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El caso de Guatemala

Desaparición forzada de personas: un arma de terror

Fuentes: Rebelión

La impunidad: una constante histórica

Comprender todo no significa perdonar todo

Sigmund Freud

Salir de una guerra no es sólo firmar un acuerdo de paz y guardar las armas. En Guatemala eso sucedió hace ya 25 años, pero no se vive en paz. Lejos de eso, el clima de violencia y de zozobra que atravesamos a diario nos confronta con una situación bélica. La muerte sigue rondando altiva en cada rincón, y las causas estructurales que encendieron la mecha de un alzamiento armado varias décadas atrás no han desaparecido; por el contrario, podría decirse que se mantienen igual o más fuertes que hace medio siglo: más de la mitad de la población continúa por debajo del límite de la pobreza estipulado por Naciones Unidas y los índices socio-económicos son alarmantes: desnutrición, analfabetismo, marginación, falta de oportunidades, racismo y patriarcado están a la orden del día.

Guatemala vivió varias décadas de guerra interna, y eso aún está presente como mensaje cultural en el colectivo: para quienes la sufrieron, como recordatorio de las peores épocas; para quienes no la vivieron dirrectamente, como fantasma que ha dejado enseñanzas y, básicamente, ruptura en la memoria histórica. “eso aquí no pasó”. ¡Pero pasó! Borrar la historia es imposible. Y peor aún: es enfermizo, porque la historia no se puede borrar. Somos la historia; querer negarlo trae inconmensurables problemas.

En el marco de la Guerra Fría que libraban las por ese entonces dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno, el país en su conjunto se vio atravesado por un clima de desconfianza paranoica, de muerte y de terror que marcó todos los rincones del quehacer nacional. Nadie podía escapar a esas dinámicas. Pero lo peor es que el Estado, supuesto regulador de la vida nacional entre todos sus habitantes, para el caso de esta guerra no funcionó, precisamente, como regulador. Tomó parte activa en la contienda siendo principalísimo actor, pero pasando por encima de toda norma, y poniéndose de lado de una de las partes enfrentadas. Claramente: de la clase dominante, enfrentando no solo al movimiento guerrillero sino a toda la población que le servía de base (campesinado indígena sumamente pobre, indígena perteneciente a los pueblos mayas en su mayor medida, mano de obra tremendamente barata para esa clase dominante).

Extremando las cosas, se podría llegar a decir que la “guerra contra el comunismo” lo justificaba todo. Pero entonces, si se sigue esa línea de argumentación, se desdibuja la esencia misma del Estado: de regulador de la vida de todos pasó a ser un actor de la contienda con las manos manchadas de sangre, por lo que la confianza en la institucionalidad mínima que debería existir, desaparece. El Estado, paraguas de todos sus habitantes que debería cobijar y defender por igual la dignidad de todos sus ciudadanos, fue el gran incumplidor de esa tarea.

El Estado, en los años de la guerra, se convirtió en un Estado terrorista que mató, secuestró, masacró, torturó, siempre con fondos públicos, a parte de su población. He ahí la matriz de cualquier crimen posterior y toda violencia asumida como normal: si quien debía defender la vida y la dignidad de la vida de los guatemaltecos terminó asesinando a sus propios ciudadanos, en general apelando a formas clandestinas, la idea de reconciliación se torna muy difícil si no imposible. ¿Quién se reconciliaría con quién? ¿Por qué y cómo reconciliarse entonces? Más allá de una ley que establece la reconciliación, la dinámica real del día a día sigue siendo de total tensión. La clase dominante sigue aprovechándose de ese campesinado, y la situación de base no ha cambiado, pese a que se hayan firmado Acuerdos de Paz.

Terminada la guerra, la vida sigue. Como fue una guerra interna, las partes enfrentadas siguen viéndose la cara en la cotidianeidad. La vida misma impone la convivencia. Pero eso no es lo mismo que reconciliación. Quizá ésta es imposible en términos estrictamente masivos: las mayorías viven, reaccionan, se enfurecen, son manipuladas, pero el término “reconciliación” no les aplica en sentido estricto. La reconciliación tiene el sello del discurso político, del acuerdo, de la negociación. Y eso, hoy por hoy al menos, es producto de acuerdos cupulares. Estampar una firma en un papel no es, estrictamente, “reconciliar” a las personas. La población que fue víctima de esos atropellos por parte del Estado contrainsurgente: ¿con quién se debería reconciliar: con ese mismo Estado? ¿Cómo? Además de violentada, las condiciones de vida siguen tan mal como años atrás.

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 establecen determinadas medidas para lograr la pacificación de la sociedad. En realidad, si algo se cumplió de esos pactos es la desmovilización militar de ambos bandos enfrentados: las armas se depusieron en muy buena medida, las fuerzas combatientes fueron desarmadas (el movimiento insurgente) o reducidas (el ejército nacional). En estos 25 años no volvieron a darse combates. Pero no hay paz. Muchos menos: reconciliación.

Lograr la “paz” –concepto tan difícil y problemático como “reconciliación”– no es olvidar los crímenes cometidos, no es dejar pasar los atropellos y las terribles violaciones a los derechos humanos mínimos y elementales que se sufrieron durante la guerra. Está más que probado que la abrumadora mayoría de violaciones fueron cometidas por el Estado de Guatemala y no por las fuerzas insurgentes.

En ese marco, es difícil que la población civil no combatiente que sufrió esos abusos quiera y pueda reconciliarse. Podrá recibir, como de hecho ha venido sucediendo, alguna compensación por los daños sufridos. De todos modos, un pago monetario no puede resarcir –y mucho menos pacificar a quienes sufrieron– los perjuicios que trajo el conflicto armado. Lograr la armonía social no es cuestión de “pagar” por los muertos o por las partes dañadas del cuerpo (una pierna vale más que un dedo, y dos piernas valen más que una sola). Eso puede ser un elemento importante en el proceso político, necesario quizá, o imprescindible. Pero eso sólo no alcanza. Lograr cierta –entiéndase bien: cierta, no toda– armonía social, consiste en darle credibilidad a la justicia, a las instituciones que ordenan la vida. Es devolver la confianza a los mecanismos sociales.

Si la impunidad sigue siendo lo dominante, si el mensaje que circula por toda la población es de absoluto desprecio por la legalidad, si se puede hacer cualquier cosa, violar nomas de convivencia y saltarse cualquier pauta institucional sabidos que no habrá consecuencias –¿qué otra cosa sino esto es la impunidad?– es imposible construir una sociedad pacífica y armónica.

En Guatemala mucho de eso está pasando. La impunidad campea soberbia, altanera. Se puede violentar cualquier normativa sabiendo que no habrá castigo por ello. Eso, entonces, alimenta un clima de violencia que no tiene fin. ¿Por qué a 25 años de terminada formalmente la guerra el país vive un clima de guerra, con 13 homicidios diarios y una cantidad de armas de fuego diseminadas entre la población, mayor que durante el conflicto armado interno?

El clima de impunidad reinante lo explica. El Ministerio Público, más allá de las buenas intenciones, reconoce que la inmensa mayoría de los ilícitos cometidos, nunca son juzgados (¡hasta un 98% queda impune!, llegó a reconocer hace algunos años la ahora ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz). Ante eso: ¡se vale todo! Y la impunidad puede presentar infinitas formas: pagar para obtener un documento público, no cumplir ninguna norma de tránsito, mandar a matar contratando un matón a sueldo, no pagar impuestos, orinar en la calle, no pasar la cuota alimentaria por parte del padre separado, etc., etc. La idea en juego es siempre la misma: “me salto las normas porque… no pasa nada si las salto”. Más allá de pomposas y altisonantes declaraciones anticorrupción –en buena medida de candidatos políticos en campaña– la realidad nos confronta con una corrupción e impunidad alarmantes.

El manejo de la actual crisis sanitaria lo evidenció una vez más, con muertos por COVID-19 al por mayor, mientras el personal médico no cobraba sus sueldos y los créditos internacionales tomados para combatir la pandemia desparecían como por arte de magia, con hospitales colapsados y faltos del equipo mínimo (esto no es problema del presidente de turno: es una constante histórica).

El intento de poner algún freno a la corrupción, básicamente impulsado por el gobierno de Estados Unidos con su anterior administración bajo la presidencia de Barack Obama, dio como resultado una activa Comisión Internacional contra la Impunidad –CICIG– que, junto al Ministerio Público, pudo desarmar varias organizaciones criminales. Pero tan grande es la impunidad que el anterior gobierno de Jimmy Morales logró ponerle freno a esas investigaciones, incluso creando una contra-comisión encargada de investigar a quienes investigaban la corrupción. En otros términos: el reinado de la impunidad continuó intocable. Como lo es con cualquier “administrador de turno” (léase “presidente”, o gerente general del país, o capataz de la gran finca que resulta la nación), porque el flagelo atraviesa la historia, siendo la principal dinámica estructural para entender la vida republicana de estos dos siglos desde la “independencia” de la Corona española.

La justicia tiene un valor simbólico en las sociedades, en la dinámica humana. Se castiga lo que no debe hacerse, lo prohibido, lo que va en contra del bien común. Así se educa a un niño (¿para qué le diríamos, si no, que no se meta los dedos en la nariz, por ejemplo?) o se hace funcionar a todo un país (¿para qué se pagan impuestos si no?). Los distintos sistemas de justicia existentes en el mundo, cada uno con sus características propias, buscan fijar las conductas permitidas y las no-permitidas en cada sociedad. Dicho de otro modo: establecen las normas de convivencia, lo que se puede y lo que no se puede. Si no hay castigo por los delitos que se puedan cometer (incluso para la guerra hay normas: los Convenios de Ginebra), si la impunidad permite todo, entonces estamos ante el caos, ante la ley de la selva, del más fuerte.

En Guatemala algo de eso está sucediendo: la justicia no existe. La impunidad se ha impuesto. Pero los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, porque con eso se alimenta el círculo de la violencia, del resentimiento, de la venganza.

En el año 2013, luego de un proceso judicial limpio y con incontrastables pruebas incriminatorias, el general José Efraín Ríos Montt fue condenado por delitos de lesa humanidad a 80 años de prisión inconmutables (se le acusó de genocidio, ente otras cosas). Por esa impunidad a la que nos referimos, 48 horas después del veredicto dictado por un tribunal, una maniobra leguleya le permitió saltar la sentencia y dejar su caso en un cierto limbo legal, buscándose su amnistía total a partir de juegos políticos palaciegos. Finalmente, el militar de marras murió sin haber pagado su condena. El mensaje es claro: se premia la impunidad.

¿Por qué es importante lograr una condena de hechos que ya están comprobados como delitos de lesa humanidad, por tanto, imprescriptibles? Porque el respeto a la ley es lo único que puede servir para construir una sociedad con alguna cuota de paz y armonía. El no respeto a la ley, la impunidad, es la invitación a más violencia.

Para abundar en los motivos que sí deben tenerse en cuenta para lograr una condena justa –cosa que ya se hizo en el 2013– y justificar el por qué un Estado no puede ser terrorista, tal como lo fue el de Guatemala durante varios años, amparado en la impunidad que da el monopolio de la fuerza, presentamos a continuación este estudio sobre el tema de las desapariciones forzadas de personas. Esa vergonzosa práctica, de la que un Jefe de Estado no puede decir que no es responsable –y durante la época en que Ríos Montt fue presidente de facto, las desapariciones tuvieron altas cotas en el país– evidencia los motivos por los que toda esa aberración debe ser castigada.

Extremando las cosas, si se demuestra en juicio público, con toda la transparencia del caso, que alguien es culpable de determinado delito, la legislación guatemalteca permite la pena de muerte cuando las circunstancian lo ameritan. Pero de ningún modo el Estado, en forma encubierta, puede desarrollar prácticas contrarias a la legalidad como las desapariciones forzadas de personas, los asesinatos selectivos, la tortura, las masacres de población civil no combatiente. Los responsables de tales acciones deben ser debidamente juzgados y castigados porque eso es sano para el colectivo. Caso contrario, queda abierta la puerta para la más absoluta impunidad, es decir: el primado de la violencia total. El Estado, por tanto, debe ser garantía para la vida de todos sus ciudadanos, y no quien la quite arbitrariamente, enmascarado y apelando a la oscuridad tenebrosa. Por eso, y no por motivos “revanchistas”, debe juzgarse a los responsables de prácticas fijadas como delitos por toda la legislación existente en derechos humanos. Es una cuestión de “salud mental”, de convivencia civilizada mínima e indispensable que necesitan las sociedades.

La desaparición forzada de personas como política de Estado

En Guatemala, como parte de la guerra interna que desangró al país por espacio de casi cuatro décadas, se produjo una cantidad muy elevada de desapariciones forzadas. Si se compara esa realidad con otros contextos latinoamericanos donde también se dio el fenómeno de guerras contrainsurgentes, el país presenta el triste récord en las desapariciones del continente americano: 46%. (De Villagrán: 2004). Es, a la vez, el país del mundo que tiene la mayor cantidad de desaparecidos per cápita; presea, por cierto, nada honorable. Muchas de esas desapariciones tuvieron lugar en la ciudad capital.[1]

¿Qué pasó con tantas personas desaparecidas? Aquí es importante aclarar que en el término mismo de “desaparición” hay un eufemismo interesado o, dicho de otro modo, un engaño: las personas no desaparecieron, ¡fueron víctimas de una política sistemática de desaparición! Por tanto: hay responsables directos tras todo esto. Puntualmente, fueron capturadas ilegalmente, luego fueron ocultadas y, casi en su totalidad, eliminadas. Esto no es lo mismo que “desaparecer”. La idea en juego por parte del Estado contrainsurgente fue: 1) desarticular los movimientos insurgentes, y 2) enviar mensajes claros a toda la población: “al que se mete en babosadas… algo le puede pasar”.[2] Efectivamente, algo les pasó: “se los llevaron”.

