Como otros Estados del Caribe, Haití formó parte de Petrocaribe, el proyecto «solidario» de Hugo Chávez que les permitió a varios países acceder a petróleo a precios preferenciales. Hoy, la utilización de esos recursos, que en gran medida fueron malversados, se encuentra bajo la lupa y viene generando masivas protestas callejaras que acorralaron al gobierno […]
Además, la oposición destacó que seis de los ministros más importantes provenían del gabinete anterior. Esto mostraba que las autoridades no habían entendido el significado profundo de los motines del 6 y 7 de julio: la exigencia de un verdadero cambio de timón en el personal del gobierno pero, sobre todo, de políticas públicas que permitan a más de 80% de la población tener acceso a empleo, salud, educación de calidad y seguridad en los barrios populares. En barrios muy populosos –como Martissant y Cité de Dieu, un nombre que recuerda a la película Ciudad de Dios, del director Fernando Meirelles, sobre una favela de Brasil-, bandidos muy bien armados dictan la ley, desafían a la Policía con total impunidad y aterrorizan a quienes habitan estas áreas o transitan sus calles, con un saldo de numerosos muertos.
Paralelamente, se ha depreciado la gourde, la moneda haitiana. Los intentos del gobierno de controlar el tipo de cambio tuvieron los efectos opuestos: Haití sigue importando tres veces más de lo que exporta y el recién nombrado ministro de Economía, Ronald Décembre, declaró que se estaba cerrando el ejercicio fiscal y «no se veían signos de mejoramiento económico». El salario mínimo es de 5 dólares diarios y la tasa de desempleo es de alrededor de 70%. Al mismo tiempo, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado el 14 de septiembre pasado, destaca que la calidad de vida no ha mejorado en Haití desde 1990.
Este es el contexto en que se desarrolló un movimiento de masas sin precedentes en torno de la lucha contra la corrupción y, en particular, el mal uso y la malversación de los fondos provenientes del acuerdo con Venezuela plasmado en el Fondo ALBA-Petrocaribe motorizado por Hugo Chávez. Firmado en 2005 entre 18 países de América Central y del Caribe, el acuerdo al que se sumó Haití en 2006, durante el gobierno de René Préval, dio lugar a una alianza con Venezuela para acceder a petróleo en condiciones de pago preferenciales. Una parte se paga de inmediato y el resto a un plazo de 25 años, a una tasa de interés de 1%, con dos años de periodo de gracia en el caso de Haití. Algunos países pagaban incluso una parte «en especie», en el caso de Haití con bananas, frijoles y otros productos cuya producción, sin embargo, no alcanza para cubrir la demanda interna. Y parte de ese petróleo se puede vender para financiar proyectos de infraestructuras.
Petrocaribe, que constituyó una de las vías para promover el «socialismo del siglo XXI», incluyó a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Guyana, Grenada, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Surinam. Guatemala se retiró en 2014 y Belice en 2017, debido a la brusca caída de la producción petrolera venezolana, que no permitía respetar los acuerdos. Finalmente, en junio de 2018, Venezuela anunció la suspensión de sus envíos a Antigua y Barbuda, Dominica, El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Haití. En cuanto a los resultados de esta iniciativa, no se han visto mejoras significativas en las poblaciones y ha financiado en muchos casos la corrupción.
En el caso haitiano, el Buró de Monetización de los Programas de Ayuda al Desarrollo (BMPAD), responsable de la puesta en obra del acuerdo, sirvió de intermediario entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las compañías haitianas: el BMPAD compraba el petróleo a Venezuela y se lo vendía a las petroleras locales. Laurent Lamothe, primer ministro durante la presidencia del cantante Michel Martelly, se felicitó por los resultados obtenidos en un informe de diciembre de 2014, donde menciona la «transformación de Haití gracias a los grandes trabajos de reconstrucción [luego del terremoto de 2010] con los fondos de Petrocaribe». Estos fondos habrían servido para poner en pie establecimientos gubernamentales, hospitales, centros comunitarios y escuelas y para reconstruir infraestructuras de base del país, como carreteras, puentes y aeropuertos. En total, se trató de 234 proyectos por un monto (hasta ese momento) de 1.200 millones de dólares, de los cuales 967 millones (79,43 %) ya habían sido pagados para esa fecha.
Pero en agosto de 2016, durante el gobierno de transición del presidente provisional Jocelerme Privert, se constituyó una comisión parlamentaria para investigar los proyectos impulsados con fondos de Petrocaribe, presidida inicialmente por el senador Youri Latortue y luego por el senador Evaliere Beauplan. La comisión publicó un informe de 647 páginas en el que se estima que los fondos que fueron objeto de malversación podrían llegar a 2.000 millones. Este informe cubre el periodo de 2008 a 2016, durante el cual se produjeron un terremoto y cinco huracanes, e indica que «los resultados han sido muy poco convincentes, lo que da lugar a dudas inquietantes en cuanto a la gestión de los fondos de Petrocaribe».
Los ex-primeros ministros Jean-Max Bellerive y Lamothe, así como Wilson Laleau, ministro de Comercio y Finanzas, figuran a la cabeza de una extensa lista de personalidades de diferentes gobiernos con obras no realizadas, gastos no justificados y millones de dólares entregados a empresas dominicanas, venezolanas y haitianas luego del terremoto para la construcción de rutas, centrales eléctricas y muchas otras obras públicas no ejecutadas o inconclusas. El Parlamento, con mayoría favorable al Partido de las Cabezas Calvas (Tèt Kale, PTK) del actual presidente Moïse, no quiso tomar cartas en el asunto y lo mandó a los tribunales. Por su parte, Moïse declaró que se trataba de un «dossier político». Y todos entendieron que esta investigación, como tantas otras, iba a quedar en la nada y que la impunidad de los corruptos estaba garantizada.
