Un hecho destaca en la actual coyuntura política: el Estado está siendo controlado por un bloque de poder que en buena medida lo configura como un aparato mafioso.
En una de sus acepciones, todo Estado constituye una relación social. En otros términos, esto implica que es un objeto de disputa entre grupos o entes de poder que cuentan con los suficientes conocimientos, capacidades y recursos para competir por el control de las políticas e instituciones fundamentales. Estos grupos van constituyendo un bloque de poder que no necesariamente es homogéneo, pero que articula los intereses de las clases y grupos dominantes. Es ese bloque el que tiene la capacidad de orientarlo estratégicamente en el corto o largo plazo.
En el caso del Estado guatemalteco, este es controlado hoy por un bloque integrado por grupos de poder económico (grupos corporativos o consorcios empresariales) y por grupos de poder político articulados como redes y estructuras unidas tangencialmente en uno u otro partido político de derecha o centroderecha y de alianzas partidarias según sus confluencias.
Dicho bloque se articula en torno a 1) un modelo de acumulación de capital que, por vías legales e ilegales, en las distintas escalas (local, nacional e internacional) se caracteriza por la apropiación de los recursos públicos y comunes; la reproducción de dinámicas de producción, comercio y servicios rentables; la garantía de continuar basando tal acumulación en salarios deficitarios para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora, y un modelo que constituye la fuente de su enriquecimiento y, por consiguiente, de su capacidad para influir determinantemente en el proceso político; 2) un sistema político que, mediante el control de buena parte de los partidos políticos y de las diversas instituciones y políticas, le permite ejercer acciones represivas y desplegar diversos medios para lograr cierto consenso social que asegure la reproducción del modelo de acumulación de riqueza, y 3) un objetivo que de manera particular los une en la coyuntura: mantenerse en la impunidad después de la arremetida que, por medio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), los desnudó en sus prácticas, estructuras y redes corruptas y mafiosas.
Es el tercer punto de articulación el que sobresale en el actual momento de configuración del bloque de poder y, por consiguiente, del Estado en su orientación actual. Después de la expulsión de la Cicig, dicho bloque había avanzado a tal punto que solo le faltaba controlar la Corte de Constitucionalidad (CC) e integrar una Corte Suprema de Justicia que le permitiera cerrar el círculo de la impunidad. Ese objetivo lo han logrado al punto de que el 14 de abril recién pasado lograron la integración de una CC totalmente proclive a sus intereses, tanto en materia de impunidad como de apuntalamiento del modelo de acumulación de capital y de la política represiva. Y lo hicieron descaradamente, al grado de que obstaculizaron la toma de posesión de quien fuera elegida como magistrada de la CC por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala: Gloria Porras, quien —se sabe— podía mantener criterios de autonomía con relación a tal bloque de poder y ser la voz disidente en dicho órgano constitucional.
Pese a la heterogeneidad y a los intereses diversos que subsisten en dicho bloque de poder, este tiene la posibilidad de afianzar las condiciones necesarias para configurar el Estado con un carácter decididamente mafioso en el corto plazo, pero con potencial para extenderlo en el largo plazo si no ocurre un hecho que constituya un punto de inflexión para revertir esa tendencia.
Salvo que aparezca una fuerza popular alternativa, el único factor de poder que podría imponer límites a dicho bloque es Estados Unidos, imperio que está interesado en contener los flujos masivos de migrantes a su territorio, lo cual pasa por la disminución de la corrupción y por la creación de condiciones en materia de gobernabilidad del país, todo ello sumado, claro está, a otros objetivos, como garantizar un contexto adecuado para sus negocios y la continuidad de su influencia determinante en el proceso guatemalteco, dadas sus expectativas de dominio geoestratégico en la región.