Del progresismo a la austeridad en Uruguay

El progresismo consiguió mantenerse en el gobierno del Uruguay mientras la economía crecía aceleradamente, pero pasa por tensiones desde que decayó la actividad local. ¿Es el anuncio de una vuelta de la derecha al poder? Nuestro propósito no es adivinar el futuro, sino aclarar sus alternativas a partir de la acción de los trabajadores.

A menudo se hace lo contrario. Se dice, por ejemplo, que las mejoras salariales serían un fruto de la política del gobierno y estarían en peligro si el gobierno cambia, con lo cual la acción de los trabajadores queda subordinada al partido gobernante. Otras son las conclusiones si, en vez de ver la situación de los trabajadores como consecuencia de la coyuntura, consideramos a la coyuntura política como resultado de las luchas de los trabajadores. Se pondrán de manifiesto entonces no sólo las tensiones que encierra, sino también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.

1. El gobierno de los salarios

La inflación es la preocupación principal de la política económica del Frente Amplio, como lo fue para los gobiernos anteriores.

El consenso económico actual, a diferencia de los modelos neoclásicos, asume que los mercados no son perfectamente competitivos y que el gobierno tiene importantes funciones en la economía. En este esquema, los precios son fijados por las empresas aplicando un margen de ganancia sobre los costos y no un resultado de la competencia en el mercado. Recae sobre el gobierno la responsabilidad de proteger la tasa de ganancia de la economía con respecto a circunstancias que puedan llevar a subas generalizadas de precios.

Si el objetivo es el mismo, los instrumentos son distintos. Los partidos tradicionales buscaron la estabilización de precios flexibilizando el mercado de trabajo, mientras que los gobiernos progresistas tratan de controlar la inflación centralizando el manejo de los salarios.

La negociación salarial centralizada puede conseguir los mismos efectos que un mercado de trabajo flexible. Desde la investigación de Calmfors y Driffill (1988), una extensa literatura sostiene que la centralización hace que los sindicatos consideren el impacto de los salarios sobre la economía; los dirigentes sindicales se verían inducidos a no movilizar todo el potencial de lucha disponible y a moderar las demandas, bajo la amenaza del desempleo. Los salarios alcanzan el mayor nivel, según los autores, cuando los sindicatos negocian por ramas de actividad con independencia de la situación de la economía.

La centralización de la negociación aparece como un dispositivo institucional para mantener sujetos los salarios a las necesidades del capital, con la colaboración de los sindicatos, cuando no fue posible flexibilizar el mercado de trabajo. Sin embargo, al reducir la participación y politizar los asuntos, advierte Franz Traxler (2003), la centralización tiene el doble efecto de facilitar los acuerdos con la dirección sindical y dificultar su aceptación por los trabajadores. Requiere, además, que el gobierno organice la negociación colectiva dentro de formas que obliguen al cumplimiento de los acuerdos y eviten los conflictos.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo establece tanto el monto de los ajustes de salarios como la duración de los convenios colectivos. Estos lineamientos generales no son objeto de concertación social; son definidos exclusivamente por el Ministerio de Economía y anunciados a las organizaciones empresariales y sindicales como el marco de la negociación.

A continuación actúan los Consejos de Salarios. Se trata de comisiones sectoriales, integradas por delegados del gobierno, los sindicatos y las gremiales patronales, que negocian la aplicación de la pauta oficial por ramas de actividad. Las negociaciones se efectúan en forma de grandes rondas, que envuelven simultáneamente a todos o a gran parte de los sectores productivos, y concluyen con la firma de convenios colectivos. Los convenios fijan la escala salarial del sector como un mínimo obligatorio para todas las empresas y proscriben los conflictos de los trabajadores durante la vigencia de los acuerdos.

Una negociación colectiva ampliamente distribuida por ramas de actividad queda centralizada por las pautas del gobierno. Por medio de los Consejos de Salarios, el Frente Amplio trata de encerrar los conflictos de clase y asociar a los sindicatos, en un papel subalterno, a la aplicación de la política económica.

2. El ciclo progresista

El Frente Amplio asumió el gobierno del Uruguay, en el año 2005, con un panorama dominado por las consecuencias de la crisis de principios de siglo.

La crisis del año 2002 llevó la desocupación hasta 19% y rebajó 23% los salarios, dejando en la pobreza a la tercera parte de la población, al mismo tiempo que multiplicó, como por arte de magia, la valorización de la producción exportable. Los conflictos en defensa del empleo, por el reclamo de salarios adeudados y contra la política económica, sumaron un total de 1.319.261 jornadas de trabajo perdidas en el año 2002, según el Instituto de Relaciones Laborales. No obstante, la unanimidad de todos los partidos políticos evitó movimientos de insubordinación popular, como los ocurridos en Argentina, y mantuvo la continuidad del gobierno.

