pocos en el presente y la vista en el futuro de corto alcance.
Porque no llueve lo suficiente y por “la gran disminución de agua dulce del embalse de Paso Severino”, ubicado en el departamento de Florida, el gobierno derechista uruguayo resolvió días atrás agregar agua del Río de la Plata al proceso de potabilización . La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) decidió empezar a partir del 26 de abril a realizar una mezcla diferente del agua potable disponible. Este cambio se debe a varios factores.
Uno de los principales es el déficit hídrico y la escasez de agua dulce en el río Santa Lucía y en sus embalses, por la sequía que sufre el país. Eso supone tomar una parte del agua de una fuente más cercana al río de la Plata, el estuario que recibe aguas oceánicas saladas.
Una semana más tarde, OSE volvió a pedir el aval del Ministerio de Salud Pública para aumentar por segunda vez los niveles de sodio en el agua corriente. OSE optó por suministrar agua más salada a la población: lo perciben con desagrado quienes cocinan con agua de la canilla, la beben o toman mate con ella, pero lo peor es que implica riesgos sanitarios para una considerable cantidad de personas, que pueden ser muchas más si la medida persiste.
“Estamos en un escenario que si no bombeamos aguas abajo del Santa Lucía, desde donde hay agua del río de la Plata, lo que trae como consecuencia un aumento de los cloruros y del sodio, no podríamos abastecer el sistema metropolitano de agua continua. Si no lo hacemos, tendríamos también un problema sanitario gravísimo”, dijo en radio la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner.
El agua potable es definida como “el agua apta para consumo humano, que no represente riesgos para la salud o que no genere rechazo por parte del mismo”, según se plasma en el decreto 375/01, promulgado el 11 de noviembre de 2011.
En la norma también se señala que el valor máximo permitido de sodio para que el agua sea considerada potable es de 200 mg/l, teniendo en cuenta las propiedades sensoriales del agua. Al mismo tiempo, en el caso de cloruros, el nivel máximo es de 250 mg/l. En este contexto se sitúa la medida adoptada por el directorio de OSE de aumentar el nivel de sodio a 440 mg/l y de cloruros a 750 mg/l. La decisión se tuvo que tomar dado que la empresa comenzó a extraer agua para potabilizar proveniente del Río de la Plata.
El mautino la diaria señala que son evidentes y abundantes las responsabilidades y los errores que no deben repetirse; se aceptó que en la producción agropecuaria hubiera un aumento sostenido de prácticas que afectan la disponibilidad y la potabilidad del agua de la cuenca del río Santa Lucía. OSE ha estado lejos de ser una prioridad presupuestaria o política de los gobiernos, y hace décadas que pierde casi la mitad del agua que maneja.
La cuenca del Río de la Plata recibe los efluentes urbanos de muchas de sus ciudades, los metales pesados de los desechos de mineras, o los derivados de sus agroquímicos, lo que desemboca en el estuario. Aún más cerca, los efluentes del área metropolitana de Buenos Aires también se lanzan sobre las aguas platenses.
Ante la situación, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay advirtió sobre el riesgo que supone este aumento de sodio en el agua para la población. En un comunicado, explicó que “casi el 37% de los uruguayos tienen presión arterial elevada” de los cuales un tercio “no lo sabe”. Agregó que los uruguayos ya consumen en promedio un 66% más del sodio recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El presidente Luis Lacalle dijo que no habrá rebaja en la tarifa del agua. Pese a los reclamos del director de OSE por el opositor centroizquierdista Frente Amplio, Edgardo Ortuño y por el sindicato, Lacalle dijo que no habrá exoneraciones. Además, alertó que de prolongarse el déficit hídrico podría empeorar la calidad del agua. El jueves 11 el ministro de Ambiente, Roberto Bouvier, aseguró a la prensa que el agua de OSE, en estos momentos, «si vamos a puntos técnicos, no es potable.
Y aseguró: «Hay una definición muy estricta, muy profesional que hizo la ministra de Salud Pública. El agua no es potable en la definición perfecta de la potabilidad porque no cumple estrictamente con los indicadores. Pero es bebible, que es otra definición que casi enmarca la otra».
Ante el aumento de la concentración de sodio en el agua potable, la Facultad de Medicina realizó una serie de recomendaciones, para la población general, sin diagnóstico de hipertensión arterial, para quienes utilizan medicamentos antihipertensivos y diuréticos, y para la población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embarazadas.
Tuya y mía
Mientras desde el Ministerio de Salud Pública se recomienda bañarse con agua embotellada, por lo menos a las personas que tienen problemas dérmicos, oposición y oficialismo se lanzan dardos.
Durante la administración anterior (gobierno del Frente Amplio), OSE proyectó obras para aumentar y mejorar las reservas de agua en el país, pero al asumir el nuevo directorio –impuesto por la coalición derechista de gobierno- en 2020, éstas se postergaron como forma de contener el gasto. Una de ellas era la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá en el departamento de Florida, aprobada por la compañía estatal en 2019.
La cosecha
Una de las líneas para comprender por qué se llegó a este punto, es abordar la situación de los suelos uruguayos y el aumento de la forestación, una política de Estado que se sostiene desde fines de la década de los 80. La forestación es una de las actividades productivas que más ha crecido en los últimos treinta años. Las plantaciones de árboles de especies madereras, especialmente eucaliptos y pinos, totalizaron poco más de un millón de hectáreas en ese período.
El desarrollo de la forestación en Uruguay tiene su origen en la aprobación y posterior aplicación de la denominada Ley Forestal de diciembre de 1987, que declaró de interés nacional al conjunto de las actividades forestales.
Estas plantaciones se deben a la instalación de tres plantas de celulosa, conocidas popularmente como “pasteras”. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle es un ejemplo) como trasnacionales (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la finlandesa UPM), que aprovechan el suelo autóctono, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años.
En el año 2018, la superficie total de bosques en Uruguay era de un millón 850 mil hectáreas. De ese total, las plantaciones realizadas al amparo de la Ley Forestal totalizaban un millón 15 mil hectáreas. Existían, además, 835 mil hectáreas de bosque nativo en el país.
En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de la trasnacional finlandesa UPM —obra proyectada en 4.000 millones de dólares, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento.
Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso.
El año pasado UPM utilizó 125.000 metros cúbicos de agua a diario. Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio.
Más allá de dimes y diretes y declaraciones cruzadas, los tres principales políticos de la historia del Uruguay decidieron desde fines de los 80 aceptar de manera sumisa el lugar que le adjudicaron a Uruguay en la cadena productiva. El Frente Amplio que se postulaba como algo distinto, de darle valor agregado a lo producido en el país, terminó cosechando el modelo de monocultivo que la derecha había sembrado.
La ciudadanía se está cansando y se autoconvocó a tres marchas durante tres días consecutivos, comprendiendo la gravedad de este asunto más allá de banderas ya que estamos hablando de un derecho fundamental como el acceso al agua potable.
Este gobierno asumió en el 2020 prometiendo mayor libertad al final de su mandato. Hoy se está discutiendo el consumo del agua y la escasez de la misma. No es sequía, es saqueo, dice un cartel de las manifestaciones. Son ambas, es saqueo de un modelo que nos condena a la destrucción de nuestro ecosistema y hay sequía de perspectiva de mejora.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.