Bajo el pretexto del «combate a la criminalidad», el Congreso Nacional de Honduras acaba de autorizar a la Secretaría de Finanzas que exonere de todo impuesto la importación de armas, vehículos, equipos especializados «y todo lo relacionado con el equipamiento de la Policía Nacional». Según la prensa hondureña, la dispensa de pago incluirá pistolas y […]
Bajo el pretexto del «combate a la criminalidad», el Congreso Nacional de Honduras acaba de autorizar a la Secretaría de Finanzas que exonere de todo impuesto la importación de armas, vehículos, equipos especializados «y todo lo relacionado con el equipamiento de la Policía Nacional».
Según la prensa hondureña, la dispensa de pago incluirá pistolas y fusiles, chalecos blindados, cascos blindados, uniformes y calzados, equipo de transporte, equipo de comunicación, servicio de instalaciones de equipo de comunicación, material de investigación, y equipo de computación destinados a actividades policiacas.
Los distintos cuerpos de represión del regimen Lobo liberará también de gastos aduanales a los visores nocturnos, las cámaras de video llamadas inteligentes, las placas policiales de identificación y hasta las piezas de aeronaves comprados por los servicios de seguridad interna.
Los equipos designados son importados en Honduras -a menudo desde Israel- por empresas privadas que los suministran al gobierno.
La noticia surge cuando el director general de la Policía, José Luis Muñoz Licona, anuncia que «se perseguirán a todos los que participaron en las movilizaciones convocadas para exigir al gobierno que aumente al salario mínimo».
El diario digital El Libertador precisa que la policía de Muñoz ocupará los videos que grabaron los medios de comunicación golpistas «que han difundido a propósito en los espacios noticiosos videos y en donde se retrataron de cuerpo entero a los manifestantes.
El periodico señala que tal acción «da vía libre a los organismos de seguridad y cuerpos paramilitares para aniquilar a todo aquel que proteste a favor de las causas sociales».
Luego de la masacre de 17 trabajadores en una zapatería de la ciudad de San Pedro Sula, un informe elaborado por la Plataforma de Derechos Humanos de la Niñez y Juventud acaba de denunciar como más de 700 niños y jóvenes murieron de manera violenta en el país centroamericano desde el golpe de Estado de junio del 2009.