América Latina, fuente histórica de ‘recursos naturales’ para el abastecimiento de la gran maquinaria industrial del mundo, vive hoy los efectos de empobrecimiento, devastación ecológica y violación de derechos provocados, paradójicamente, por sus grandes riquezas naturales. Tal lo que está ocurriendo concretamente con la gran minería, desde fines del siglo pasado a nuestros días. Una […]
América Latina, fuente histórica de ‘recursos naturales’ para el abastecimiento de la gran maquinaria industrial del mundo, vive hoy los efectos de empobrecimiento, devastación ecológica y violación de derechos provocados, paradójicamente, por sus grandes riquezas naturales. Tal lo que está ocurriendo concretamente con la gran minería, desde fines del siglo pasado a nuestros días. Una gran oleada de inversiones desatada tras la conveniente ‘modernización’ de la legislación minera impuesta por el Banco Mundial en la región, ha creado las condiciones para que las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor de la minería mundial hicieran de la región un territorio dilecto de aprovisionamiento de tales recursos estratégicos.
Las históricas desigualdades ecológicas y económicas del mundo se profundizan a través de la creciente radicación de grandes explotaciones mineras verificadas en la región en las últimas décadas. A pesar de que América Latina tiene uno de los índices más bajos de consumo de minerales per cápita, representando en conjunto poco menos del 5 % del consumo mundial, se ha convertido en uno de los principales centros de abastecimiento de la demanda mundial de estos recursos no renovables. La escasez relativa creciente de los mismos ha incrementado las cotizaciones, las maniobras especulativas y la carrera de empresas y países por hacerse de un negocio que crece a la par de la violación de derechos y la destrucción de ecosistemas.
Una geografía de la extracción (radicada principalmente en los países del Sur) completamente diferente a la geografía del consumo de minerales (Europa Occidental, América del Norte y los países industrializados del Sudeste Asiático concentran el 85 % del consumo mundial de minerales) constituye una ecuación clave de las nuevas formas de imperialismo ecológico y racismo ambiental. Las grandes empresas transnacionales constituyen un actor fundamental en el conjunto de este andamiaje global.
Así, la minería transnacional a gran escala se ha convertido en América Latina en una de las actividades más resistidas y en una fuente permanente de conflictos sociales. Es que las poblaciones conocen ya en ‘carne propia’ los efectos de este tipo de explotaciones: destrucción de ecosistemas y hábitats enteros, desplazamiento y destrucción de flora y fauna, pérdida de biodiversidad; afectación y contaminación de fuentes y cursos de agua, anegamiento de suelos agrícolas, fuerte incremento de emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos.
A la devastación propiamente ecológica, hay que sumar los atropellos económicos y políticos. El desplazamiento forzado de poblaciones, la usurpación inconsulta de territorios indígenas, y la violación de reservas ecológicas y parques naturales; la afectación de las economías locales y la pérdida de las fuentes de trabajo ligadas a éstas; las frustraciones por las expectativas y promesas no cumplidas de ‘desarrollo sustentable’ y ‘responsabilidad social corporativa’; el incremento de la corrupción institucional y la violencia política; la manipulación y cooptación de dirigentes, instituciones, medios de comunicación, entidades educativas, sanitarias y funcionarios judiciales.
El desmesurado poder económico-financiero de estas empresas crea entornos de corrupción e impunidad estructural; territorios completamente al margen de la ley. Los derechos de los pobladores pierden progresivamente toda vigencia práctica y quedan literalmente en manos de ‘la buena voluntad’ de las políticas corporativas.
El accionar de las empresas corroe las representaciones colectivas sobre sus propios países de origen. Las poblaciones saben muy bien la procedencia de las empresas con las que se enfrentan. Así, los nombres de Canadá, Australia, Inglaterra y Suiza suenan casi como una extraña maldición para las poblaciones afectadas. Es que el apoyo directo o indirecto, o aún, la sola omisión de controles de los Estados de origen de estos capitales, los convierte en un eslabón más de la compleja cadena de injusticias e impunidad global del negocio minero transnacional.
Un lamentable caso ejemplar de este fenómeno lo constituyen las gigantes suizas Xstrata Plc. y Glencore, ambas con una amplia cartera de inversiones a nivel mundial ligadas a la explotación y el comercio de minerales y de materias primas. Recientemente fusionadas, conforman una mega-corporación con operaciones en 50 países en conjunto, un volumen de ingresos globales por más de 175,000 millones de dólares anuales y utilidades superiores a los 13,000 millones de dólares anuales. En el caso de Xstrata, se trata de una empresa con fuerte presencia en Sudamérica, donde tiene radicado más del 30 % de sus inversiones y de donde proviene una proporción similar de sus ingresos globales.
Su mapa de negocios ha diseñado también una cartografía minada de conflictos, denuncias, casos comprobados y hasta condenas y procesos judiciales abiertos por contaminación, incumplimiento de la legislación ambiental, y violación a derechos humanos en general. Hacer un informe exhaustivo de los atropellos y violaciones de derechos provocados por estas grandes corporaciones demandaría cientos de páginas. Acá sólo podemos hacer una sucinta reseña de algunos de los casos más emblemáticos.