¿Para qué buscarlos hoy? El presente texto pretende ser un importante llamado a mantener viva la esperanza de llegar a conocer, en algún momento, sobre su paradero y a tomar muy en serio las palabras que reciben al visitante en el Museo del Horror de Auschwitz, el antiguo campo de concentración nazi, hoy día Polonia, memoria viva de otro gran drama de la humanidad durante el siglo XX: “olvidar es repetir”.

A más de dos décadas de terminado el conflicto armado interno, las secuelas de ese cataclismo social aún se hacen sentir. El clima de violencia que vivimos actualmente, además de las causas históricas que se ligan con una estructura colonial que se viene perpetuando desde hace siglos, tiene que ver directamente con el desprecio por la vida y la violación sistemática de los derechos humanos que se agudizaron durante la guerra interna.

Entre las prácticas deshumanizantes que tuvieron lugar en esos oscuros años de la historia, la desaparición forzada de personas fue un mecanismo que se mantiene presente en la conciencia de la población, sirviendo como una pedagogía de la muerte y del silencio, que aún se hace sentir. Los desaparecidos siguen siendo una de las heridas abiertas de la sociedad. La única manera de cerrar esas heridas no es negando lo sucedido, echando un manto de olvido y dando vuelta la página: es entendiendo qué sucedió buscando los remedios del caso. Remedios que, para la ocasión, significan: juicio y castigo a los responsables de esos crímenes y reparación real de las heridas sufridas (que no se limita a un cheque, lo cual puede ser algo así como “comprar el silencio” de las víctimas).

El recuento de las víctimas de desaparición forzada en el país arroja un total que, dependiendo de las fuentes consultadas, oscila entre 32,000 y 50,000 personas (De Villagrán, 2004). En toda América Latina, donde también fue común ese mecanismo de guerra contrainsurgente en las décadas pasadas, el número de desaparecidos asciende a 108 mil personas (Ibídem), lo que indica que Guatemala tiene el porcentaje más alto de desapariciones en América Latina.

La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad; así lo consignaron por vez primera en la historia los Juicios de Nüremberg [3], en 1946, y posteriormente tanto la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1992, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1994. Como tal, es un delito imprescriptible.

En Guatemala, al igual que en otros Estados latinoamericanos que durante la Guerra Fría desarrollaron estrategias de guerra contrainsurgente amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno, la desaparición forzada de personas jugó un papel de suma importancia. Sirvió para inmovilizar a las poblaciones civiles, aterrorizándolas, enviándoles mensajes de control y de inocultables llamados a la desmovilización.

En concreto, y en el orden de lo psicosocial, la desaparición forzada de personas es un acto de violencia extrema, cometido por agentes del Estado o por personas autorizadas por éste, que se constituye a partir de la captura ilegal, el ocultamiento deliberado de una persona y la consecuente pérdida de su presencia física (o material), sin que exista la posibilidad de establecer con certeza las circunstancias que determinan su “no presencia física”. Las condiciones de persistencia e incertidumbre que la acompañan hacen de ella un sutil instrumento de tortura con las consiguientes secuelas físicas y severas alteraciones a nivel del psiquismo individual y colectivo. La práctica sistemática de la desaparición forzada implica la alteración de los sistemas de relaciones sociales y el implantamiento del terror. (De Villagrán, 2004:2).

En Guatemala, específicamente en la ciudad capital, desde 1954 se presentaron casos aislados de desaparición forzada de personas; el fenómeno creció paulatinamente durante las décadas de los 60 y 70, llegando a su punto más alto al inicio de la década de los 80. En ese momento, la represión se generalizó y la desaparición forzada se extendió al área rural, que pasó a ser el principal teatro de operaciones del conflicto armado.

En todos los casos, los operativos urbanos tenían siempre el mismo patrón: los realizaban grupos de tarea integrados por miembros activos de los diversos cuerpos del ejército, de los cuerpos élites de la policía y/o por grupos irregulares adscritos a las fuerzas de seguridad, compuestos por entre 4 y 15 hombres fuertemente armados, operando siempre en la clandestinidad. Generalmente actuaban bajo el mando de un oficial del ejército vestido de civil, dependiendo del lugar en que debía realizarse el operativo y de las expectativas que se tuviera de capturar materiales o equipo. Los miembros de estos grupos se movilizaban en vehículos particulares, en general sin placas identificadoras. En todos los casos, actuaban con total impunidad, la misma que existe hoy día, que se ha venido perpetuando en estos años y que actos como la absolución de la condena al general Ríos Montt o la desvirtuación de la CICIG desacreditando la lucha contra la corrupción terminan de coronar, con una nueva Fiscal General absolutamente plegada a los mandatos de los sectores de poder que vuelve a colocar al Ministerio Público como un ente inoperante, favorecedor del Pacto de Corruptos que se ha enseñoreado en la estructura estatal.

Una vez capturada y ocultada la persona, su destino era totalmente incierto. Y en eso consistía justamente el valor político-ideológico-cultural de este mecanismo: enviaba un mensaje aterrorizador a la población. Está demostrado que la desaparición física de alguien sin que se sepa fehacientemente qué sucedió con la víctima posteriormente, produce alteraciones diversas en los allegados, que quedan en una espera eterna. El mecanismo utilizado por las fuerzas de seguridad es perverso: sirve para paralizar a la población dejando a los familiares y allegados ante la imposibilidad de elaborar un duelo.

La desaparición de un familiar/amigo/allegado es altamente nociva para la subjetividad de quien queda en espera de saber lo acontecido. Los efectos psicológicos son diversos; entre otros pueden citarse:

  • Alteraciones inmediatas a la desaparición: en general, reacciones psicosomáticas de distinta intensidad.
  • Alteraciones en el mediano y largo plazo: trastornos psicosomáticos crónicos, trastornos sensoperceptivos y cognitivos tales como dificultades de concentración, inhibición de la actividad intelectual y disminución general del rendimiento.
  • Alteraciones permanentes: diversos cuadros afectivos que pueden ir desde la anestesia afectiva hasta la depresión profunda; trastornos de aprendizaje; trastornos emocionales diversos (miedo, angustia, impotencia, aislamiento, irritabilidad, pérdida de control, sentimiento de culpa, desconfianza generalizada); alteraciones en la percepción (desubicación espacio-temporal).
  • Muchos otros, algunos no descritos sistemáticamente (de hecho, aunque por supuesto eso no es una constante, la clínica evidencia que en algunas ocasiones ha servido como disparador de explosiones psicóticas, con delirios y/o alucinaciones).

