Miembros de cooperativa agropecuaria temen por el futuro de su comunidad y de sus hijos. También en este caso se siente el efecto del golpe de Estado.
Goldlake Group, con sede en Gran Bretaña y en Gubbio, Italia, se vanagloria de ser la primera compañía minera italiana en invertir en Honduras.
Está controlada por Gold, holding propiedad de la familia del empresario Franco Colaiacovo, constituida como Sociedad en comandita por acciones y Sociedad de responsabilidad limitada (Franco Colaiacovo Gold Sapa y Gold Holding Srl).
Franco Colaiacovo Gold Sapa controla, entre otras empresas, (http://www.fcgold.it/Holding/
En sus operaciones en Honduras, Goldlake Group se vale de la colaboración de empresas subsidiarias locales: Eurocantera, especializada en la exploración y explotación de minas de oro y Five Star Mining, sociedad hondureña que posee importantes concesiones mineras para la extracción de óxido de hierro.
Según los principios fundamentales de Gold Holding, la compañía señala la centralidad de la persona, el arraigamiento al territorio como elemento de competitividad y una política de gestión orientada a la responsabilidad social empresarial. Además, ha redactado, como siempre lo hacen las transnacionales, un código de ética empresarial en el que se propone el respeto a los derechos fundamentales, transparencia, rectitud, tutela ambiental y capacitación permanente, entre muchos otros.
No obstante, todos estos buenos principios no parecen haber calado entre los miembros de la Cooperativa Agropecuaria «Unión y Esfuerzo» de Agalteca, pequeño centro rural situado en la parte oriental del departamento de Francisco Morazán, lugar donde Goldlake Group y Five Star Mining abrieron una mina para la explotación y extracción de óxido de hierro, componente principal del mineral magnetita e indispensable en la producción de cemento.
«La compañía minera está causando daños graves a la cooperativa y a la misma comunidad de Agalteca, ya que las excavaciones llegan hasta nuestras propiedades donde tenemos nuestras siembras. Además, afectan directamente al río y a las quebradas de donde agarramos el agua para tomar, para tres proyectos de riego y para un cultivo de peces tilapia – explicó Rigo Martín López, miembro de la cooperativa -.
Al comienzo la concesión abarcaba una extensión de 7 hectáreas, sin embargo parece que con el golpe de Estado la compañía aprovechó para que se le extendiera el área a excavar.
En toda esta zona había un bosque muy tupido que fue en parte destruido, lo cual generó una evidente disminución del caudal del río. Además, la compañía trató de imponer la circulación en nuestra propiedad de los camiones que acarrean el material extraído, dañando nuestros cultivos, los cercos, y poniendo en peligro a las personas que transitan por el camino, ya que los conductores no respetan de ninguna manera los límites de velocidad».
Según López, los trabajos de extracción comenzaron hace 8 años cuando la concesión minera fue otorgada a un empresario norteamericano y a otro hondureño. Sucesivamente, el socio hondureño decidió vender su parte y Goldlake Group adquirió más del 50 por ciento de la sociedad. Fue entonces que el gerente de la compañía, el señor Alessandro Morroni, de nacionalidad italiana, comenzó a acosar a los miembros de la cooperativa.
«Es una persona con la que no se puede hablar. Se cree superior, te menosprecia y ofende constantemente al querer imponer sus criterios, sin tomar en cuenta las decisiones de la cooperativa. Sin embargo – continuó el miembro de la cooperativa «Unión y Esfuerzo» – no hay nada que negociar, porque el futuro de nuestros hijos no es negociable».
El conflicto degeneró en el mes de julio 2009, cuando varios miembros de la cooperativa decidieron ponerle un alto a las pretensiones de la compañía italiana y cerraron la entrada a su propiedad, impidiendo la entrada de los camiones.
«Nos tomamos el portón de acceso a nuestra propiedad por 38 días. A mi la compañía me ofreció dinero para que convenciera a los demás compañeros desistir de la lucha. Ante mi rechazo comenzaron las presiones, el acoso y las amenazas de muerte y varios compañeros fueron golpeados.
Al final intervino la policía apoyando a la compañía y nos desalojaron con violencia. De inmediato avisamos al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Codeh, y ahora le están dando seguimiento a nuestro caso», aseveró Rigo Martín López.
Los miembros de la cooperativa denunciaron también los intentos de Goldlake Group y Five Star Mining para «comprar conciencias» en la comunidad, ya que casi unas cien personas trabajan en la mina y han convencido a decenas de habitantes para que compren camiones, asegurándoles que les van a garantizar trabajo en el acarreo del material extraído, pero sin ninguna garantía para la cobertura de la deuda contraida con los bancos.
De esa manera – explicaban miembros de la cooperativa – la compañía ha logrado romper la unidad de la comunidad y aislar en parte a los miembros de la cooperativa, ya que un redimensionamiento o cierre del proyecto minero a cielo abierto afectaría considerablemente a un buen número de familias del lugar.
«Esta estrategia de la empresa, la propaganda sistemática en contra de nosotros y los actos de violencia y de acoso – ha continuado López – ha generado cierto temor entre los miembros de la cooperativa y diferentes conflictos con la comunidad. Varios de los miembros fueron golpeados y a uno le dispararon a una pierna.
La propiedad de la tierra: otro conflicto
La comunidad de Agalteca posee un título de dominio ancestral que le otorga plenos derechos sobre unas 6,800 hectáreas de tierra. Sin embargo, con el pasar de los años la mayoría de estas tierras fueron adquiridas por familias pertenecientes a los grupos de poderes políticos, económicos y militares del país, y la parte restante pasó inexplicablemente a manos del Banco Central de Honduras.
Años más tarde, el Instituto nacional agrario, INA, tituló 150 hectáreas a favor de la comunidad, mientras que otras 200 fueron «tomadas» y cercadas para proyectos de siembra, lo cual originó un conflicto con el Banco Central. Aparentemente, esta institución estaba conversando con Goldlake Group para la venta de estas tierras, abriendo de esa manera la puerta a una posible ampliación del proyecto minero.
«La ley prohíbe a las instituciones del Estado poseer tierras de vocación agrícola y el presidente Manuel Zelaya comenzó a presionar al presidente del Banco Central para que pasara estas tierras, alrededor de 560 hectáreas, al INA y que esta institución las titulara a favor de nuestra comunidad. Lamentablemente estábamos en el proceso cuándo vino el golpe de Estado y todo se paralizó.
Ahora tenemos que comenzar todo de nuevo y presionar para que el nuevo director del INA retome nuestro expediente y nos cumpla», concluyó López.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2010/02/honduras-denuncian-contaminacion-y.html
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.