El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia el brutal desalojo de una protesta campesina y la violenta detención, el 21ago12, de 25 hombres y 2 mujeres que fueron apresados y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves (entre ellas la desaparición forzada), si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. […]
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia el brutal desalojo de una protesta campesina y la violenta detención, el 21ago12, de 25 hombres y 2 mujeres que fueron apresados y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves (entre ellas la desaparición forzada), si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. La indefensión en que se encuentran es tal que se solicitó la exhibición personal ó Hábeas Córpus por tratarse de una detención ilegal.
Los campesinos del Bajo Aguán se manifestaban en Tegucigalpa frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se juzgue con imparcialidad el caso que afecta a campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán («MARCA») y los terratenientes Miguel Facussé y René Morales. Estos terratenientes obtuvieron en apelación la revocación de un fallo que en 1ª instancia fue favorable a los campesinos y que anulaba las escrituras de supuesta propiedad de Miguel Facussé y de René Morales por comprobarse que eran falsificadas.
Entre los detenidos se encuentran el Presidente de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), un abogado representante de los campesinos (Antonio Trejo) y dos dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
La integridad física de los detenidos está en peligro y éstos, según informa COFADEH, permanecen incomunicados desde las 22h00 del 21ago12 en la Policía Metropolitana Número Uno, en otra acción que violenta toda norma legal pues momentos antes se había firmado un acta de conciliación en el Distrito Policial Número Cinco, el mismo martes 21 de agosto.
La brutal represión de los manifestantes fue ejecutada por la policía antimotines de la Policía Nacional, a cuyo frente se encuentra desde el 21may12 Juan Carlos Bonilla Valladares «El Tigre»; el pasado de «El Tigre» en relación con la dirección de escuadrones de la muerte está obstaculizando parcialmente, y de momento, la ayuda para asistencia militar y seguridad que Estados Unidos concede a Honduras…
El pasado 18jul12, Organizaciones Campesinas del Aguán habían denunciado en conferencia de prensa que los terratenientes Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo a través del tráfico de influencias, el poder económico y en actuaciones reñidas con la ley, la justicia y el derecho han obtenido órdenes de desalojo ilegales contra las cooperativas San Esteban, San Isidro, Despertar y la Trinidad, quienes son los propietarios conforme a derecho de las tierras que habitan, tal y como ratificó la justicia tras casi 20 años de procedimiento judicial.
El Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA, emitió un comunicado en el que denuncia actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.
Según el MARCA, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes, revirtiendo de esa manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29jun12 posesionaron a las familias del MARCA de tres fincas (San Isidro, El Despertar y La Trinidad), cuya propiedad venían reclamando en los tribunales desde 1994.
Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones, en días y horas inhábiles y tras haberse agotado el plazo procesal para presentación de recursos (y en el caso de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, además, en violación de su jurisdicción territorial), abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que podrían desembocar en más derramamiento de sangre.
De hecho, el pasado 18jul12, cientos de campesinos se reconcentraron en la entrada de la finca San Isidro, para impedir que efectivos del ejército y de la policía cumplieran con una amañada orden de desalojo, que estaba siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña también como guardia de seguridad del mismo Facussé.
En los últimos dos años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha dejado un saldo de 51 campesinos asesinados y otro campesino desaparecido…
Fuente original: http://www.radionizkor.org/