En definitiva, la desaparición forzada produce una variedad de síntomas emocionales y cognitivos que inhiben a los directamente ligados con el desaparecido, produciendo una conducta de miedo y consecuente apatía por los problemas colectivos.

Abordar la problemática creada por las atrocidades sufridas implica una serie amplia de acciones: intervenciones psicoterapéuticas puntuales en los casos en que así se requiera, propuestas colectivas organizadas en demanda de esclarecimiento y aplicación de justicia, recuperación y fortalecimiento de la conciencia histórica y ciudadana y la demanda de respuestas consecuentes por parte del Estado.

Entre las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se dice, en relación al capítulo de “Desaparición forzada”: “Que el Gobierno y el Organismo Judicial inicien a la mayor brevedad investigaciones sobre todas las desapariciones forzadas, para aclarar el paradero de los desaparecidos” (CEH, 1998:32).

Dado que la estrategia contrainsurgente de desaparición forzada de personas contempla la clandestinidad y la secretividad, reconstruir lo acontecido implica investigar hechos fragmentarios y dispersos que requieren de meticulosidad y paciencia, tal como el armado de un rompecabezas. Pero la tarea se complica, porque aquí siempre faltan piezas. Y faltan, sin dudas, por acción deliberada de quienes produjeron la desaparición.

Hacer ese seguimiento no es fácil; se trata de una búsqueda detectivesca donde casi no hay pistas. Algunas de las estructuras y mecanismos funcionales a esa secretividad no han sido desmantelados y, en muchos casos, aún se esconden al interior de los aparatos del Estado, dificultando su inmediata remoción. Ninguna administración de las que ha habido desde la Firma de la Paz ha querido/podido desarmar este complejo entramado. La estrategia de las fuerzas estatales, orientada a no dejar pistas, dificulta avanzar en estos intrincados laberintos. Y conforme pasa el tiempo, todo tiende a “hacerse olvidar” (“aquí no ha pasado nada”), dejando estos terribles ilícitos en un voluntario e interesado olvido que refuerza la ya histórica impunidad.

Está claro que esas estrategias funcionaron a la perfección. Como indicaba la Secretaría de la Paz durante el período presidencial de Álvaro Colom en su análisis sobre la autenticidad del Diario Militar: “Las estructuras militares en el contexto del conflicto armado no actuaron de manera improvisada; siempre se dieron como parte de un plan que definía las acciones a realizar y señalaba en qué momento debían cumplirse y contra quiénes. Al relacionar lo que dice el Diario Militar y examinar los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional, se hace evidente que las operaciones ejecutadas por las diferentes unidades policiales, en especial la Brigada de Operaciones Especiales (BROE), DIT y Cuarto Cuerpo, estaban subordinadas a órdenes emanadas del ejército. (…) Algunos de los casos documentados con información proveniente del AHPN, evidencian que las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco habían estado elaborando, a lo largo de varios años –en ocasiones hasta una década–, detallados expedientes de las personas que, a su criterio, buscaban desestabilizar al régimen, con el fin de proceder en el momento que consideraran oportuno y mediante operativos bien planificados, a su captura y posterior eliminación” (Secretaría de la Paz, 2011:134).

Tanto la maquinaria de gobierno al servicio de la estrategia contrainsurgente, como la clandestinidad en que tuvieron lugar sus operaciones, pavimentaron el camino para que hoy se haga tan difícil averiguar lo sucedido. Y mucho más, por supuesto, para hacer justicia. Como una muestra, téngase en cuenta lo declarado por el encargado de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 1984 en relación a los recursos de exhibición personal interpuestos por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG): “Sólo causan problemas a la Corte” (Prensa Libre, 25 de mayo de 1984). Declaraciones como ésta permiten apreciar cómo el sistema judicial funcionaba al servicio de la impunidad y no de la justicia. Seguir manteniendo eso hoy día es continuar alimentando ese clima de impunidad y, por tanto, llamar a más violencia, a más sufrimiento para la población guatemalteca, a más odio y resentimiento.

Estudiar qué sucedió, saber cómo es la historia, saber por qué estamos como estamos, es lo único que puede permitir cambiar el curso de los acontecimientos y buscar algún remedio a lo sucedido. Negar el pasado, disfrazarlo, intentar olvidarlo no impide que la historia siga pesando. Las desapariciones de personas durante nuestra guerra interna deben ser conocidas, analizadas, debidamente procesadas y sancionadas, porque sin ningún lugar a dudas constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las desapariciones forzadas en Latinoamérica y en Guatemala

Es preciso enfatizar desde un inicio que se usa el término “desaparición forzada” porque decir sólo “desapariciones” induce a confusión, puesto que así se llama también a aquellas que no tienen lugar por motivos políticos de contrainsurgencia. Hoy se escribe mucho sobre el tema tratando de sepultar el problema no reconocido de las desapariciones forzadas.

Si fueron “forzadas” es porque alguien, un grupo de poder determinado, se encargó que así sucediera, lo cual confirma la existencia de una política específica sobre el asunto. Y si hubo tal cosa, hay responsables de carne y hueso. ¿Puede premiarse acaso con impunidad el haber llevado a cabo esa criminal política? De ninguna manera. Por eso es importante para la “salud mental” de la sociedad guatemalteca condenar esos atropellos, para lograr que nunca más puedan volver a cometerse.

Entre algunas de las prácticas deshumanizantes que tuvieron lugar en esos trágicos años de la historia guatemalteca, la desaparición forzada de personas fue una estrategia que aún está presente en la conciencia de la población, aterrorizando, sirviendo como una pedagogía de la muerte y del silencio que todavía se hace sentir. Los desaparecidos siguen siendo una de las heridas abiertas de la sociedad que el final de las acciones bélicas, hace ya dos décadas y media, no ha podido remediar. Valen al respecto las palabras de Lía Ricón:

Siguiendo la cita freudiana, lo primero que se perdió en la sociedad con desaparecidos es ‘el modo como se reglan los vínculos recíprocos entre los seres humanos’. La pertenencia a una cultura, a un grupo humano cohesionado por una ley, nos incluye en un discurso que determina los modos de relación de los seres humanos, supuestamente en la cultura en la que vivíamos estábamos sujetos a una ley y había un organismo que se ocupaba de hacerla cumplir. (…) [Los] aspectos defensivos y protectores se pierden en el terrorismo de Estado. (…) Se pasa bruscamente a una estructura social con leyes que no están en los códigos, con arbitrariedades por las que no hay a quien protestar.” (Ricón, 1992:78).

