Tras una auditoria e investigación en el terreno, que confirmó la violación sistemática de derechos laborales y sindicales, Fair Trade USA decidió revocar oficialmente el certificado de Comercio Justo que había entregado en abril a Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), subsidiaria de Fyffes/Sumitomo en el país.
De acuerdo con un comunicado de Fair Trade USA, durante la auditoria se constataron «violaciones críticas de varios estándares de Comercio Justo» que cubren salarios y beneficios, salud y seguridad de las trabajadoras y libertad de asociación.
La revocación de la posibilidad de vender los melones producidos en el sur de Honduras con el sello de Comercio Justo es solamente la última de una serie de sanciones que sufre la transnacional frutera irlandesa, recientemente adquirida por la japonesa Sumitomo.
Por las reiteradas denuncias de violación de los derechos laborales y sindicales en las plantaciones de melones y piñas de Honduras y Costa Rica, en mayo de 2017 Fyffes fue suspendida de la membresía de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI).
En el caso de Honduras, Fyffes/Sumitomo sigue negándose a reconocer la legitimidad de la subseccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), y ha venido hostigando sistemáticamente a afiliados y afiliadas al sindicato, dentro y fuera de las fincas.
Extenuantes jornadas de trabajo, no pago del salario mínimo y las extra, falta de acumulación de antigüedad y de cotización a la seguridad social, así como malas condiciones de higiene y seguridad y la creación de «listas negras», son otras de las dramáticas violaciones denunciadas nacional e internacionalmente.
El caso de las meloneras de Fyffes en Honduras (1) también es parte de una queja presentada en el 2016 por sindicatos hondureños y la AFL-CIO (2) ante la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales (OTLA) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, destacando violaciones al capítulo laboral del DR-CAFTA (por su sigla en inglés) (3).
«Tanto a nivel nacional como internacional ha quedado bien evidenciado que Fyffes/Sumitomo es una empresa que violenta derechos.
Lo más paradójico es que el único que aún cree en su respetabilidad es el gobierno de Honduras», dijo a La Rel, Ahrax Mayorga, asesor del STAS.
En especial, Mayorga lamentó las decisiones tomadas recientemente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS) tendientes a querer ‘limpiarle la cara’ a la transnacional.
«No sólo decretó la ilegalidad de nuestras subseccionales en la meloneras, sino que anuló las sanciones ya impuestas contra Fyffes, aprobó la personería jurídica de dos sindicatos patronales, al tiempo que resolvió que todo trabajador temporal no tiene derecho a las prestaciones sociales, ni a los beneficios de la seguridad social», explicó.
El también secretario de Comunicación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro) manifestó que es el momento de subir de tono a la campaña de denuncia.
«Fyffes/Sumitomo ha sido repetidamente sancionada por violentar derechos. Esto hay que darlo a conocer a nivel mundial y hay que subir el nivel de la presión internacional.
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