El próximo tres de marzo, se cumplen cuatro años de haber sido asesinada Berta Cáceres. Lideresa indígena que luchó de forma permanente por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada, como un mecanismo de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos […]
El próximo tres de marzo, se cumplen cuatro años de haber sido asesinada Berta Cáceres. Lideresa indígena que luchó de forma permanente por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y la implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada, como un mecanismo de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Todo parece indicar que el cruento asesinato es un crimen de estado, ante la falta de voluntad de las autoridades para proseguir a los autores intelectuales, además de persistir en la denegación de la aplicación de justicia, el Estado continúa con su política de imponer proyectos obsoletos como estrategias de dominación, confundiendo de forma deliberada la socialización con la consulta.
Honduras a partir del Golpe de Estado se ha convertido en un escenario de guerra no declarada, donde se han dado más de 50,000 homicidios y 400 masacres, que en su mayoría permanecen en la impunidad; siendo el yerro instaurado una estrategia para diluir la protesta social, surgida ante los múltiples despojos y desplazamientos poblacionales.
Desde 1995, cuando Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, se asumió que las leyes nacionales se adaptarían al Convenio, tal como lo indica La Convención de Viena (1969), sin embargo el Estado durante casi dos décadas desdeño el Pacta Sun Servanda, obviando la aplicación del derecho a la consulta, pretendiendo que las socializaciones son procesos de consulta.
La piñata de cuencas hidrográficas efectuada por el Congreso Nacional en el 2010, dio lugar a un sinfín de conflictos sociales, solucionados a través de la violencia. El grupúsculo de familias que se apoderaron de las cuencas para la construcción de represas, colocaron a cientos de comunidades en peligro, al socavar el derecho al agua. El caso de Agua Zarca se convirtió en una pesadilla que conllevo al asesinato de Berta Cáceres, un crimen inducido por la familia Atala, los que hasta la fecha no han cejado en su pretensión construir la represa.
En el 2012 se entregó la plataforma marítima de la Moskitia a la empresa BG, proceso en el que no existió ninguna consulta previo a la carta de intención firmada por el Estado y BG en las postrimerías del 2012, posteriormente fue aprobado el contrato con BG por el Congreso Nacional.
Para septiembre del mismo año, después de haber efectuado los trámites los aprobación en el Congreso Nacional, la Secretaría de Medio Ambiente (SERNA) acompañada por funcionarios del Comité para Erradicación del Racismo y Discriminación (CERD) como una consulta previa.
Bancos europeos y el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) aparecen como financistas de los proyectos a pesar de poseer la información referente a la inexistencia de consultas previas con las comunidades indígenas que serían afectadas. Hasta la fecha resuenan las palabras siniestras del ex presidente del Banco Mundial. El Sr. Jim Yong Kim, cuando se dirigió a una audiencia de líderes religiosos, en mayo de 2016, en referencia al asesinato de Berta Cáceres y la supuesta urgencia para la construcción de proyectos hidroeléctricos en Honduras, convirtiendo el asesinato como un simple caso de daño colateral. Casualmente en el mismo año que fue asesinada Berta Cáceres, el PNUD asume el rol de impulsar una nueva versión de ley, para lo cual contrataron al jurista Ivan Lanegra, autor de la controvertida Ley de Consulta del Perú. EL PNUD desdeño las versiones elaboradas por el Observatorio de Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Honduras (ODHPIN), la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y Dirección nacional de pueblos Indigenas y Afrodescendientes (DINAFROH), versiones que incluían la obtención de consentimiento, el cual fue eliminado en la versión realizada por el equipo del jurista peruano.
El papel jugado por el PNUD en relación al desconocimiento de las propuestas de ley realizadas tanto por indígenas como instituciones estatales, incentiva el temor de los despojos que se darán en un futuro cercano a nombre del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) el que ahora replica la tendencia a desconocer las organizaciones indígenas que no están bajo la égida del actual partido en el gobierno, al elaborar las Salvaguardas REDD a la medida de los intereses del PNUD, ONUREDD y el Estado.
Ante las denuncias interpuestas por organizaciones indígenas defensoras de sus territorios y culturas, la Relatora de Naciones Unidas para pueblos Indígenas, la Sra. Vicky Tauli Corpus, efectuó una visita Honduras con el propósito de informarse sobre los avances en la creación de un mecanismo de consulta. La Relatora emitió su informe en diciembre de 2016, en el cual exhortó al «Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas».
El estado persistió en desconocer su error en relación al anteproyecto y las enormes fallas que presentó la elaboración del anteproyecto elaborado por Lanegra, por lo cual la Relatora emitió sus Observaciones adicionales, en las que hizo hincapié en la «necesidad de asegurar una mayor participación de las distintas estructuras representativas de los pueblos indígenas y la capacitación y preparación de los pueblos indígenas, funcionarios estatales y otros actores; a la necesidad de generar la confianza necesaria abordando las preocupaciones centrales de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos; a las presiones de tiempo para la aprobación de una ley de consulta; y a su preocupación por la interpretación restringida del marco conceptual jurídico de la consulta previa».
A finales de noviembre de 2018, una nutrida comitiva del Estado de Honduras coordinada por el diputado Oscar Nájera se presentó en Ginebra ante la CERD, el cual balbuceó de informa incoherente una supuesta apología al anteproyecto de Ley de Consulta impulsado por el PNUD.
Tememos que el Congreso Nacional pretende aprobar el adefesio de Ley de Consulta para el 3 de marzo como un homenaje a Berta Cáceres. Conociendo el cinismo que ha acompañado al partido político en el poder, el que ha convertido Honduras en un estado fallido, no es nada raro que pretenda convertir la destrucción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas al aprobar una Ley que distorsiona la consulta, en un supuesto homenaje a una de las heroínas del pueblo hondureño.
La OFRANEH ratifica su posicionamiento en rechazo a esa Ley de Consulta Previa socializada dentro del Congreso Nacional el día de ayer, ya que solo vendrá a legitimar los despojos y expropiación de nuestros territorios ancestrales, a criminalizar y judicializar a los defensores y defensoras de la madre naturaleza y condenarnos al exterminio como pueblos indígenas.
Exigimos el cumplimiento de las sentencias condenatorias al Estado de Honduras por la Corte Interamericana sobre las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, sentencias que están relacionadas entre otras la violación de la consulta previa
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH