Un exhaustivo análisis, respaldado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad / Action Aid, revela que entre la Unión Europea y los Estados Unidos son responsables del coste de más de la mitad (el 54,3%) de los daños […]
Un exhaustivo análisis, respaldado por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad / Action Aid, revela que entre la Unión Europea y los Estados Unidos son responsables del coste de más de la mitad (el 54,3%) de los daños que causarán los desastres climáticos en los países en desarrollo del sur.
Esta es una de las conclusiones del informe «¿Pueden llegar a ser justos los daños y pérdidas provocados por el cambio climático?«, que se presentará con motivo de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de Diciembre bajo presidencia de Chile. Este informe ha sido elaborado en el marco de la iniciativa Civil Society Review, que aglutina a las más destacadas ONG internacionales.
El documento establece la responsabilidad que deben asumir los países ricos que están detrás de la actual crisis climática ante el impacto devastador que están teniendo ya el aumento de las temperaturas y los fenómenos climáticos extremos. Las organizaciones que lo presentan consideran que los gobiernos que acuden a la COP25 deben acordar de forma urgente innovadoras fuentes de financiación, como son nuevos impuestos a los combustibles fósiles y a las transacciones financieras, para poder contar con recursos económicos que entregar a gran escala a los países que ya están en la primera línea de la crisis climática y, por ello, tienen que asumir costes que les generan deuda pública y más empobrecimiento.
Para saber cuánto corresponde a cada país en este ‘fondo’, las organizaciones de la sociedad civil calculan la «parte justa» de responsabilidad de cada país basándose en las contribuciones históricas de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de su capacidad para tomar medidas climáticas, en función del ingreso nacional, teniendo en cuenta lo qué es necesario para proporcionar los básicos niveles de vida. En función de ambas variables, el informe revela que EE. UU debe costear, al menos, el 30,4% de las pérdidas y daños que causará el cambio climático, seguido de la UE, con el 23,9%. India, en comparación, sólo sería responsable del 0,5%, dado que los cálculos se hicieron con el año 1950 como referencia para calcular las emisiones contaminantes.
Según las estimaciones del coste económico en pérdidas y daños en los países en desarrollo, se debería proporcionar financiamiento nuevo y adicional de 45.300 millones de euros para 2022, que aumentarían a 272.000 millones en 2030, a través del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM) que se aprobó en la Cumbre del Clima de 2013 y desde entonces no ha logrado concretar soluciones para su financiación. Se sugieren nuevas tasas a sectores económicos muy contaminantes, tales como gravámenes aéreos y marítimos, impuestos a la extracción de petróleo, gas y carbón o un impuesto sobre transacciones financieras.
En el caso de la UE, y por tanto de España, la investigación estima que deberían reducirse la emisiones de gases con efecto invernadero en torno al 160% por debajo de los niveles de 1990 para 2030, algo que evidentemente no puede hacerse sólo recortando emisiones dentro de las fronteras de la UE, por lo que requiere acciones en el exterior, entre las que se proponen:
- Proporcionar a los países en desarrollo financiación, tecnología y desarrollo de capacidades para apoyar la mitigación, la adaptación (incluidas las capacidades de absorción y afrontamiento) y los esfuerzos para abordar las pérdidas y daños asociados con el cambio climático (incluida la respuesta a desastres, el espacio de políticas para permitir la protección social y la reparación).
- Apoyar el desarrollo de un plan de solidaridad global para permitir la descarbonización rápida, el desarrollo sostenible y compatible con el clima para todos, incluidas especialmente las personas más pobres del mundo, que viven en países en desarrollo.
Como ejemplo, se destaca el caso de Mozambique, uno de los países del sur de África que actualmente experimentan una crisis alimentaria que afecta a 45 millones de personas. A principios de 2019, muchas comunidades fueron golpeadas por dos ciclones sin precedentes, Idai y Kenneth, que mataron a 648 personas, desplazaron a millones de mozambiqueños y destruyeron hogares, infraestructuras y cultivos, causando daños por 2,7 millones de euros.
La directora de Programas de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, Cristina Muñoz, señala: «Es importante ser conscientes de que en la actualidad no hay una voluntad política real de poner freno a la emergencia climática ni a poner en marcha un sistema de justicia climática como es este fondo, que no vemos que se materialice en compromisos y contribuciones hoy ya imprescindibles, pero la sociedad civil le está diciendo a los gobiernos que no podemos esperar y este mensaje debe quedar claro en la COP 25. A ver si su lema, ‘Tiempo de actuar», se convierte una realidad«.
Harjeet Singh, responsable internacional sobre cambio climático deActionAid, dice: «La emergencia climática es el mayor desafío para la igualdad de nuestra época. El sistema actual es injusto para responder a los desastres climáticos y está contribuyendo a aumentar la pobreza y el endeudamiento en los países en desarrollo. . El tema de las finanzas para reparar las pérdidas y daños causados por el cambio climático está sobre la mesa en la COP25. Esta investigación muestra claramente cuánto se debe y por quién. Esta es una oportunidad crucial para los países ricos y las industrias contaminantes que han provocado en mayor medida la crisis para que cumplan con su responsabilidad frente a los más afectados por los desastres climáticos«.
PROPUESTAS PARA LA COP 25
La COP25 que se celebra en Madrid, según las cerca de cien organizaciones que apoyan este documento a nivel global, debe garantizar que el Mecanismo Internacional de Varsovia tenga recursos y autoridad suficiente para ofrecer un
mecanismo justo y ambicioso para los más pobres y vulnerables en relación con pérdidas y daños, que incluyen:
- Establecer un fondo específico para cubrir los daños y perdidas que ya está causando el Cambio Climático.
- Crear un grupo de trabajo en el marco de la COP 25 destinado a establecer los parámetros de este fondo, y los enfoques para generar financiamiento público nuevo y adicional, incluso a través de fuentes nuevas e innovadoras;
- Comprometerse a producir un informe anual que visibilice la brecha de financiamiento público que existe en lo relacionado con las pérdidas y daños de origen climático.
INVESTIGACIÓN
Sivan Kartha, científico principal del Stockholm Environment Institute, ha sido el responsable de desarrollar el análisis sobre equidad del informe, basándose en que todos los países deben realizar su parte equitativa en el esfuerzo global para abordar el cambio climático y teniendo en cuenta el deber ético de quienes tienen más ingresos y mayor acceso a tecnologías y prosperidad que deben, en parte, a emisiones contaminantes en el pasado que tienen impactos en el presente y los tendrán en el futuro. Por lo tanto, este análisis de equidad y participación justa se centra en la responsabilidad y la capacidad históricas, en línea con los principios centrales de la convención climática de la ONU de «responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas» y el «derecho al desarrollo sostenible».
La tabla a continuación muestra la participación de los países en esa responsabilidad y capacidad global. La capacidad refleja la capacidad financiera de un país para contribuir a resolver el problema climático, representada por el ingreso nacional, y de manera progresiva distinguiendo entre un dólar ganado por una persona rica y un dólar ganado por una persona pobre. La responsabilidad refleja la contribución de un país a la carga planetaria de gases de efecto invernadero, según las emisiones contaminantes desde un año específico y distingue las emisiones que surgen del consumo de lujo de las de necesidades básicas.