Un opositor a Moïse, el abogado André Michel, lanzó a principios de 2018, como simple ciudadano, un proceso en el cual se constituyó en patrocinador de todos aquellos que quisieran presentarse como parte civil contra el Estado por considerarse víctimas indirectas de las malversaciones. Y no sucedió nada hasta que el 14 de agosto de 2018 un tuit de un joven guionista, Gilbert Mirambeau, despertó nuevamente a los haitianos. En la foto se lo veía con los ojos vendados exhibiendo un cartón donde estaba escrito en creol: «Kot Kòb Petwo Karibe a?» (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?). Y así fue como comenzó el huracán del movimiento #PetroCaribeChallenge.
El 15 de agosto lo compartió el rapero K-Libre (Calibre) y rápidamente el hashtag se viralizó en las redes sociales y se lanzó así el nuevo movimiento de protestas para exigirle al gobierno el juicio a los corruptos. El 24 de agosto se organizó una sentada ciudadana delante de la Corte Superior de Cuentas y del Contencioso Administrativo de la que participaron jóvenes, actrices e integrantes de grupos feministas. El 9 de septiembre fue convocada una manifestación callejera en la que participaron miles de personas y cada domingo se organizaron pequeñas manifestaciones en los barrios de Puerto Príncipe y se lanzó la convocatoria a una gran manifestación pacífica para el 17 de octubre, día de la conmemoración del asesinato del fundador de la patria, Jean-Jacques Dessalines. Ese día salieron a la calle en todas las ciudades y pueblos de Haití cientos de miles de personas gritando el mismo eslogan: «¿Donde está el dinero de Petrocaribe?».
El 18 de noviembre, aniversario de la batalla que dio la victoria final a las tropas haitianas contra los ejércitos enviados por Napoleón Bonaparte, fue convocada una nueva protesta. Sin embargo, una semana antes, el líder de la organización Hijos de Dessalines, el ex-senador y ex-candidato a la Presidencia Moïse Jean-Charles, organizó una manifestación en Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití, llegó al monumento de la Batalla de Vertières, donde ondea la bandera de los héroes del enfrentamiento contra los franceses y actual insignia nacional, izó la bandera de la época de la dictadura de los Duvalier y llamó a derrocar al presidente Moïse. Estos gestos desataron una crítica unánime desde todos los sectores políticos; al mismo tiempo, la acción causó desorientación entre quienes querían manifestar el 18 de noviembre para reclamar que se juzgue a los corruptos, pero sin apoyar actos de violencia ni favorecer luchas por el poder de sectores políticos opositores. Es difícil saber el número de muertos actualmente en Haití, porque las autoridades no dan cifras y los hospitales públicos cerraron las morgues. Pero todos estos hechos le quitaron fuerza a la marcha del domingo 18 de noviembre.
Un nuevo reagrupamiento llamado Sector Democrático Popular, dirigido por el abogado André Michel, referentes del partido Lavalasse del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide y algunos sindicalistas llamaron a tres días de paro general, con amenazas contra quienes se atrevieran a salir a la calle a partir del lunes 19 de noviembre. Y ese fue el comienzo de otra semana de protestas que incluyeron barricadas, aceite en el pavimento y otros actos de violencia frente a la impotencia policial. El país se paralizó totalmente. Esa misma semana, los dirigentes de Sector Democrático Popular llamaron a la ocupación de Pétion-Ville (convertida luego del terremoto de 2010 en la capital comercial de país) llevando «todo lo necesario en sus mochilas para bañarse en las piscinas de los burgueses y comer su comida», lo que produjo el rechazo de muchos sectores de la sociedad civil a este llamado. Arnel Belizaire, ex-diputado de Lavalasse famoso por exhibirse armado, declaró públicamente su oposición a esta iniciativa.
Por su parte, el miércoles 21 de noviembre el presidente Moïse se dirigió a la nación en un brevísimo discurso de cuatro minutos lleno de generalidades sobre la democracia y la Constitución, sin referirse a las reivindicaciones de los manifestantes, y delegó por primera vez en el nuevo primer ministro Jean-Henry Céant la responsabilidad de hacer frente a los mayores problemas de la coyuntura, con lo que dejó la sensación de que no comprende la gravedad de la situación. Al día siguiente, el primer ministro admitió en su discurso que «las reivindicaciones eran justas e importantes para el país» y prometió crear 50.000 empleos y terminar con la inseguridad. Llamó a un diálogo nacional de todos los sectores, pero aclaró que la renuncia del presidente no formaría parte de las negociaciones.
Mientras tanto, se conformó una concertación entre los pequeños partidos de tendencia socialdemócrata y socialista que pide también la renuncia del presidente, como otros sectores movilizados, y la formación de un gobierno de transición para llegar a un pacto de gobernabilidad. Por su parte, la comunidad internacional y Kenneth Merten, ex-embajador de Estados Unidos en Haití y actual subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y coordinador especial para Haití, reafirman su apoyo al presidente Moïse. La situación es de incertidumbre: el gobierno carece de apoyo popular y sus fuerzas represivas son débiles. Y la pregunta «dónde está el dinero» sigue ahí.
Fuente: http://nuso.org/articulo/haiti-corrupcion-petrocaribe-venezuela/