Caída de costos y suba de precios crearon súbitamente las condiciones de ganancia para una recuperación. Esas condiciones se vieron ratificadas, a su vez, por la especulación con las materias primas en el mercado mundial con una afluencia de inversiones extranjeras. La producción reanudó rápidamente el curso ascendente y, ya en el año 2004, el producto interno bruto registró la fabulosa cifra de 12% de aumento.

Mientras la economía crecía aceleradamente por la inversión de capital extranjero, los gobiernos progresistas trataron de mantener los aumentos de salarios por debajo del incremento de la producción.

Los lineamientos del Poder Ejecutivo extendieron los convenios colectivos hasta dos y tres años de duración, con ajustes salariales de acuerdo a la fórmula clásica: una actualización según la variación del costo de vida, que conserva el poder de compra, y un aumento real, definido dentro de estrechos márgenes. Así, por ejemplo, indicaron aumentos de salarios entre un mínimo de 2 y un máximo de 4% para el año 2005, mientras que el producto interno bruto crecía a una tasa de 6,6%.

Según el ministro de Economía, «los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para las negociaciones en los Consejos de Salarios ayudaron a conciliar varios objetivos, dentro de los que se destacan: recuperación del salario real, crecimiento del empleo, mantenimiento de bajos niveles de inflación y mejora de la competitividad de las empresas» (Lorenzo 2010, 169). El Frente Amplio esperaba lograr de ese modo un crecimiento «con equidad»: salarios que aumentan menos que la producción disminuyen los costos laborales y elevan la ganancia de las empresas sin subas de precios.

La administración de los salarios por el gobierno, sin embargo, se encontró con necesidades y deseos que escapan a la centralización política.

Los conflictos aumentaron rápidamente, a medida que el crecimiento económico iba absorbiendo el desempleo. Las jornadas de trabajo perdidas pasaron de 392.914, en el año 2005, para 1.315.984, en el año 2008, según el Instituto de Relaciones Laborales. Con las luchas se extendió la organización. Creció la afiliación a los sindicatos existentes y se constituyeron también otros nuevos, al amparo de la protección legal, en actividades que permanecían desorganizadas. La cantidad de trabajadores sindicalizados aumentó desde los 127.600, estimados en el año 2004, a más de 213.000, en el año 2008, según la central PIT-CNT. La incorporación masiva de nuevos trabajadores renovó, a su vez, a los sindicatos y le imprimió mayor radicalidad a las acciones. Se puso en movimiento una circulación de luchas y organización que se impulsan mutuamente.

La conflictividad en los gobiernos progresistas alcanzó dimensiones similares a las que tenía bajo los gobiernos de los partidos tradicionales, aunque con un contenido completamente diferente. Ya no son luchas defensivas por conservar el empleo o reclamar el pago de salarios adeudados; los trabajadores aprovecharon las circunstancias económicas y políticas para pasar a la ofensiva por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

La organización de la negociación salarial consiguió efectivamente encauzar las acciones hacia la firma de convenios colectivos, que comprometen la paz laboral, y encerrar las luchas dentro de los plazos contractuales. La conflictividad adquirió la forma de ciclos, con picos de alta intensidad en los momentos de negociación, seguidos de profundas caídas y períodos de calma relativa hasta la próxima ronda.

Elaboración propia con datos del IRL

En cambio, el contenido de los convenios fue alejándose de los lineamientos oficiales. Las negociaciones sectoriales escaparon a la centralización y reclamaron un mayor precio al capital por la domesticación de las luchas. Mientras los ajustes acumulados por el primer gobierno progresista iban desde un mínimo de 9 hasta un máximo de 20, el salario real aumento 26% en promedio durante el quinquenio

No se trata, por cierto, de un aumento desmesurado. Si en vez de los porcentajes, como se hace habitualmente, vemos los valores monetarios, los salarios siguen siendo notablemente bajos. Más de la mitad de los trabajadores ganaba menos de diez mil pesos mensuales (el equivalente a 500 dólares), en el año 2010, insuficientes para cubrir las necesidades básicas, según el Instituto Cuesta Duarte (2011).

El asunto es otro: «Las condiciones del mercado de trabajo y las rondas de negociación colectiva se combinaron para generar aumentos de salarios que son un desafío para las empresas, que deben promover aumentos muy fuertes del volumen de negocios para generar las mejoras de productividad capaces de absorberlos» -aseguró el economista Pablo Rosselli ( El país , 30 de abril de 2012).

La recomposición de clase, tanto en el sentido del empleo como en el aspecto político de las luchas y la organización, modificó la relación inicial de fuerzas. El cambio invirtió la relación entre las variables y puso a los salarios por delante de la productividad. Los trabajadores convirtieron al salario en «un componente exógeno», advierte el Banco Central (2011), en una variable independiente que condiciona a la política económica del gobierno, en lugar de verse determinada por ella.

3. El vuelco hacia la austeridad

Cuando pasó el boom de las materias primas en el mercado mundial y cesó la inversión extranjera, decayó el dinamismo de la actividad local. El producto interno bruto apenas tuvo una variación de 0,4% en el año 2015.