El recuento de las víctimas de desaparición forzada en el país nunca podrá ser exacto por diversos motivos. Hasta hoy, y a pesar de múltiples esfuerzos, no existe un ente que haya sido capaz de centralizar la información y cada organización de búsqueda y/o de defensa de los derechos humanos tiene cifras diferentes; por otro lado, hay muchas personas que no se han acercado a estas organizaciones a denunciar la desaparición de sus seres queridos por miedo y desconfianza.

En Guatemala los datos sobre desapariciones forzadas arrojan un total que oscila entre 32 mil y 50 mil personas. A ellas habría que sumar las personas desaparecidas en hechos no registrados en los informes existentes, de los que no hay cuantificación. También deberían agregarse las personas aparecidas en los procesos de exhumación, que no habían sido reportadas.

Por todo ello se puede afirmar que el número de víctimas del conflicto armado adolece de subregistros. Investigadores como Patrick Ball, Paul Kobrak y Herbert Spirer, puntales indispensables en este trabajo debido a su seriedad y competencia profesional, lo dicen con claridad.

Según recuerdan estos autores: “En octubre de 1993, algunas de las organizaciones… [GAM, CONAVIGUA, CERJ, CPR] se unieron a otros grupos de derechos humanos para formar la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA). En 1996, las organizaciones de la Coordinadora decidieron conjuntar la información que cada una de ellas tenía sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea fue delegada al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), por su experiencia en tratar el tema. Así, el Centro fue encomendado para estructurar y analizar la información en una base de datos computarizada. Esta designación se dio en el marco de las definiciones que CONADEHGUA estableció para apoyar el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). (…) [Pero] la base de datos del CIIDH no presenta un panorama completo de la violencia en Guatemala.” (Ball, Kobrak y Spirer, 1999:32).

El Comité Internacional de la Cruz Roja cuenta también con una base de datos disponible que se suma a los listados dispersos ya existentes. La abundancia de datos dispersos impide un conteo exacto, envolviendo el problema en una nebulosa que se presta a críticas y manipulaciones mal intencionadas.

En toda América Latina, donde también fue común esa estrategia de guerra contrainsurgente en las décadas pasadas e igualmente existe subregistro, el número de desaparecidos se calcula que asciende a 108 mil personas, lo que indica que Guatemala tiene el porcentaje más alto de desapariciones de toda la región. Según algunos analistas dicen, aquí se dio un “laboratorio de pruebas” para la estrategia continental que impulsó el gobierno de Estados Unidos, aplicado luego en otros contextos latinoamericanos, siempre en el marco de la guerra contrainsurgente contra la “subversión comunista”.

En toda esta área geopolítica la práctica de desaparición forzada de personas terminó por convertirse en una estrategia estatal de la política contrainsurgente dominante, por supuesto no declarada, pero eficaz. Numerosos países la utilizaron, por ejemplo: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Según estimaciones de organizaciones como FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos), Amnistía Internacional y diversos organismos de derechos humanos, en algo más de veinte años (1966-1986) 90 mil personas en América Latina sufrieron directamente los efectos de esta política.

De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la OEA en Belem do Para, Brasil, en 1994, se considera Desaparición Forzada a la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesarles pertinentes.” (OEA, 1994).

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en una consideración más amplia, incluye dentro de su programa “Missing” una idea que va más allá de la desaparición forzada, y establece que “El término personas desaparecidas debía interpretarse en un sentido más amplio. Las personas desaparecidas o dadas por desaparecidas son aquellas de las que los familiares están sin noticias y/o que han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fiable. Una persona puede ser dada por desaparecida en muchas circunstancias, como el desplazamiento, sea desplazados internos, sea de refugiados, la muerte en acción durante un conflicto armado, o la desaparición forzada o involuntaria”. (CICR, 2006)

En la ciudad de Guatemala, con el recrudecimiento de la represión hacia fines de las décadas de los 60 y los 70, se produjo una enorme cantidad de desapariciones. En los 80, si bien el fenómeno urbano no se extinguió, se desplazó en buena medida hacia el área rural, que pasó a ser el principal teatro de operaciones del conflicto armado. Los operativos rurales y los urbanos tenían diferentes patrones; en zonas rurales, las desapariciones van más unidas a las políticas de masacre, donde en un operativo se barría completamente con toda una población, asesinándola, y eventualmente dejando algún testigo para que relate lo sucedido. Los operativos urbanos se realizaban por fuerzas de tarea que se movían coordinadamente en varios vehículos y hacían desaparecer personas en forma selectiva, previo estudio e identificación al detalle de las víctimas.

Organismos como la CEH, que estudiaron profundamente el tema de las desapariciones forzadas, dejaron importantes recomendaciones encaminadas a procesar las secuelas dejadas por las mismas. Entre otras cosas, se invita a recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas. Tal recomendación sólo muy parcialmente ha sido tenida en cuenta; por parte del Estado no ha habido investigaciones profundas. Han sido básicamente los esfuerzos de algunos familiares de desaparecidos(as), de manera aislada o a través de las organizaciones de búsqueda creadas específicamente con ese fin, quienes han tomado la iniciativa logrando pequeños avances. Falta aún la investigación sistemática promovida desde el Estado guatemalteco que permita conocer el paradero de quienes fueron desaparecidos, contribuyendo a sanar las heridas aún abiertas. Pero como van las cosas, ya casi olvidados los Acuerdos de Paz, y minada ya la institucionalidad que se derivó de ellos, cada vez se torna más difícil esperar que el Estado actúe como debería hacerlo.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas en Guatemala, dada su masividad y la impunidad con que se realizó, puede entenderse sólo en función de una matriz histórica de violación sistemática de los derechos humanos, de una cultura de impunidad y de una apología de la violencia y de la muerte que viene marcando a la sociedad desde hace siglos. Por eso, y no por un espíritu revanchista, condenar todo lo actuado durante la guerra, es un imperativo ético. Dejar las cosas en el olvido es fomentar la impunidad, y por tanto llamar a nueva violencia.

Es evidente entonces que el ejercicio de esta terrible práctica no es producto azaroso ni circunstancial, sino que forma parte de una muy estructurada política pública. De ahí que, tanto las desapariciones forzadas de personas como todo el arsenal de recursos utilizados en esta guerra sucia, si no son debidamente analizadas, conocidas, revertidas, condenadas como prácticas contrarias a las más elementales normas de convivencia y solidaridad, perpetúan sus efectos en el tiempo creando un clima de zozobra y tensión social que hace la vida un calvario.