– El Cerrejón (Guajira, Colombia) es una mega-explotación de carbón, con participación accionaria de Xstrata Coal. Ha sido epicentro de innumerables casos de delitos ambientales, fiscales y de violaciones a los derechos humanos, que ha valido incluso la presentación de una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2007. La explotación de los yacimientos de carbón por parte de Xstrata ha provocado un grave deterioro de la calidad y cantidad del agua, afectando la estructura y el caudal del río Ranchería, principal curso de agua de la zona. La continua expansión del proyecto ha implicado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes, con numerosos episodios de violencia protagonizados por fuerzas de seguridad privadas y paramilitares ligadas a la empresa. La gran cantidad de emisiones contaminantes (carbón, sílice, metales pesados, etc.) por agua y aire ha provocado el anegamiento de suelos productivos, el fuerte incremento de casos de plumbemia, silicosis y manifestaciones cancerígenas en trabajadores y población aledaña, entre otros daños constatados por la Procuradoría General de la Nación en un proceso judicial abierto por estas violaciones a fines de 2010. Es hoy una de las regiones de mayor emigración de Colombia, con más de 60.000 personas desplazadas entre 2002 y 2010.
– Mina Bajo de la Alumbrera (Catamarca, Argentina). Se trata del primer y más grande mega-proyecto de explotación a cielo abierto en este país; una mina de cobre y oro controlada por Xstrata desde 2003. Está situada en una región muy árida (con un promedio de precipitaciones de 150 mm anuales), pese a lo cual, la empresa insume 100 millones de litros de agua diarios para sus procesos de lixiviación y transporte de concentrados. El uso abusivo de recursos hídricos ha afectado el nivel de las aguas superficiales y subterráneas, provocando un grave impacto negativo sobre las actividades agroganaderas de la zona. Asimismo, la empresa ha generado diferentes fuentes y casos de contaminación ambiental, entre ellos, las filtraciones del dique de colas que terminan percolando metales pesados y sustancias tóxicas a toda la cuenca del Río Vis Vis; al menos seis casos comprobados de derrames de concentrado de cobre con otros metales y sustancias tóxicas producidos por roturas en el mineraloducto que transporta el material para exportación; el volcado de efluentes líquidos contaminantes en la cuenca hídrica del Salí-Dulce. Por estos hechos, una causa judicial de más de 10 años ha logrado el procesamiento del gerente de la empresa en un juicio que se encuentra aún abierto.
– Proyectos El Pachón (San Juan, Argentina), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca, Argentina). En estos tres proyectos, que se encuentran aún en fase de exploración, la empresa ha incurrido en la remoción y destrucción de glaciares. Pese a hallarse en franca violación a la Ley Nacional de Protección de Glaciares, la empresa se ha negado a cesar sus operaciones en la zona y a producir los informes de impactos que la misma exige.
– Proyecto Tintaya (Espinar, Perú). Se trata de un mega-proyecto de cobre explotado por Xstrata desde 2006, y que pese a la fuerte inversión en imagen corporativa desplegada por la empresa en la zona, ha sido un permanente foco de conflictos. Actualmente la empresa afronta un proceso judicial abierto por una denuncia penal de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Cusco por la contaminación de los dos principales cursos de agua de la Provincia de Espinar, los ríos Salado y Ccañipia. En la denuncia, la Fiscalía ha presentado pruebas de contaminación de aguas por exceso de aluminio, arsénico, hierro, molibdeno y otros metales, así como de la contaminación de suelos con antimonio, arsénico, cobre y mercurio. Se han registrado una gran proporción de la población con plomo en sangre, aumento de enfermedades respiratorias y afectación a la ganadería y la piscicultura local.
Por cierto, estos casos no agotan las explotaciones que Xstrata y Glencore tienen en la región; mucho menos aún, las denuncias y casos comprobados de violaciones a derechos, destrucción ecológica y contaminación ambiental. La lista, como advertimos, se hace prácticamente inabarcable y tiende a crecer continuamente. Es que no estamos frente a ‘casos aislados’ o a violaciones exclusivamente atribuibles al ‘mal comportamiento’ de ciertas empresas. Se trata, más bien, de un régimen de explotación que implica como ‘regla’ y como base constitutiva de la rentabilidad de las empresas este tipo de prácticas. Un modelo ecológica y políticamente voraz, que, a la depredación ambiental, suma la violación de los derechos más elementales de las poblaciones, cuya única ‘culpa’ es la de habitar territorios con importantes recursos mineros.
Pese a las políticas represivas, la resistencia de las comunidades afectadas sigue creciendo, geográfica y políticamente. Su grito de justicia demanda también la solidaridad del resto de las sociedades; solidaridad planetaria. Solidaridad de los pueblos y entre los pueblos con la Madre Tierra; al fin y al cabo, nuestro único hábitat y fuente de Vida.
Horacio Machado Aráoz – Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.