En las deliberaciones del Congreso Nacional de facto hondureño, prevalecieron las diferencias entre liberales y conservadores, los primeros repudiaron el golpe de Estado y los segundos se dedicaron a respaldar las acciones cometidas contra la democracia de la nación, desde la aplicación del golpe de Estado el pasado 28 de junio.
El Congreso de facto hondureño, órgano que este miércoles debatió la vuelta al poder del presidente constitucional, Manuel Zelaya, al que destituyó tras golpe de Estado el 28 de junio, determinó no restituirlo, con 65 votos en contra y sólo nueve a favor. La jornada estuvo marcada por los reclamos de diputados liberales que repudiaron las acciones antidemocráticas de sus colegas conservadores.
El lunes, el dignatario Zelaya había anunciado que no iba a aceptar su restitución. «Ni restitución para legitimar el golpe ni para avalarles un proceso que está totalmente viciado de nulidad», subrayó, en referencia a las elecciones ilegítimas del domingo.
Durante la sesión convocada tras casi seis meses desde el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad, bajo el mando del régimen de Roberto Micheletti, mantuvieron alejados a los cientos de seguidores del mandatario legítimo que se apostaron a las afueras del órgano legislativo.
«Para nadie es desconocido, que yo (…) me pronuncié en contra del golpe», dijo al comenzar su discurso en los debates, la diputada liberal por el departamento de Coplán, Elvia Argentina Valle,
Se preguntó, «cómo podemos creer en un sistema donde se le han violentado todos sus derechos», en referencia al presidente Zelaya.
«Cómo creer en el sistema. Yo entiendo que uno puede cometer errores que pero que las autoridades sigan cometiéndolos es increíble», insistió
«La historia nos ha dicho que consumen demasiado presupuesto y que consuman golpes de Estado», señaló, tras hacer mención a los políticos conservadores y a las autoridades de facto.
«Es lamentable la situación de división que tenemos las justicias», reclamó, tras argumentar que todos los órganos del Estado han actuado fuera del marco legal.
«Aquí no hay credibilidad en las instituciones», afirmó, por lo que agregó que «es terrible aberrante, que después de cinco meses, pensar que se van a investigar los amparos» a favor del mandatario Zelaya, a quien el régimen acusa de supuestos crímenes. En este contexto, ante la inconstitucionalidad que impera, el dignatario pidió que su caso sea llevado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Aquí no se ha hecho nada contra los militares que lo expatriaron (a Zelaya), aquí no se ha hecho nada contra la violación a los Derechos Humanos», recordó.
Por su parte, el abogado y diputado del Partido Liberal (PL), Angel Edmundo Orellana, había advertido que si el plenario no restituía a Zelaya tendría consecuencias jurídicas a largo plazo.
«Si aquí no se decreta una amnistía todos los que participaron el 28 de junio van a tener que estar toda su vida pendientes de que los procesen, porque es un delito imprescriptible. Ellos sustituyeron la voluntad soberana del pueblo», expresó, al comienzo de los debates.
El Congreso permaneció cinco meses de receso en los que permitió pasivamente la realización de un golpe de Estado y la instalación de autoridades ilegítimas. En las paredes de la estructura legislativa hondureña existen escritos del pueblo en los que se lee la palabra «diputíteres».
La institución legislativa sometió este miércoles a votación el punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el 30 de octubre por las comisiones de Zelaya y del gobierno de facto de Micheletti, con el fin de lograr la solución de la crisis nacional.
Tras la firma, la Junta Directiva del Congreso de facto dilató estos debates bajo la excusa de que debían esperar las opiniones sobre el caso de varias instituciones del Estado.
Pocos días después de la firma del acuerdo, la cúpula del Congreso envió, de espaldas al plenario, el texto del acuerdo referente a la restitución, para que la analizaran y enviaran sus opiniones. Esto fue considerado por algunos congresistas como una acción ilegal.
De acuerdo al punto cinco, los diputados de las cinco bancadas debían convocar sesión para restablecer la titularidad del Poder Ejecutivo al Estado dirigido por Zelaya, previo al 28 de junio.
El citado pacto contiene ocho puntos además de la restitución de Zelaya, entre ellos la creación de un Gobierno de reconciliación, rechazo a la amnistía política, reconocimiento a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la creación de una comisión de verificación, de una comisión «de la verdad» y la «posible» vuelta de Manuel Zelaya que estaba en manos del Congreso Nacional previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
Crear una comisión de la verdad tenía como fin investigar los hechos antes, durante y después del golpe, solicitar a la comunidad internacional la normalización de las relaciones con Honduras y verificar el cumplimiento de lo pactado.
De acuerdo con un informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el régimen golpista ha cometido más de cuatro mil violaciones de los derechos humanos, entre ellas más de una veintena de asesinatos y cientos de heridos y detenidos.