En Guatemala, hoy por hoy, además de la crisis sanitaria que vino a complicar todo y a profundizar las asimetrías previamente existentes, en muy buena medida la vida cotidiana tiene mucho de calvario, con los climas de desconfianza paranoica que se viven, alimentados generosamente por la explosión de delincuencia que nos envuelve, con la cultura de violencia que lo permea todo y con los grados de impunidad tan profundos que moldean la experiencia del diario vivir. Todo indicaría que luego del incesante bombardeo mediático sufrido con la pandemia y el acrecentamiento exponencial del miedo, las matrices paranoicas puedan dispararse en lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”. La desconfianza en el otro, posible portador de un virus presentado como “monstruoso”, probablemente acentúe ese carácter de desconfianza ya reinante. Es por eso que luchar contra la impunidad tiene un efecto especialmente reparador, es un camino a la sana convivencia, a la recuperación de la salud mental que se ha venido deteriorando con la guerra interna y luego con los niveles de criminalidad tan grandes que nos asolan, creando un clima de miedo generalizado.

El destino de los detenidos-desaparecidos

La desaparición forzada de personas no se hacía tanto por razones prácticas para obtener información del “enemigo” sino que tenía, ante todo, otras características. Entre ellas: es un mensaje político, una forma de control social para paralizar a una población. Envía un terrible recordatorio de lo que espera a quien tome un compromiso político-social, que levante la voz, que ose tener una actitud crítica contra el estado de cosas.

Cuando ingresaba al circuito de la desaparición, el mundo perdía todo contacto con él. Durante la detención clandestina era imposible seguir las pistas de la persona secuestrada. Ningún recurso de exhibición personal lograba adelantar alguna información, alguna pista conducente a saber qué había sucedido. Era como que “la tierra se los había tragado”. Lo poco que se podía llegar a reconstruir era producto de las escasas y fragmentarias informaciones que circulaban boca a boca entre allegados al desaparecido (familiares, compañeros de la organización, amigos).

Cuando se encontraban cadáveres de personas no identificadas tanto en la vía pública como en “botaderos” específicos (zonas descampadas, en general en las afueras de las ciudades), los mismos presentaban laceraciones que complicaban o impedían la identificación (rostro desfigurado, piel de las yemas de los dedos quemada o manos cortadas, cuerpos completamente calcinados). Es más que obvio que allí había una política en juego con personas responsables. ¿Por qué dejar eso en la impunidad entonces?

Es difícil, cuando no imposible, reconstruir con fidelidad los hechos que se sucedieron luego de cada desaparición forzada. Lo cierto es que, pasadas ya cuatro décadas de ese momento, son pocos los casos de personas que han reaparecido vivas. Y no siempre aparecieron los cadáveres de quienes desaparecieron. Todo indica, obviamente, que en su gran mayoría fueron ejecutados extrajudicialmente. Incluso el Archivo Histórico de la Policía Nacional ayuda relativamente poco en saber con exactitud qué sucedió: hay muy poca, casi ninguna información al respecto.

Por otro lado, los archivos del ejército nunca fueron puestos a disposición de la población, y como van las cosas, seguramente nunca se pondrán, por lo que todo apunta a que se pretende seguir alimentando la impunidad, el silencio, el mensaje aterrorizante: “el que se mete en babosadas (¿el que piensa y es crítico?) corre riesgo”.

Las ejecuciones clandestinas (homicidios, lisa y llanamente, realizados en el más total anonimato) no están asentadas en ningún lado. El secretismo extremo las rodeaba y las sigue rodeando al día de hoy para completar la idea de que una desaparición forzada implica la inexistencia o negación del sujeto.

Lo que en la actualidad puede saberse a partir de algunos casos estudiados es que, si los desaparecidos no morían en los centros de tortura, eran ejecutados con lujo de violencia, con armas punzocortantes, ahorcados o asesinados con armas de fuego. En algunos casos, los cadáveres con signos de haber sufrido violencia extrema antes de la muerte, con violaciones sexuales en muchos casos con las mujeres, eran abandonados, como arriba dijimos, en la vía pública o en ciertos sitios en la periferia de la ciudad.

Ahora bien: si según los cálculos existentes (conservadores para más de alguno) se dieron 45 mil desapariciones forzadas, ¿dónde fueron a parar todos esos cuerpos? Evidentemente hubo una política sistemática de ocultamiento de tanta matanza. En algunos casos, los menos, esos cadáveres aparecían botados; pero en su gran mayoría, no están. ¿Se los tragó la tierra?

En cierta forma: sí. El mismo mecanismo de represión alentado desde el Estado contrainsurgente buscó borrar toda evidencia de lo sucedido. Por lo pronto, una gran cantidad de cadáveres de desparecidos no está, lo que hace presumir que esos cuerpos fueron arrojados al mar, o eventualmente en el cráter de algún volcán (esa parece haber sido una práctica común en la Nicaragua de la dictadura somocista). Si efectivamente eso comenzó a hacerse en algún momento, el arrojarlos al mar desde aviones o helicópteros (práctica también común en Argentina), cuando la política se masificó y la cantidad de cadáveres se hizo enorme, por razones de costo operativo se prefirió hacer lo más barato: botarlos en fosas comunes clandestinas. O igualmente, más tarde, aparecían en lugares descampados en torno a las ciudades, careciendo siempre de documentos de identificación, por lo que debían ser trasladados a las morgues como “no identificados”, para posteriormente ser enterrados en cementerios públicos como XX.

Oficialmente, por tanto, no había responsables. Era como que no hubiese sucedido. De todos modos hoy, ya varios años después de terminada la guerra, la realización de exhumaciones ha dado como resultado el hallazgo de una buena cantidad de restos de personas desaparecidas, lo cual indica que sí, efectivamente, hubo planes bien trazados para llevar adelante esa política. Las autoridades estatales, aunque lo nieguen, sabían de todo esto.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico comenta que uno de los aspectos que caracterizó las aprehensiones de las víctimas, de modo especial en las áreas urbanas, fue el ocultamiento de la identidad de los autores en el momento de practicarlas. Son numerosos los testimonios recibidos por la CEH donde se reiteraba que “los responsables actuaban disfrazados, encapuchados o cubriéndose los rostros con pañuelos. Queda así descrita una forma de actuación, por parte de los agentes del Estado, realizada no sólo con el propósito de garantizar la impunidad del hecho, sino que además constituye uno de los primeros elementos que perseguían: borrar el rastro del detenido.” (CEH, 1998:118)

Ante esta absoluta y cerrada secretividad, ante tamaña política de impunidad, es muy difícil realizar una búsqueda efectiva de esos miles de cuerpos desaparecidos. Lo fue en el momento mismo en que sucedían los hechos, cuando arrecia la represión entre fines de los 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado. Y lo sigue siendo ahora. El Archivo Histórico de la Policía Nacional es un instrumento útil en esta búsqueda, pero no garantiza resultados contundentes, aunque posibilita hacer importantes seguimientos. De hecho, dados los manejos políticos que se fueron sucediendo, el mismo perdió su operatividad.

En mayo de 1999 apareció el posteriormente denominado Diario Militar, importantísimo eslabón para conocer los patrones y las dinámicas existentes al interior de un centro clandestino de detención. A partir del contenido del Diario, se sabe que, aunque clandestinos, existían registros pormenorizados de la captura y el destino de los desaparecidos y que había un control detallado de su filiación política. Como información relevante que puede otorgar ese documento, hace saber que se les mantenía vivos por poco tiempo y registra (por medio de códigos) las diferentes causas de muerte. “Se fue con Pancho”, “Le dieron agua”, los códigos “300” o “120V” eran sinónimo de “capturado asesinado”. En relación a los pocos sobrevivientes, indica que algunos fueron trasladados a bases militares del interior de la República y a otros centros de detención clandestina, siendo contados los casos en que los prisioneros fueron liberados. Curiosamente, según el Diario, sólo se consigna haber dado seguimiento a algunas personas que fueron liberadas.

La CEH afirma que “los cadáveres de las víctimas eran arrojados a ríos, lagos, al mar, sepultados en cementerios clandestinos, o se les desfiguraba para impedir su identificación, mutilando sus partes, arrojándoles ácidos, quemando o enterrando los cuerpos o sus despojos” (CEH, 1998:217). Así, dentro del informe, se llega a realizar la afirmación siguiente: “Los crematorios y cementerios clandestinos eran por lo tanto parte integrante de los centros de interrogatorio, en la medida que era preciso deshacerse de las personas torturadas y posteriormente ejecutadas. La disposición de cadáveres, sobre todo en la escala masiva en que se mataba, era una medida de seguridad de contrainsurgencia para tratar de evitar que se conociesen los suplicios y asesinatos realizados en los centros de interrogatorio” (CEH, 1998:220).

En la ciudad de Guatemala el cementerio La Verbena (público) ha cumplido desde hace largo tiempo la tarea de enterrar a las personas no identificadas; durante los años del conflicto armado esto se intensificó, pues la cantidad de cadáveres abandonados creció en forma exponencial. Al día de hoy se estima en varios miles la cantidad de desaparecidos enterrados como XX en ese cementerio. Buena parte de esos cuerpos, o quizá la gran mayoría, podría corresponder a los desaparecidos de décadas atrás. La recuperación de la memoria histórica posible de hacerse a partir del Archivo Histórico de la Policía Nacional podría llevarnos al cementerio de La Verbena como destino final de más de alguna, o muchas, de las personas que se siguen buscando.

Según los estudios que sobre este cementerio ha venido realizando uno de los equipos de antropología forense que ha trabajado por más largo tiempo en el país, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–, se podría pensar que muchas de las personas desaparecidas fueron enterradas también como XX en distintos cementerios municipales.

Si bien hace años que existen denuncias de las desapariciones y que varias organizaciones de familiares de víctimas y defensoras de los derechos humanos vienen trabajando en el esclarecimiento de qué pasó, la política contrainsurgente que llevó a cabo el Estado ha buscado –y sigue buscando– la mayor de las secretividades en el asunto, por lo que esa búsqueda se entorpece, cuando no queda prácticamente bloqueada. Las investigaciones antropológico-forenses pueden ser una inestimable ayuda en la iniciativa.

Conclusiones

  • Teniendo en cuenta que la desaparición forzada de personas fue una de las estrategias de control político-social implementada durante el conflicto armado interno –junto a las masacres con la política de “tierra arrasada” desarrollada básicamente en áreas rurales, más la guerra psicológico-ideológica de gran envergadura que tuvo lugar a nivel nacional por todos los medios masivos de comunicación– dejar todo eso librado a una cuestionable Ley de Reconciliación Nacional que olvidaría esas atrocidades para, perdonando todo, mirar hacia un “futuro nuevo” (como si ello fuera posible acaso sin atender a la reparación de esos daños), es un despropósito. En tal sentido tiene un valor altamente reparador para la sociedad dañada en sus cimientos con todo esto el juicio (emblemático si se quiere) de algún o algunos responsables de tanto sufrimiento.
  • Enjuiciar limpiamente –como ya se hizo en el año 2013– y condenar a una figura icónica de estos planes represivos del Estado tal como representaba el general José Efraín Ríos Montt, lejos de ser una “venganza” política como pretenden algunos sectores de pensamiento conservador, tiene un alto poder reparador y justiciero, pues puede volver a dar credibilidad en la institucionalidad estatal y en el sistema de justicia (hondamente dañados el día de hoy), a la par que funciona como reparación y dignificación de las víctimas civiles de la guerra interna.
  • La desaparición forzada de personas respondió a una estrategia estatal perfectamente organizada. Más aún, obedeció a un plan continental donde, salvando algunas pequeñas diferencias locales, los patrones de actuación se repitieron en todos los países del área con casi similar organización, lo que permite concluir que no se trató de algo sólo coyuntural y reactivo, sino que fue un plan bien orquestado que buscó efectos profundos a largo plazo (“Plan Cóndor”, orquestado y dirigido por la CIA, operativizado por las distintas fuerzas armadas de los países latinoamericanos). Las consecuencias de la estrategia de desaparición forzada de personas son diversas, pero en todos los casos resultan nocivas para las grandes mayorías populares. Los principales beneficiados de esta política de “guerra irregular” o “guerra sucia” son los sectores dominantes, que por su intermedio pudieron repeler los proyectos de transformación social que cobraron auge con distintas expresiones de lucha popular en las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo. Incluso los brazos operativos que hicieron el trabajo propiamente dicho: fuerzas de seguridad del Estado y grupos conexos (paramilitares, parapoliciales), si bien acrecentaron su cuota de poder (tanto político como económico, constituyéndose en un poder sobredimensionado dentro de la lógica del Estado al que servían y ganando porciones dentro de la acumulación de riqueza en el concierto nacional junto a los grupos dominantes tradicionales), finalizada la guerra interna terminaron desacreditados.
  • En orden a enjuiciar y castigar a los responsables directos de todas las atrocidades cometidas durante la guerra interna, debe quedar claro que los ejecutores directos (altos oficiales del ejército nacional) tienen una alta cuota de responsabilidad en lo sucedido, pero que con ellos no termina el problema sino que a su vez, tras ellos, deben conocerse los verdaderos factores de poder para quienes llevaron adelante esas políticas de represión de la protesta popular.
  • Los efectos de estas estrategias tienen distintas aristas: a) fueron letales para 45 mil ciudadanos guatemaltecos, de quienes nunca más se supo nada y que todo indica murieron al poco tiempo de su desaparición. b) Fueron terriblemente conmocionantes para los familiares y allegados directos de las personas desaparecidas, en quienes se alteraron procesos de duelo normal ante el desaparecido, quedando en una situación de espera eterna, sabiendo por un lado que lo más probable es que su ser querido esté muerto, pero albergando secretamente confusos sentimientos de verlo reaparecer, todo lo cual produce un cuadro de confusión psicológica que no cesa con el paso del tiempo. c) Creó una cultura de silencio y sumisión profundamente enraizada en el colectivo social, donde se instalaron y apropiaron mensajes de aceptación pasiva de la represión, terminando por justificar las desapariciones con argumentos deshumanizantes, inhibidores de la protesta social y provocadores de ruptura y falta de solidaridad en los tejidos sociales, promoviendo actitudes individualistas: “si se los llevaron, por algo sería”.
  • Las consecuencias colectivas de desinterés por lo político, de relajamiento de lazos sociales y salidas individuales provocadas por las estrategias de desaparición forzada de personas pavimentaron la posibilidad de establecer, algunos años después de implementadas las campañas de desapariciones, planes económicos leoninos para las mayorías sin mayores reacciones populares (políticas neoliberales de achicamiento del Estado y entronización del mercado, golpeando muy duramente sobre las condiciones laborales de la población trabajadora). Se trató, entonces, de una planificada estrategia de guerra que con el empleo sistemático de acciones que sirvieron como “propaganda”, como promoción de un mensaje (freno al “comunismo internacional que quería adueñarse de estas tierras”), estaban orientadas a direccionar conductas colectivas en la búsqueda de objetivos de control social. Ya desaparecidas, las personas corrieron suertes muy diversas. En algunos casos se dieron procesos de “conversión”, es decir: militantes del campo popular y revolucionario que fueran secuestrados por su ideario contestatario, luego de ser sometidos a procesos de tortura abandonaron sus posiciones de lucha pasando a sumarse a las fuerzas de la represión. Ello debe entenderse en el marco de complejos procesos psicológicos. Es difícil hacer una equilibrada ponderación de esos casos: ¿hasta dónde llegan los mecanismos de adaptación y sobrevivencia y hasta dónde se pueden saltar barreras éticas? El presente texto, que no ahonda en esas temáticas, sólo indica que esa fue una posibilidad entre otras a la que se enfrentaron los desaparecidos y, de hecho, se comprobó en una cantidad de casos.
  • Todo indica que la inmensa mayoría de las personas desaparecidas fueron asesinadas. Por lo pronto, algunas, muy pocas, aparecieron muertas al corto tiempo de su desaparición. Eso era parte de la estrategia montada: dejar ver algunos cadáveres, en general con signos de terribles torturas y con tiro de gracia, lo cual enviaba un elocuente mensaje al colectivo social: “quien se mete en cuestiones políticas adversas al estado de cosas, así le va”. El mensaje logró su objetivo: contribuyó a desmovilizar toda la sociedad, que por aquellos años se encontraba en cierta efervescencia político-social. Pero de la inmensa mayoría de desaparecidos/as no hay ninguna información. Todas las hipótesis que se puedan tejer al respecto llevan a lo mismo: los desaparecidos no fueron mantenidos vivos, siendo casi imposible (por no decir absolutamente imposible) que estén hoy aún en situación de detención clandestina, ni tampoco salieron al exilio fuera del país. Por lo tanto, las conjeturas indican que fueron ajusticiados en forma ilegal. Lisa y llanamente: asesinados en su gran mayoría.
  • La búsqueda de las personas desaparecidas se torna extremadamente difícil por una sumatoria de razones, amparadas todas en la estrategia de base que fue el centro de esa política: fue una práctica extrajudicial mantenida en el más cerrado hermetismo. A partir de ello prácticamente no hay pistas valederas: existen muy pocos archivos que puedan ayudar en la tarea (el de la Policía Nacional es el más organizado, aportando valiosas informaciones, pero no alcanzando de todos modos para resolver todos los casos). Archivos militares no se han abierto, y nada indica que se vaya a hacer. La cantidad de cadáveres no identificados encontrados en la época más álgida de la represión (1975-1985) fueron inhumados como XX, y recién tardíamente, décadas después, comienzan a ser estudiados, no asegurándose la posibilidad de identificación en todos los casos. Las fuerzas que llevaron a cabo estos trabajos se cuidaron muy esmeradamente de no dejar huellas, o dejarlas muy fragmentariamente, confundiendo así más aún la posibilidad de seguirlas. La secretividad que marcó todo este capítulo de la historia nacional no ha desaparecido: ello, entonces, sigue haciendo tremendamente problemático buscar personas desaparecidas con reales posibilidades de éxito, por la falta de registros y testigos.
  • Las fuerzas estatales negaron siempre sistemáticamente la comisión de desapariciones, más allá de toda la inconmensurable prueba empírica que las desmiente. Eso crea una situación de polaridad absoluta que aleja toda posibilidad de procesos reconciliatorios en el seno de la sociedad. Tomando como modelo experiencias de otros países, podría indicarse que una vía posible para comenzar a cambiar la polaridad post guerra es ofrecer una amnistía general a quienes llevaron adelante las políticas represivas a cambio de información precisa sobre el paradero de los desaparecidos.
  • La puesta en práctica de la anterior recomendación no va a resolver los problemas estructurales que siguen afectando a la sociedad guatemalteca y que prendieron la guerra en la década de los 60, pero puede ser un importante camino para explorar vías novedosas que bajen algo de la conflictividad social presente o, al menos, los niveles de dolor que siguen padeciendo los sectores más afectados por el conflicto armado.
  • Hoy quizá se vaya tornando cada vez más difícil seguir encontrando pistas concretas que lleven a resolver casos de desapariciones forzadas en forma terminante. Se podrán encontrar, quizá, algunas osamentas que, con las tecnologías que se dispone en la actualidad (pruebas de ADN), se logren identificar. De todos modos, aunque sea relativamente poco lo que pueda identificarse en las fosas clandestinas que se exhumen, es siempre útil mantener estas búsquedas, porque ello alimenta una memoria histórica que no se debe dejar morir, en el entendido que “olvidar la historia abre la posibilidad de su repetición”.

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Notas:

1 Los datos con que se alimenta la presente investigación muchas veces difieren entre sí. Esto se debe a que las fuentes consultadas, muy diversas, por cierto, se desarrollaron durante los mismos años de la represión, con las dificultades que eso pudo haber traído, a lo que se suma la falta de una unificación y sistematización rigurosa de todas ellas.

2 Frase popular interpretada como: “al que cuestiona, al que protesta o al que se mete en política le puede ir muy mal”.

3 En los procesos de Nüremberg se enjuició el Decreto “Noche y Niebla”, puesto en marcha por el régimen nazi en 1941, el cual estipulaba que las personas que amenazaran la seguridad alemana en los territorios ocupados fuesen transportadas a Alemania, donde sería ejecutadas, y para lograr el efecto intimidatorio deseado, se prohibía entregar información alguna sobre su paradero. (Documento L-90 Volumen 7 de las actas de los procesos de Nüremberg).

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