La mediación política pasó a actuar entonces en sentido opuesto. Ya no se trata, para el Frente Amplio, de que los aumentos salariales no afecten a la ganancia, sino, al contrario, de detener los aumentos y posibilitar la rebaja de los salarios para permitir una recuperación de la tasa de ganancia del capital con menores subas de precios.

El gobierno continuó administrando los salarios, pero dejó de actualizarlos de acuerdo al costo de vida, como hacía durante el ciclo progresista, y pasó a fijar exclusivamente aumentos nominales. Los lineamientos del Poder Ejecutivo mantuvieron la duración de los convenios colectivos de dos a tres años, ahora con ajustes decrecientes a lo largo del período. Así, indicaron aumentos monetarios de 8 a 10% en el año 2015, entre 7 y 9% para el 2016 y, finalmente, de 6 a 8% en el año 2017.

Los ajustes nominales permiten que, incluso aumentando en dinero, el salario real pueda ser rebajado en los hechos por las subas de precios de las empresas. Con una inflación de 9,4% en el año 2015, las pautas del gobierno excluyeron prácticamente la posibilidad de aumentos y convirtieron a la negociación colectiva en una discusión acerca de la magnitud de la rebaja de salarios.

Ajustes cada vez menores aseguran una disminución continua de los costos laborales, que permita a las empresas restablecer los márgenes de ganancia con menores subas de precios, y esperan que la menor inflación compense, a su vez, el atraso salarial. Una corrección de la diferencia con la variación de precios promete devolver finalmente el nivel del salario real al punto de partida de los convenios.

Si la economía crece y los salarios no, ¿quién se lleva la diferencia? -es la adivinanza que plantea Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte ( El popular , 16 de agosto de 2018).

A través de la negociación colectiva, el gobierno del Frente Amplio llevó a cabo un auténtico golpe contra la independencia de la variable salarial. El vuelco del progresismo hacia la austeridad tuvo como correlato un aumento extraordinario de los conflictos de los trabajadores. La conflictividad alcanzó el mayor nivel de los últimos veinte años en el 2015, con más de un millón y medio de jornadas de trabajo perdidas -1.663.895 exactamente, según el Instituto de Relaciones Laborales.

La magnitud de las luchas puso también en evidencia el agotamiento de una estrategia que se apoyaba en la rápida acumulación de capital para aumentar los salarios por encima de las pautas del gobierno. No sólo la rigidez de los lineamientos acentuó la centralización, sino que el estancamiento de la economía hizo reaparecer el desempleo. Mercado de trabajo y negociación colectiva se combinaron ahora para detener efectivamente los salarios, que sólo tuvieron una variación de 0,2% en el año 2018.

¿Se había logrado la «estabilidad para seguir creciendo», que celebra la publicidad electoral? En realidad, a medida la centralización se acentúa, decae el interés por la negociación; convenios colectivos que congelan los salarios pierden la capacidad de comprometer la paz laboral. La conflictividad dejó de ceñirse al calendario de las negociaciones, como ocurría en el ciclo progresista. Desde el vuelco hacia la austeridad, los conflictos se volvieron continuos, manteniendo importantes niveles, por encima del millón de jornadas de trabajo perdidas anualmente, con indiferencia de las rondas de negociación.

Elaboración propia con datos del IRL

El Frente Amplio califica su papel como partido de gobierno por la gestión de los trabajadores dentro del capital. Mediante la centralización de la negociación colectiva, trata de subordinar los salarios a la ganancia y controlar la inflación. Depende, por lo tanto, de la adhesión de los trabajadores. Los gobiernos progresistas consiguieron encerrar los conflictos de clase cuando la economía crecía aceleradamente a costa de mayores salarios. En cambio, desde el vuelco hacia la austeridad, decae la capacidad de la negociación centralizada de contener las luchas. Tampoco los trabajadores son los mismos de antes. Ya no son las personas desesperadas por la pobreza y dispersas por el desempleo, que produjo la crisis de comienzos de siglo, sino los protagonistas de las luchas que desbordaron la política económica de los gobiernos progresistas.

Referencias

Banco Central del Uruguay (2011). Informe de política monetaria, Montevideo, BCU.

Calmfors, Lars y Driffill, John (1988). «Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance», Economic Policy v. 3, n. 6, pp. 13-61.

Instituto Cuesta Duarte (2011). Los diez mil pesistas en 2010, Montevideo, PIT-CNT.

Instituto de Relaciones Laborales (1995-2018). Informes de conflictividad, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay.

Lorenzo, Fernando (2010). La política económica del primer gobierno del Frente Amplio, en P. Bustos (comp.), Consenso progresista, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert, pp. 145-192.

Traxler, Franz (2003). «The Contingency Thesis of Collective Bargaining Institutions», CESifo DICE Report, Institut für Wirtschaftsforschung n. 2, pp. 34-39.

Tronti, Mario (1964). «Lotte operaie e congiuntura capitalistica». Quaderni piacentini anno 3 n. 16, pp. 38-41.

Luis Ibarra es politólogo y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Trabaja como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.