El Comité para Eliminación de la Discriminación Racial y el anteproyecto de Ley de Consulta

En medio del torbellino por el que atraviesa Honduras, resultado del descalabro político y económico que afecta al país, Honduras participo en Ginebra el 28 y 29 de noviembre, en el examen de los informe periódicos 6º a 8º ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

Las observaciones finales de la CERD reflejan la grave situación de país, especialmente la de los pueblos indígenas y negros, los que nos encontramos sometidos a un régimen feudal donde el racismo institucional socava la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas.

Los cuestionamientos realizados por el Comité a la delegación de Honduras y la forma perfunctoria con la cual respondió dicha delegación, no sirvió para despejar el raudal de señalamientos y la ausencia total de un Estado que se ha especializado en concurrir a los foros de Naciones Unidas en materia de derechos humanos simplemente con la misión de maquillar el panorama sombrío producto de un estado fallido.

La violencia como una estrategia gubernamental y el racismo inherente en las políticas de las instituciones del estado, quedó plasmado en el informe final presentado por la CERD. La Cerd solicitó al Estado en su informe que «Adopte medidas especiales o de acción afirmativa para poner fin a la discriminación racial estructural que enfrentan los pueblos indígenas y afrohondureños en el Estado parte».

En cuanto a la Consulta Previa, uno de los pilares de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas y negros, fue cuestionado el papel del Estado en cuanto a la distorsión de la consulta, convirtiéndola con la versión de ley impulsada por ONU REDD-PNUD-Estado, en un simple trámite administrativo. El PNUD aparentemente contrató al jurista peruano Ivan Lanegra para replicar la cuestionada ley de es país en Honduras y así poder implementar los proyectos REDD.

El Estado de forma deliberada ignoró las recomendaciones de la relatora de Naciones Unidas, la Sra. Vicky Tauli-Corpus, en relación el anteproyecto de Ley de Consulta, el que no fue consultado con los pueblos indígenas de forma apropiada, efectuado el PNUD un proceso de socialización que posteriormente denominaron consulta previa. La CERD insta al estado a «Tener debidamente en consideración las recomendaciones realizadas por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo relativo la consulta previa».

Ante el saqueo sistemático de los territorios de los pueblos indígenas, recomendó que se «Establezca un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados¨.

Ademas la CERD recomendó entre otras «Asegurar que, como parte del proceso de consulta previa, entidades independientes e imparciales realicen estudios sobre el impacto social, ambiental y cultural que puedan tener los proyectos de desarrollo económico y de explotación de recursos naturales en territorios de pueblos indígenas y afrohondureños, asegurando la debida participación de pueblos indígenas y afrohondureños a fin de proteger sus formas tradicionales de vida y de subsistencia»

Y en relación al incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos sobre las comunidades Garífunas»Intensifique sus esfuerzos para dar efectivo cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de la Comunidad Garífuna Punta Piedra y de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz».