Berta Oliva, presidenta del comité de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras, denunció en exclusiva a La Radio del Sur del descubrimiento de una fosa común que contiene los cadáveres de más de 100 personas asesinadas en los últimos tres meses. Esta situación muestra el nivel de gravedad de las violaciones de derechos humanos […]
Berta Oliva, presidenta del comité de familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras, denunció en exclusiva a La Radio del Sur del descubrimiento de una fosa común que contiene los cadáveres de más de 100 personas asesinadas en los últimos tres meses.
Esta situación muestra el nivel de gravedad de las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. Oliva aseguró que la represión gubernamental trabaja en conjunto con el crimen organizado.
Asimismo, calificó de crítica la situación en Honduras, donde reciben 10 denuncias diarias de violaciones que van desde asesinatos selectivos, hasta acoso y amenazas de muerte a los miembros del Frente de la Resistencia y otros movimientos sociales.
Esta semana fueron asesinados a tiros, por paramilitares que portaban armas largas, dos campesinos y un menor de 15 años en la comunidad del Bajo Aguán, al norte de Honduras, en el departamento de Colón.
Los muertos hacían parte del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA.
En este sentido, Oliva señala que «el enfrentamiento que se vive por el derecho a la tierra es muy fuerte. Estamos demandando que el gobierno abandone la doble moral. Ellos dicen que están avanzando en la solución de este problema pero los avances que se viven en el país es el asesinato permanente de miembros del MUCA».
Los defensores de derechos humanos y activistas campesinos hondureños, que días atrás sufrieron también el asesinato de la líder Teresa de Jesús Flores Elvir, responsabilizan de las muertes y la violencia en los campos del norte de Honduras, al terrateniente Miguel Facussé, de quien dicen tiene a su servicio un ejército de paramilitares, mejor armado que las fuerzas armadas hondureñas.
«En el Bajo Aguán hay un solo dueño, que también se ha apropiado de la mitad del país, gracias al compadrazgo político y al poder económico que ha venido obteniendo. Él demanda, desaloja y se apropia. Tiene en su poder a un ejército mayor en número que el de la policía. Esa gente está armada y con permiso para matar», advirtió Oliva.
Fuente: http://www.laradiodelsur.com/?module=nota_detail&i=7115